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Gasoductos, desarrollo nacional o derechos indígenas
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Carmen Bravo y Oscar Castro

México es un país de más de 100 millones de habitantes, con riquezas naturales y un número significativo de población indígena. El gobierno mexicano ha implementado varias reformas en este periodo, lo cual tiene sus consecuencias y repercusiones en nuestro país, particularmente en lo que tiene que ver con el desarrollo nacional y la reforma energética.

Más allá de los contenidos de la Reforma, Petróleos Mexicanos ha operado durante años la instalación de gasoductos para la generación de energía en termoeléctricas, refinación y uso industrial y doméstico.  Gracias a esos gasoductos se ha garantizado la provisión de gas en el país. Para la instalación de los ductos, Pemex, realiza grandes inversiones, en compra y expropiación de terrenos, contratación de servicios de ingeniería y estudios de impacto ambiental. En los años recientes se han registrado protestas por la forma en que se realizan estas actividades.

Cuacuila es un municipio indígena de 4 mil habitantes del estado de Puebla por donde pasará el gasoducto Tuxpan- Atotonilco. Desde octubre, la comunidad indígena de Cuacuila se ha declarado en resistencia política y legal para que se retire la empresa Gasomex, S. A., ya que la obra pretende ser instalada con perforaciones a menos de 200 metros de la comunidad, pasará por debajo de sus terrenos, y les afecta directamente su flora, fauna y recursos naturales.

La empresa WFS  es la encargada  de la adquisición de los derechos de vía, bajo contratos de constitución de Servidumbres Voluntarias de Paso; así como la compra de terrenos ejidales y modificación de los Títulos de Propiedad, para la construcción e instalación de tres plantas de almacenamiento de Gas, L.P: Gasoductos del Altiplano, Termigas, S.A. de C.V., y Gasoductos Mexicanos, S.A. de C.V.

La empresa privada asegura que el proyecto es sumamente seguro y que tiene la finalidad de fortalecer la infraestructura de PEMEX gas y petroquímica básica, y de coadyuvar con esta empresa en la cobertura de la demanda de gas L.P. que la población del centro – occidente de la República Mexicana requerirá en los próximos años a través de este ramal. Está proyectado para interconectar el Centro de Procesamiento de Gas (CPG) en Poza Rica, Veracruz, propiedad de PEMEX, con el ducto “Tuxpan-Atotonilco”, mediante la instalación y operación de un ducto de 10 pulgadas de diámetro nominal, para el transporte de gas, hasta su interconexión con la Estación de Bombeo Nº 2 en Venustiano Carranza, Puebla.

La comunidad de Cuacuila ha interpuesto el amparo colectivo  6/2014, ante el juez primero de distrito, en ciudad judicial y han armado un pliego petitorio, en base a la cual trabajarán y seguirán en la lucha hasta conseguir que se les haga justicia. Se han conformado en un colectivo denominado Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos.  Dicha comunidad teme por su seguridad e integridad física, ya que desde que se han opuesto ante dicho proyecto, han sido amenazados para que dejen de manifestarse y hay 12 órdenes de aprehensión contra ellos.

Por su parte la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Consultora Biosfera Ambiental, el presidente municipal de Cuacuila, Omar Martínez y el presidente auxiliar Rodolfo Lechuga, y los gobiernos de Veracruz y Puebla, apoyan el proyecto y han brindado facilidades para la realización de la Manifestación de Impacto Ambiental, la compra de derechos de vía y terrenos, así como la entrada de maquinaria a los diferentes terrenos afectados.

Los habitantes exigieron que para que éste y otro tipo de obras se lleve a cabo, deben realizarse consultas ciudadanas debido a que las obras tienen un alto impacto ambiental y social, y reportan muchos riesgos y peligros. La jueza Primera de Distrito en el estado de Puebla, Rosalba Rivera ordenó la suspensión provisional del gasoducto, tras el admitir el trámite de amparo colectivo de dicha comunidad el 7 de enero. Ordenó parar temporalmente la colocación de la tubería, sin que la empresa haya suspendido labores.        

