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Situación de los derechos humanos en Puebla
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Balance primer semestre de 2014
Primera parte
Oscar Arturo Castro Soto
Cátedra de Análisis de la Realidad Ignacio Ellacuría, sj

En Puebla la situación de derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización de la protesta social, y los fenómenos violencia social y sexual que se han incrementado en los últimos meses. Estas dos tesis forman parte de un escenario que pone en duda la gobernabilidad y seguridad del estado, para estar a la altura de las grandes reformas del Estado mexicano (energética, de telecomunicaciones, fiscal, laboral, entre otras), y al mismo tiempo hacer realidad la inversión privada extranjera en territorio poblano.

En el terreno político el gobernador Rafael Moreno Valle, que se encuentra en el segundo período de su mandato, quiere enfilar sus energías a ser un candidato a la Presidencia de la República en 2018 y dejar en Puebla un clima favorable en la llamada minigobernatura que gobernará de 2016, que acaba su mandato, a 2018 que se alinean las elecciones locales con las federales.

Para realizar ambas cosas, el gobierno poblano ha mantenido el control del Congreso del Estado para el paso de iniciativas de Ley que hagan posible la entrada de capitales privados a la gestión del servicio público, entre las que se encuentran:

  1. La ley de expropiación del Estado, que permite al gobierno sin previo aviso, expropiar terrenos privados para uso público, o para la inversión extranjera, y diversas reformas a la Ley General de Bienes del Estado.
  2. La ley de Agua, que aprueba la estructura tarifaria para el cobro de derechos, productos y contribuciones, dando paso a la posibilidad de concesiones del servicio y extracción a empresas privadas.
  3. La ley de Transporte para el Estado de Tlaxcala, y el decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota, que otorga contratos de construcción y de servicio a empresas como la española OHL, entre otras.
  4. La llamada Ley Bala, “para proteger los derechos humanos y regular el uso de la fuerza legítima por parte de los elementos policiales del Estado de Puebla.
Todas ellas restringen el ejercicio de los derechos humanos y están concatenadas dentro de la estrategia gubernamental. Las primeras para garantizar el flujo de la inversión privada y la entrada de las empresas trasnacionales a Puebla, en los sectores, de infraestructura, equipamiento y comunicaciones por un lado, para la construcción y concesión de servicios de cuota en carreteras y caminos, la construcción de gasoductos y la concesión de obra y transporte en las zona urbanas, particularmente en la capital poblana. Otras inversiones y facilidades que se quieren dar al capital extranjero están en el sector extractivo y de servicios como la minería, los pozos de agua, la posible perforación de pozos petroleros en la zona norte de Puebla, y la generación de energía  a través de las hidroeléctricas.

Y para hacer realidad las reformas estructurales, se requiere que los gobiernos estatales homologuen y reformen disposiciones legales en previsión de una posible resistencia social frente a las obras que se realicen, las concesiones que se otorguen o los terrenos que se expropien.

En esto el gobierno del estado tuvo una experiencia negativa al tener que suspender el libramiento poniente de la ciudad de Puebla, por la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, región Malinche, pues tuvieron que suspender la obra por la negativa de los colonos de las colonias limítrofes en los municipios de Puebla y San Pablo del Monte en Tlaxcala. La oposición de los colonos y la estrategia legal que siguieron dieron como resultado la suspensión de la obra, por las irregularidades de las empresas para la compra de terrenos y la complicidad del gobierno de mantener impune las amenazas y coerción que ejercían contra los pobladores. Esta derrota dio paso al impulso a la idea de la construcción del segundo piso en la carreta México- Puebla para a vincularla con los arcos, norte y sur de la región centro del país.

A diferencia de esta experiencia del Frente de Pueblos, su expresión poblana, se ha visto amenazada y presionada con la construcción de las carreteras del arco sur que unirán el estado de Guerrero con el estado de Puebla a través de las carreteras de Morelos. Los pobladores de los municipios y ejidos afectados han sido presionados  en demasía para la construcción de las carreteras primero, y ahora del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, que va de Zacualpan en el estado de Morelos al municipio de Tlaxco en el estado de Tlaxcala.

Es en este sentido que la aprobación de la Ley de Expropiación de Terrenos cobra relevancia pues el gobierno se abroga el derecho de expropiar a los particulares con el argumento de generar inversiones de interés público, como lo está promoviendo en los terrenos de Cholula, aledaños a las pirámides para la concesión de servicios o con los terrenos del empresario Emilio Maurer en la capital. Esta acción legislativa es  preocupante pues permite con total impunidad que el gobierno expropie los terrenos sin previo aviso a partir de los intereses económicos con fines de re-venta para empresas que pueden llevar a cabo megaproyectos y otras obras urbanas. Los empresarios comienza a solicitar que el gobierno expropie terrenos para atraer inversiones y ésta es utilizada ahora como fórmula para desactivar la resistencia de campesinos que se oponen al  Proyecto Integral Morelos, en favor de las empresas Eneagas y Elecnor. Lo mismo ocurre con las inversiones de Audi, pues algunos de los propietarios de terrenos donde se instalará la empresa aún no quieren vender, siendo para el gobierno un dolor de cabeza por los intereses y compromisos creados tanto económicos como políticos.

