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Radios Comunitarias y la distribución del espectro radioeléctrico
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Myriam Vargas Teutle

Durante los últimos años en México se observan varios cambios respecto al derecho de libertad de expresión de las comunidades indígenas, no indígenas y pueblos en general, quienes han decidido tomar los medios de comunicación. El uso del espectro radioeléctrico se encuentra en disputa, entre quienes quieren conservar las concesiones y quienes plantean se abran para la sociedad en general.

Por un lado se encuentran las comunidades que han decidido organizarse para crear sus propios medios de comunicación, generando las llamadas radios comunitarias, ciudadanas, campesinas y otras. El fenómeno se percibe en varios estados del país por ejemplo Puebla, Veracruz, Oaxaca, México, Morelos, Chiapas, Jalisco, Sonora, Michoacán entre otros. Los integrantes de dichas radios han sido castigados por el gobierno federal al no contar con un permiso que garantice sus transmisiones, otras cuentan con una concesión y han sido discriminadas con respecto al tema de la publicidad oficial y por no operar como una radio comercial.

Las radios comunitarias surgen a raíz de la falta de medios de comunicación que hablen de dichas comunidades, que sean interlocutoras para la resolución de diversos problemas de interés en sus poblaciones, que transmitan en su idioma, o que ofrezcan un servicio de comunicación que reestructure el tejido social desde un código propio de las comunidades que las operan.

Por otro lado han surgido aquellas que transmiten para comercializar y lucrar con los espacios radiofónicos las llamadas “radios piratas” y que no cuentan con un permiso por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por lo que son un reflector para las autoridades que conocen de sus condiciones legales, pues de inmediato las incautan o cierran, y muchas veces han sido confundidas con las “comunitarias”.

En todo el mundo existen países donde el asunto de las radios comunitarias ha sido visto hasta ahora como una trasgresión a normas técnicas, de regulación del espectro radioeléctrico, como un aspecto de la delincuencia o incluso, como un asunto de seguridad nacional. Algunos analistas señalan que la existencia de las radios comunitarias provocaría a largo plazo la saturación del espectro radioeléctrico pues cada población plantearía entonces tener su propia estación radiofónica. Pero en países de Sudamérica, como Argentina y Uruguay, se está aplicando la ley que regula el uso del espectro radioeléctrico otorgando el 33% para las radios comunitarias o ciudadanas, el 33% para las radios públicas y el 33% para las privadas.

Por su parte el Estado mexicano no ha concluido en alguna legislación que les dé existencia plena ni garantías totales para sobrevivir. La aparición de estas estaciones se mantiene en una situación controversial pues la radiodifusión comunitaria no está reconocida en la legislación mexicana ni en ordenamientos o acuerdos emitidos por el poder ejecutivo federal.

Estas emisoras, sin embargo, comenzaron a operar legalmente bajo la figura jurídica de radiodifusoras con permiso o permisionarias, que contempla el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que si bien, está alejada de ser la figura para reglamentar a las radios comunitarias, es la vía que permite acceder a las frecuencias legalmente.

En nuestro país la lógica de rentabilidad económica política y legislativa de los medios de comunicación ha dado como resultado un total del 96% de las estaciones comerciales de televisión en poder de las empresas Televisa y TV Azteca; y 80% de las emisoras de radio son propiedad de 13 grupos comerciales que controlan decenas de radiodifusoras –entre propias y afiliadas–, como Radiorama (273 estaciones), Acir (175), Radio Centro (más de 100, considerando la cadena OIR operada por el grupo) o Radio Fórmula (85).

El 27 de junio de 2011 el Instituto Federal Electoral (IFE), a través de su Consejo General, en sesión extraordinaria, aprobó modificaciones al Reglamento de Radio y Televisión de ese Instituto respecto al tema de financiamiento. Definió a las radios comunitarias de la siguiente manera: “Se incluyen en esta categoría a los medios comunitarios o permisionados privados operados por asociaciones civiles sin fines de lucro, que no cuenten con un techo presupuestal público e imposibilitados de obtener ingresos por transmisiones de anuncios comerciales”. Y el artículo 48 del mismo ordenamiento contemplaba el reconocimiento de las características especiales de transmisión de las radios comunitarias: “El comité aprobará una pauta ajustada para las radios comunitarias que así lo soliciten considerando el informe que envíe cada emisora respecto de sus condiciones específicas de operación y horario (de transmisión) de la comunidad en la que se escuchan”.

La respuesta de los grandes medios concesionarios a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) fue impugnar este reglamento y emprender una campaña de desprestigio contra las radios comunitarias, calificándolas de ilegales, piratas y cómplices de la delincuencia organizada. Plantearon que otorgar permisos a las radios de esta naturaleza, les arrebataría  publicidad e incluso podría llegar a ser un riesgo para su rating. Por lo que el 14 de septiembre de 2011 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decidió anular el citado reglamento, argumentado que era inconstitucional, toda vez que el IFE no consultó a los concesionarios ni ofreció estudios técnicos para establecer los nuevos plazos.

En México existen más de 400 radios comunitarias, de las cuales tan solo el cinco por ciento tiene un espacio al aire de manera legal, mientras que el otro 95 por ciento opera sin el aval del gobierno. Ante la existencia de estos medios de comunicación,  el Estado mexicano ha tenido diversas respuestas, algunas de penalización a dichos medios sin importar si cuentan o no con el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal.

En días pasados la empresa Televisa ha anunciado la promoción de una nueva ley televisa en la que reitera su negatividad a la existencia de dichos medios y plantea su desaparición. Por su parte el Estado mexicano prepara una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que no contemplan las garantías para la existencia de estaciones comunitarias.

Por su parte las radios comunitarias plantean una propuesta de reforma que posibilite generar ingresos como estación comunitaria, incluir a los pueblos indígenas en la toma de decisiones, incluir programación y contenidos indígenas en todos los medios, publicidad y mensajes oficiales en contextos culturales y el fomento para el desarrollo de los medios de comunicación de los pueblos indígenas.

Según las cifras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC) las agresiones a radios comunitarias, sumaron tan solo en 2011 un total de 25 violaciones a los derechos humanos de comunicadores populares perpetradas por varios actores como exfuncionarios públicos, dependencias de gobierno, y elementos de seguridad pública en todos sus niveles junto con el ejército. Entre los que se encuentran Javier Orozco exsenador, Xavier Abreu exdirector de la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas CDI. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión CRIT. La Procuraduría General de la República PGR, Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas, Agencia Federal de Investigaciones AFI, policía federal, Ejercito y  crimen organizado.

Sería importante que el gobierno considere las recomendaciones y propuestas del gran número de comunidades y organizaciones que hacen el llamado para ser tomados en cuenta para tener un medio de comunicación propio, y buscar la forma de como legislar de manera que todos tengan los mismos derechos pero también las mismas obligaciones. Sería deseable incluso, que el gobierno promoviera que en cada región se tuviera al menos un medio de comunicación comunitario y de esta forma no saturar el servicio sino hacerlo eficiente y servible para todos.

La propuesta uruguaya y argentina de otorgar el 33% a cada uno de los actores involucrados privado, público y comunitario sería viable en México, pero los intereses de las grandes corporaciones de telecomunicaciones no lo quieren permitir. Desde esta perspectiva sería deseable promover que las radios existentes en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y otras miles de comunidades, operen de manera legal y organizada, para generar mejores condiciones de vida, y valores de igualdad, solidaridad, reconstrucción del tejido social, frente a la realidad negativa que nos presenta esta nueva era capitalista, consumista, tecnológica, violenta e individualista.