Header IDHIE
Más boletines...
Header Ibero  
Autodefensas, seguridad y derechos humanos en México
« Regresar al boletín
 

Oscar Castro

En México estamos viviendo un fenómeno novedoso respecto al problema del derecho a la seguridad de los pueblos. En varios estados del país los pobladores de comunidades rurales o semi rurales han tomado las armas para defenderse de los grupos del crimen organizado. En Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz se han constituido grupos de autodefensa o guardias comunitarias.

El fenómeno responde a una realidad de violencia que viven los pobladores de esas comunidades que han enfrentado al crimen organizado. Los Caballeros Templarios en Michoacán, los Zetas en el norte de Veracruz y Tamaulipas y los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Jalisco que se diputan territorios en la zona alta de la montaña de Guerrero y los cárteles del Golfo y los Zetas que se disputan los territorios de Coahuila y Chihuahua. La lógica territorial de los cárteles de la droga en México, se caracteriza por su necesidad de tener controlados puertos para la entrada y salida de sustancias, terrenos para la siembra de estupefacientes y vías de comunicación para el traslado y venta de la droga hacia los Estados Unidos y ciudades para la coordinación logística de sus operaciones, la protección de sus familias y la venta al menudeo.

Esta ocupación territorial de los cárteles viene acompañada de una oferta de trabajo a los pobladores de las comunidades y de las zonas urbanas, que generalmente  se emplean  como jornaleros, como sicarios o comerciantes de droga al menudeo. Una vez instalados las bandas del crimen organizado en una población, comienzan a buscar protección de las autoridades locales y estatales, corrompen policías y militares y amedrentar a la propia comunidad. Cuando se asientan en una comunidad o en una ciudad, los integrantes del crimen organizado comienzan a controlar también la seguridad, comprar y vender protección y cobrar derechos de piso a comerciantes ambulantes y de protección a los negocios establecidos. En algunos casos llegan también a comprar a la población a través de dádivas, inversiones comunitarias en templos auditorios, canchas deportivas. Para algunos analistas se han convertido en Estados paralelos, pues dictan las normatividad local, influyen y coaccionan a las autoridades formales, cobran impuestos y hacen obras de beneficio social y se rigen por su propio código de justicia, desplazando así a las instituciones.

Lo cierto es que el Estado mexicano ha errado en su lucha contra el narcotráfico al haber sacado al ejército a las calles a combatir a organizaciones criminales que se están peleando entre sí. El descontrol y la corrupción y la incertidumbre de a quién están combatiendo, ha llevado a las fuerzas de seguridad del Estado a verse involucradas por omisión o por comisión en desapariciones forzadas, delitos de lessa humanidad, y violaciones a los derechos humanos de civiles y delincuentes.

Por su parte la población mexicana ha visto la guerra desde cerca y se ha manifestado en los últimos años  para que aparezcan sus familiares desaparecidos, se agilicen las averiguaciones previas, se de como el paradero de los cuerpos de quienes se presumen víctimas de asesinato y hasta hemos visto caravanas de madres centroamericanos buscando a sus hijos, que podrían haber sido incluso reclutados como sicarios o  enganchadores, o que se encuentran en diversas situaciones de trata.

Frente a este contexto, algunas poblaciones han visto que el Estado no ha acabado con el crimen organizado y que la justicia no llega a sus comunidades de origen. Han decidido, por así decirlo, hacer justicia por propia mano, tomar las armas para enfrentar a quienes comenten abusos cotidianos, violaciones, secuestros, extorsiones, agresiones físicas y psicológicas, desapariciones y amedrentamientos diversos. Estos grupos se han autodenominado guardias comunitarias, policías comunitarias o grupos de autodefensa.  Han decidido combatir por sí mismos y sin el apoyo del Estado al crimen organizado. Han utilizado de inicio las pocas armas de las policías municipales, han establecido retenes en caminos importantes entre sus comunidades y han llevado a cabo con éxito algunas emboscadas a los grupos locales de delincuencia organizada. Con el tiempo han confiscado armas de alto calibre y algunos de ellos se han auto capacitado para usarlas. La experiencia y la indignación los ha armado. Una indignación doble: por un lado por los abusos de los que son objeto y por el otro por la desatención de las autoridades e instituciones legalmente establecidas para proteger a la población en México.

A inicios de 2014 hemos sido testigos de los avances en el nivel de coordinación de los grupos de autodefensa en territorios de Guerrero y Michoacán. En éste último estado, incluso hemos visto como los grupos de autodefensa avanzaron en una ofensiva cuasi militar hacia Apatzingan, tomando las principales poblaciones y cercando a los caballeros templarios, dejando que el gobierno federal entre en aquellas poblaciones que consideraban “liberadas”. Frente a esto el gobierno federal ha establecido una estrategia para legalizar a estos grupos a través de una Figura de Policías Comunitarias, lo que provocó que los grupos de autodefensa se dividieran. El Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán ha llegado a afirmar que cuenta con 25 mil hombres armados, que no dejarán las armas hasta que se aprese a los siete cabecillas de Los Caballeros Templarios entre ellos a Salvador Gómez La Tuta y que reciben financiamiento de migrantes michoacanos. El gobierno nombró un a a Alfredo Castillo como Comisionado de Seguridad en Michoacán, -lo que ha provocado un debate sobre la violación de la soberanía del estado-, logró la regularización de las policías comunitarias el 28 de enero y les ha permitido la portación de armas, siempre y cuando no sean de uso exclusivo del ejército, y ha anunciado inversiones millonarias en materia de desarrollo; sin embargo siguen apareciendo en diversos municipios del estado.

