Derechos Humanos / Anuario 2017

52 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 530, Mi-8/17, fusiles anti-material Barret M82A, lanza- granadas automáticas Mk-19, ametralladoras ligeras FN Herstal, lanzagranadas MGL, aviones de Guerra electrónica Embraer 145 AEW&C, obuses Norinco, lanchas misileras Aliya Saar equipadas con misiles anti-buque Gabriel Mk2, misiles antiaéreos 9K38 Igla, misiles anti-carro MILAN, blindados Panhard y Amx-30, etc. (Guevara, 2003). El equipo mencionado anteriormente obedece a lo que denominaremos una Primera Etapa de Modernización, a raíz del conflicto armado en Chiapas de 1994, dado que la mayoría de dichos equipos están diseñados para la guerra en campo abierto en conflictos de baja intensidad, la sustitución de equipos más anti- guos y garantizar la seguridad de instalaciones estratégicas ante fuerzas provenientes del exte- rior, tal es el propósito de equipos ya mencionados como los misiles antiaéreos y las lanchas misileras. A finales de la administración del presidente Vicente Fox, los índices de violencia atribuida a las disputas entre cárteles de la droga comenzó a intensificarse en diversas regiones del país, espe- cialmente en el norte y El Bajío. La nueva escalada de violencia mostraba un nuevo rasgo que se convertiría en el común denominador: el uso por parte de estos grupos de armamento cada vez más sofisticado como: fusiles de asalto automáticos, dotados de cargadores de alta capacidad, granadas de fragmentación, fusiles anti-blindaje, ametralladoras pesadas de diversos calibres, municiones perforan- tes, lanzacohetes y lanzagranadas (Barrón, 2012: 108-115), equipos obtenidos en su mayoría de manera legal en Estados Unidos (y en menor medida en países de Centro y Sudamérica) e introducidos ilegalmente a México desde los estados fronterizos y puertos, muchas veces en complicidad con las autoridades (Weigend, 2015). No obstante, los en- frentamientos entre bandas criminales con ese tipo de armamento solían suceder como hechos aislados que aparentemente podían ser contenidos con la presencia de Fuerzas Federales en las zonas donde ocurrían dichos eventos, que a través del Operativo “México Seguro”, lanzado por el presi- dente Fox, buscó disminuir los crecientes índices de violencia. Sin embargo, el escenario se modificó al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el número de enfrentamientos en áreas urbanas en donde destacaba el empleo de arma- mento con características militares se incrementó vertiginosamente, situación que impulsó la nece- sidad de lo que denominaremos la Segunda Etapa de Modernización de las Fuerzas del Estado, ya que en esta etapa además de las Fuerzas Armadas también se incluye a la Policía Federal como beneficiaria de este proceso, el cual obedece a la necesidad de contrarrestar con mayor potencia de fuego a los grupos del crimen organizado, a través de la adquisición de una considerable cantidad de nuevo y moderno armamento, en este etapa destaca el siguiente material: fusiles y ametralladoras de origen Israelí (IMI Galil), estadounidense (Barret, Colt), checo (Ceszka), belga (FN Herstal), alemán (Hecler & Koch), suizo (Sig Sauer); helicópteros y aviones con la capacidad de ser artillados de ori- gen: francés (Eurocopter), estadounidense (Sikosky, Bell), ruso (Kazan Helicopters); vehículos blindados artillados de origen: israelí (Oskosh); sistemas de ametralladoras operadas a control remoto de origen belga (FN Herstal); sistemas lanzacohetes de origen ruso (Rosoboronexport); sistemas de ame- tralladoras multicañón para helicópteros y aviones ligeros (Dillon Aero) y lanzagranadas de origen sudafricano (DENEL). Cabe resaltar los millona- rios incentivos para la industria militar nacional que comenzó a fabricar armamento diseñado en México (Quevedo, 2017) como fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados, así como para ampliar sus instalaciones. De lo anterior es posible deducir que la voluntad política del Estado mexicano se encuentra todavía lejos de atender las causas estructurales de la violencia, privilegiando una política de seguridad de tipo militar, que aun con la extensión de sus operacio- nes no garantiza el acceso a la justicia y, mucho menos, podría atacar las complejas problemáticas de carácter social que originan la violencia, la cual requiere de políticas públicas que podrían tardar décadas en mostrar resultados favorables (Polina, 2007). Letalidad en el uso de la fuerza El despliegue masivo de Fuerzas Federales lejos de apaciguar el clima de violencia por las dispu- tas entre cárteles de la droga, derivó en graves violaciones a los derechos humanos. La potencia del armamento empleado por el Estado y la letalidad de sus tácticas, más inclinadas a operaciones de contra insurgencia que de seguridad pública