La llamada Ley Bala por su parte, que regula las manifestaciones y protestas públicas y el uso de la fuerza por parte de las policías, que fue limitada en su contenido por las protestas de los activistas sociales, pero finalmente promulgada, es otro eslabón de la estrategia. Previendo el descontento social que las reformas puedan generar a nivel nacional, pero también aquellas que son derivadas de la operación gubernamental y privada para el despojo de terrenos y bienes públicos en beneficio de las empresas nacionales o trasnacionales. Numerosos conflictos sociales han surgido por estas disposiciones en el estado y de los intereses de control político por parte del gobernador, como la presión por la regularización de los mototaxistas en Coronanago, las protestas por el retiro de los registros civiles de las juntas auxiliares, así como las órdenes de aprehensión de activistas del Frente de Pueblos  en diversas comunidades y en la capital del Estado, entre otras. En prevención de estas inconformidades, que surgen y puedan surgir de facilitar el acaparamiento de recursos naturales por parte de las empresas privadas, el gobierno del estado quiso legalizar el uso de la fuerza pública contra manifestantes.

Algunas organizaciones civiles como el Centro ProDH, activistas y ciudadanos, se han amparado contra la ley y han logrado una resolución favorable algunas de ellas. Sin embargo, el gobierno ya utilizó el uso de la fuerza y balas de goma contra la población de Chilchihuapan, quienes se manifestaron en contra de la desaparición de los registros civiles de las juntas auxiliares y en cuya represión resultaron heridos de gravedad nueve personas y un niño muerto a causa de los impactos de balas de goma. En este acontecimiento, se han cometido una serie de irregularidades procedimentales para la investigación y esclarecimiento de los hechos por parte de la Procuraduría General del Estado de Puebla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad Pública, que han motivado, -junto con el conflicto anterior más visible, el encarcelamiento de Juan Carlos Flores, Enedina Rosas y Abraham Cordero del Frente de Pueblos- una ola de inconformidad social y pronunciamientos políticos que solicitan la renuncia del gobernador y hasta la desaparición de poderes en el estado de Puebla.

Por otro lado, la reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, permite la reelección de un período de cinco años a la Presidencia de dicho organismo, lo que provocó que el actual Presidente de la Comisión pueda mantenerse en el cargo durante 10 años más de ser reelecto, siendo que la CEDH no ha tenido una actuación firme frente a las violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones que emite. López Badillo, su titular ratificado por la Legislatura en un primer período como lo estipulan las reformas, ha tenido una actuación turbia en los arrestos de los activistas del Frente de Pueblos, pues fueron detenidos una vez que salieron de interponer una queja a fuera de sus oficinas; y en el conflicto de Chlachihuapan no ha iniciado averiguaciones contra la utilización de balas de goma por parte de los policías estatales, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado trámite a la queja.

Los movimientos sociales que se han generado en este año incluyen al ya mencionado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que articula a la mayor parte de las comunidades afectadas de Puebla, salvo la comunidad de Nealtican que tiene una fuerte cohesión comunitaria en oposición a la instalación del gasoducto. Las protestas en cada una de las comunidades, motivaron al paro de las obras de las empresas que llegaron al encarcelamiento de activistas en Puebla y Morelos, y la entrada del ejército en diversas comunidades y la liberación de órdenes de aprehensión a más de veinte activistas de ambos estados. Ante esta situación, la mayoría de las organizaciones civiles y sociales se manifestaron en simpatía con la legitimidad de las demandas, pero las organizaciones vinculadas con expresiones partidarias se apoderaron del diálogo con el gobierno estatal, incluyendo otras demandas que no representaron los intereses de las comunidades. El activismo de la diputada Roxana Luna del Parrtido de la Revolución Democrática (PRD) ha sido notable en algunos de los conflictos comunitarios como los problemas de los mototaxistas o de las juntas auxiliares, pero no así de las expresiones comunitarias y sociales agrupadas en contra de megaproyectos, quienes no han querido tenerla como intermediaria. La diputada es acusada de incitar las protestas sociales, aunque en realidad ella ha llegado luego de que los conflictos se han exacerbado o han derivado en abiertas represiones.

Otras luchas contra los megaproyectos mineros y de instalación de gasoductos están ubicados en la Sierra Norte de Puebla, en las comunidades cercanas a Huachinango, como Cuacuila en donde interpusieron un amparo por la construcción del gasoducto que atraviesa su comunidad, y ahora se inconforman también por la carretera que unirá la autopista de Huauchinango con la México- Tuxpan. Inconformidad por proyectos mineros, en Libres, Ixtacamatitlán, Tetela, Cuetzalan y aquellas que están en contra de la extracción de mineras e hidroeléctricas agrupadas en el Consejo Tiyat Tlali.

Otra de las reformas importantes que han provocado descontento social es la del agua, que permite las concesiones del servicio a empresas particulares y con ello la consecuente alza de tarifas. Los ayuntamientos del estado están optando por la privatización del servicio de agua potable, lo mismo que la privatización del espacio público a través de la concesión de cajones de estacionamiento que se operan por vía electrónica en los centros urbanos.