Por otra parte en el estado de Guerrero, el gobernador Angel Aguirre se ha negado a que el gobierno nombre un Comisionado de Seguridad a pesar de ser reconocido el estado como el primer lugar en homicidios dolosos y reportar grandes índices de pobreza según lo reportan los datos de Sedesol, particularmente en la región de La Montaña en donde la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero ha descubierto bodegas del DIF con víveres no entregados por el gobierno tras el huracán Manuel, hace ya seise meses. En el estado existe el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) en 47 de 81 municipios del estado en los que viven más de 2 millones y medio de personas (72.33% de la población de la entidad), según un informe publicado por la CNDH a finales de 2013. El 11 de febrero el Obispo Raúl Vera encabezó la Misión de Observación de Derechos Humanos y en la zona centro y la Costa Chica de guerrero y se propició el diálogo entre el gobierno del estado y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que tiene registradas policías rurales legalmente por usos y costumbres de acuerdo a la legislación local, para la regularización de más de 5 mil policías ciudadanas.

Finalmente, en este escenario, los grupos de autodefensa y algunas organizaciones sociales y civiles de derechos humanos han sido acusadas de tener vínculos con las guerrillas. El EPR ha llamado al ERPI y al EZLN a una alianza de insurrección popular, pero se ha afirmado que los grupos de autodefensa son parte de la estrategia del gobierno federal para desestabilizar el país.

Algunos analistas dicen que esto constituye una experiencia de paramilitarismo como ocurrió en su momento en Colombia o Guatemala donde el Estado propicio que las comunidades se armaran para combatir a la delincuencia o a las guerrillas y después cometieron toda clase de atropellos y terminaron trabajando para las oligarquías locales.  Por otro lado, se encuentran otros análisis en los que se cuestiona la posición del Estado de reconocer a un grupo coordinado, como fuerza capaz de dialogar a través de poseer armas como si fuera un grupo beligerante, por lo que habría que desarmarlo, ya que podrían convertirse en adversarios del propio Estado. Finalmente, otros analistas ven en la rebeldía de los grupos de autodefensa un signo de hartazgo y un germen de autogestión que podría llegar a ser benéfico para el desarrollo y autonomía institucional de los municipios en cuestión.

Por su parte los grupos de autodefensa han tenido una posición ambigua respecto del gobierno federal: a) por un lado no aceptan desarmarse hasta que se acabe con los caballeros templarios y otros grupos de delincuencia organizada, pues si lo hicieran se pondrían en una situación de vulnerabilidad, toda vez que se han hecho visibles para toda la región, b) aceptan la ayuda del gobierno federal como si fueran refuerzos a aval de las fuerzas públicas una vez que controlan un territorio, c) afirman que ellos no quieren traer armas y que preferirían estar trabajando, d) pero critican al gobierno federal por su estrategia de combate a los caballeros templarios y otras organizaciones criminales por la ineficacia de sus procedimientos y lo precario de sus resultados.

Finalmente, importantes redes y organizaciones de derechos humanos también han expresado su preocupación por la aparición de los grupos de autodefensa en muy diversos sentidos. La CNDH se ha pronunciado porque no haya personas que hagan justicia por propia mano y sobre la necesidad de que impere el estado de derecho. José Manuel Vivanco de Human Rigth Watch, advierte del peligro de que se conviertan en un Frankestein y que no pueden operar al margen de la ley. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afirma que es legítimo que los pueblos se organicen en defensa de sus seguridad cuando está en riesgo el derecho a la vida. Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, menciona que un escenario en el que se deja actuar a los grupos de autodefensa contribuye a un ambiente de impunidad.

Desde la perspectiva histórico-crítica de los derechos humanos, puede decirse que los pueblos tienen el derecho a auto defenderse si está en riesgo su seguridad, su integridad y su vida, por lo que priva la acción de protección del derecho debido, frente a otros derechos. Ya Ellacuría advertía también sobre el derecho a la subversión cuando los Estados no están garantizando las condiciones básicas de subsistencia de los pueblos. Sin embargo, la caracterización histórica de cada grupo de autodefensas y su disposición a positivizarse, en el mediano o largo plazo, en el marco de la regulación del Estado, puede decir mucho de la legitimidad de sus acciones, misma que debe ser reconocida por el gobierno mismo. Hasta el momento el gobierno federal y los gobiernos estatales han sido cautelosos con la calificación, la regularización y la coordinación de acciones con los grupos de autodefensa. Lo que es un hecho es que sin la depuración de los cuerpos policíacos y la limpieza de la corrupción entre las autoridades locales y funcionarios, así como del sistema de procuración y administración de justicia, cualquier estrategia de legalización podría tener un fin catastrófico en materia de impunidad y derechos humanos.