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Pena de muerte y derechos humanos
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Estefanía Rodríguez y Oscar Castro

La pena de muerte es un castigo que se impone a delincuentes comunes o de alta peligrosidad en algunos países del mundo. Particularmente en algunos estados de la Unión Americana, está tipificada como la pena más alta que puede ser dispensada por el gobernador de que se trate, siendo sentenciados a muerte quienes hayan cometido crímenes graves.

En Estados Unidos la pena de muerte ha sido aplicada ya contra mexicanos que presuntamente cometieron delitos. Los casos de José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas, Humberto Leal García, y más recientemente el caso de Edgar Tamayo, quienes fueron víctimas de este sistema de justicia a pesar de contar con recomendaciones de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Edgar Tamayo Arias fue sentenciado a pena de muerte por un delito presuntamente cometido cuando oficiales estadounidenses lo detuvieron junto a tres personas que habían cometido robo en un centro nocturno la madrugada del 31 de enero de 1994. Se le acusa del asesinato del  policía Guy Gaddis. Supuestamente Edgar sacó una pistola que traía oculta en el pantalón y disparó seis veces contra él, provocando que la patrulla se estrellara contra una casa e hiriendo al otro presunto criminal.

El 1 de noviembre de 1994 fue condenado a pena de muerte, pero hasta este 17 de septiembre de 2013, una corte estatal de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como la fecha fatídica para su ejecución. Durante el proceso legal, sus derechos humanos fueron violados, pues al condenarlo a la pena de muerte, quebrantaron la Convención de Viena sobre relaciones consulares, al no ser escuchadas las peticiones del gobierno mexicano para su no ejecución.

Su abogado defensor indica además, que a Edgar Tamayo se le violentaron los derechos al debido proceso, pues no fueron comprobados a cabalidad los hechos que se le imputaban, además de sufrir una leve afección mental. En el año 2008 un psicólogo diagnosticó a Édgar Tamayo con una discapacidad intelectual leve, pero las autoridades de Texas se negaron a la revisión del caso. El proceso de su juicio también tuvo inconsistencias al no notificarle sus derechos a la asistencia jurídica y legal con la que contaba por parte del consulado mexicano en Texas. Fue considerado culpable y le impusieron la pena de muerte, suceso que se cumplió el día 22 de enero del año en curso a las veintiuna treinta horas.  

Entre las distintas instituciones que apelaron por la vida de Édgar Tamayo estuvieron la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Parlamento Europeo y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. También el gobierno mexicano y el gobernador Graco Ramírez del estado de Morelos, -lugar de nacimiento de Tamayo-, solicitaron el aplazamiento de la ejecución, e incluso el gobierno de Barack Obama pidió a las autoridades texanas la revisión del caso.

La violación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares tiene un gran peso dentro de la resolución del caso Tamayo, pues el artículo 36 asegura la posibilidad de que los imputados accedan a ayuda legal y se asegure el debido proceso por parte de embajadas y consulados de su país de origen, toda vez que se presenta una desigualdad de origen cuando un extranjero es procesado en un país del que se desconoce la ley policial. Así como el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el “Caso Avena” de 2004, donde 52 hombres de nacionalidad mexicana estaban detenidos en los Estados Unidos, con riesgo a la condena de pena de muerte, 3 de ellos ya tenían declarada la pena capital y sólo les faltaba que dictaran la fecha del suceso. El alegato del Estado mexicano fue el mismo que se ocupó en defensa de Édgar Tamayo. Los casos de 51 de los hombres a los que se les privó de sus derechos de defensa consular fueron revisados nuevamente por las autoridades de manera que su sentencia fuera dictada nuevamente, y particularmente el caso de Rafael Camargo a quien se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua, porque no fue considerada la asistencia consular por su retraso mental.

La participación de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y la petición de ambos gobiernos, tanto el mexicano como el estadounidense, para la revisión del caso de Édgar Tamayo, así como la negación por parte de las autoridades estatales de Texas, forman un papel importante dentro de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos pues genera tensión entre ambas naciones, particularmente en relación al derecho a la vida.

El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la Pena de Muerte, busca abolir esta medida de las políticas penales de los Estados ya que busca elevar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Este pacto ha sido firmado por países como México, Argentina, Australia, entre otros muchos; sin embargo, Estados Unidos no lo ha ratificado y, a pesar de que ha firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene sólo 18 estados que han abolido la pena capital dentro de sus políticas estatales.

En México, el Partido Verde Ecologista, pugna por la inclusión de la pena de muerte a secuestradores y criminales peligrosos. Alegan que la reinstauración de la pena capital en México no es una medida partidista, sino una medida social.  Se pretende la aplicación de la pena de muerte en forma excepcional, en un número reducido de casos, pues se busca sancionar con ella sólo las expresiones más graves de la delincuencia. Sin embargo México sí ha firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la pena de muerte.

Las organizaciones civiles de derechos humanos se preguntan: ¿dónde queda el papel de la dignidad humana y el derecho a la vida si en muchos países aún se sentencia con la pena de muerte? La Declaración de Derechos Humanos indica que todos éstos, son inalienables y deben ser ejercidos, respetados y defendidos.  El caso Tamayo y el caso Avena muestran que esto no es una realidad, que los Estados se salen con la suya y no buscan en realidad la vigencia del derecho a la vida. Pero otro sector de la sociedad, cree que el castigo ejemplar a crímenes graves como la trata de personas, la esclavitud, los homicidios, las prácticas sistemáticas de tortura y otros crímenes atroces, debe ser la pena de muerte, visible para todo el mundo, porque sólo así se inhibiría que se siguieran cometiendo.debate sobre la pena de muerte es un asunto sobre la jerarquización de los derechos humanos, por lo que es indispensable pensar en lo que cada uno creemos que es la vida y la dignidad humana. Es importante optar por informarnos y participar en debates que nos obliguen a argumentar mejor nuestra perspectiva sobre el tema, de manera objetiva y racional. La idea de que la pena de muerte protegería el derecho de los demás a estar libres de delincuentes que atentarían contra nuestra vida, o que lo han hecho ya, nos obstruye la visión del papel del Estado para garantizar nuestra seguridad e imponer medidas coercitivas, sin que se prive de la vida o de la integridad de los delincuentes.

El respeto por las ideas de los demás es fundamental, pero para poder llegar a acuerdos sobre lo que es la pena de muerte, o cómo se deberían de castigar los delitos graves y de alto impacto,  es necesario pensar si en verdad la restricción al derecho de la vida y la dignidad humana acabarían con las ineficiencias del Estado para garantizarnos a todos el derechos a una vida digna. En pleno siglo XXI, la vida está amenazada por múltiples factores estructurales como la pobreza, la violencia de los hombres contra las mujeres, la discriminación y otras prácticas que no hacen posible la vigencia del derecho debido, y la comunidad internacional debería ejercer presión para que no se acabe con la vida de manera estructural, y mucho menos institucional como en el caso de Edgar Tamayo.