La comunidad de Cuacuila no es la única que se ha manifestado en contra de este proyecto.  Indígenas de las comunidades de Xopanapa, Tepehuaquila, Ixhuacatla, Ahuacatlán y Xilocuautla han bloquedo también los trabajos de construcción del Gasoducto Tuxpan-Atotonilco en inmediaciones de Huauchinango y en otras comunidades. Estas comunidades se han acercado con especialistas petroleros y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, para argumentar el derecho a la consulta, la actualización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y los riesgos potenciales de que los gasoductos estén cerca de las comunidades. El ingeniero Heberto Barrios Castillo, miembro de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros sostiene que es necesario actualizar los estudios del proyecto porque ha sufrido cambios y “el gas LP es un producto peligroso explosivo, inflamable, tóxico, que no huele hasta que se convierte para uso doméstico, por lo que no se pueden detectar las fugas cuando se traslada por un gasoducto”. De acuerdo con la apreciación del ex trabajador de Petróleos Mexicano (Pemex), en las áreas de Petroquímica, Proyectos y Construcción y Refinación, “la documentación de la empresa Gasomex no está en regla y no está cumpliendo con la norma”, pues hace falta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apruebe las modificaciones que se han realizado.

Por otra parte, el convenio 169 de la OIT se creó en el año 1989 para regular y defender los derechos de Pueblos Indígenas, referente a la autodeterminación de los Pueblos Originarios y la consulta previa a la que deben ser sujetas las obras que les afecten.  El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, fue firmado en 1989, y México lo ratificó el  05 septiembre 1990. Desde esa fecha hasta hoy continúa en vigor. Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han estado muy activas en relación a las afectaciones legales de los pueblos originarios, a los procedimientos de compra-venta de terrenos y traslación de uso de suelo, y de las manifestaciones de impacto ambiental en otras obras similares como la construcción del gasoducto que va de Tlaxco en el estado de Tlaxcala, al municipio de Huesca en Morelos, pasando por comunidades del estado de Puebla.

Las demandas de los pueblos originarios y afectados por la instalación de los gasoductos, ayudados por las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han detonado conflictos socio-ambientales complejos en los que se ponen en juego modelos de desarrollo, el bienestar de la población afectada y la transparencia en los procedimientos de adjudicación, implementación de los contratos y realización de las manifestaciones de impacto ambiental por parte de las empresas que las llevan a cabo; y el papel de los gobiernos estatales como protectores de los derechos de su población.

Frente a estos conflictos socioambientales, es importante señalar que el gobierno federal y estatal tiene que intervenir, generando espacios de consulta y diálogo con la empresa Gasomex, las comunidades afectadas y buscar alternativas viables para  todos, así como evaluar de manera transparente el impacto ambiental y darlo a conocer a la población. Se tiene que evaluar muy bien que este tipo de proyectos no favorezca los intereses de la empresa privada y el enriquecimiento de un grupo minoritario, sino que realmente beneficie a su población de la manera más amplia posible, respetando los derechos de los pueblos indígenas.

No se puede permitir el desarrollo de un país a costa de la vida de sus propios habitantes, y de los daños al medio ambiente, sino que México tiene que replantearse el tipo de desarrollo que quiere seguir y buscar otras posibilidades, al mismo tiempo se tiene que fomentar la concientización en la población sobre el buen uso y cuidado de los recursos naturales y de aquellos derivados de la explotación de la tierra. No obstante estas premisas, es necesario que el gobierno mexicano atienda al principios de máxima publicidad respecto de los bienes de interés público y de las asignaciones de los contratos a las empresas privadas.  Será necesario que se armonicen los intereses de la nación, procurando el abastecimiento del gas a las grandes ciudades, sin que la participación de la iniciativa privada eleve los precios, especialmente para las personas que están en situación de pobreza; al tiempo que la instalación de los gasoductos atienda los requerimientos técnicos, sociales y ambientales en cada tramo de su construcción y sean consultados y respetados los intereses de los pueblos originarios.