Derechos Humanos / Anuario 2015

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2015 65 escuchar a las personas o a las poblaciones afec- tadas. De por medio hay un rol importante en los ombudsman de las oficinas de las defensorías del pueblo que es facilitar ese diálogo; ese diálogo de- manda independencia, pero la independencia no quiere decir una independencia exclusivamente con los órganos de Estado, es una independen- cia también con las demandas ciudadanas para que se canalicen de manera adecuada, porque en nuestros países se ha visto que muchas deman- das sociales son demandas que se expresan a través de hechos violentos y eso no es bueno para ningún tipo de democracia, como tampo- co es correcto y bueno que la reacción ante las demandas sociales sea una actuación arbitraria por parte de los Estados. Tiene que haber un punto intermedio que facilite el diálogo. Allí hay un rol importantísimo de las instituciones nacionales. Por supuesto que las diversas legisla- ciones que hay en América Latina también facultan a nuestras instituciones a interponer acciones de orden judicial a favor de los habitantes, y hay que utilizarlos cuando el diálogo no ha sido suficiente. Yo sé que en México, por ejemplo, hay acción de amparo; en Ecuador es la acción de protección que tenemos que utilizar cuando el diálogo con la institución estatal no ha tenido los resultados esperados. Las defensorías, desde la lógica de la autonomía como instituciones nacionales, tienen que propi- ciar estos esfuerzos, pero también decirle a la sociedad cuál es el mejor camino para profundizar la democracia y los derechos humanos. En mi país, al menos, hubo durante el último año un debate muy particular sobre la expresión de las movilizaciones sociales, muchas de las cuales tenían el uso de diversos tipos de armas y acciones de violencia –que desde estándares de derechos humanos tam- poco los legitima–, y el Estado reaccionó y reacciona, en muchos casos, con cierta arbitrariedad que fue observada por la institución nacional. Entonces les decíamos a las partes: “Oiga, en este Estado demo- crático lo importante es escucharse; ahí hay un rol importante de las instituciones nacionales”. Galilea Cariño: Recientemente hemos sido testigos de hechos dolorosos en algunos de nuestros países, en el caso concreto de México, la situación de Ayotzinapa con los 43 estudiantes desapareci- dos y muchas movilizaciones; como usted bien lo señala, también hay una tendencia a criminalizar. ¿Cómo cerraremos este año 2015?, ¿qué propues- tas hay desde las defensorías para que estos derechos humanos sean visibles, protegidos y defendidos? Patricio Benalcázar: Yo creo que es muy importante reconocer que hay luchas sociales absolutamente legítimas. Lo que ocurrió en México indignó a toda América Latina. Que existan tantas personas desaparecidas después de eventuales actos de autoridad realizados, que no se haga justicia o que los procesos sean demasiado lentos indigna. Indigna porque un rol de los Estados es tutelar efectivamente los derechos de las personas; también determinar responsables y, sobre todo, generar procesos de reparación integral a las víctimas y sus familiares bajo la responsabilidad de los Estados en términos generales. Cierto, el tema de la criminalización del que usted hace mención es un tema que ha estado corriendo por todas las Américas; ha estado permanentemente planteado. Hay que tener una descripción más pro- funda sobre este asunto; yo lo voy a plantear en los siguientes términos: cuando quienes hacemos demanda social, movilización social, utilizamos los caminos democráticos existentes en nuestros países, tenemos toda la legitimidad para hacerlo, absoluta- mente toda, pero, en el momento en que para hacer demandas desde nuestras reivindicaciones utiliza- mos violencia y utilizamos cualquier tipo de armas estamos perdiendo legitimidad y, por supuesto, los Estados tienen mecanismos para controlar hechos de violencia que pueden ser contra terceras perso- nas, contra bienes públicos o privados. Eso no puede ser justificable ni es justificado en ningún Estado de derecho, y es ahí donde empie- za a operar el sistema punitivo. Si alguien atenta contra mi persona o mi bien, yo tengo el derecho a decir “no lo haga” y hay una reacción. Ahí me parece que hay una profunda confusión por querer justificar, de manera absoluta cualquier expresión de violencia o cualquier expresión de uso de ar- mas –cualquiera que sea– para decir: “ésa es mi forma de reivindicar mi derecho”. No es correcto. Yo lo digo de manera absolutamente firme, y yo he sido y soy militante de derechos humanos de mi país y cuando termine el servicio público volveré a la militancia, pero también proclamaré la necesidad de hacer acciones legítimas, pacífi-