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Situación de los derechos humanos en Puebla (Segunda Parte)
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Situación de los derechos humanos en Puebla
Balance primer semestre de 2014
Segunda parte
Oscar Arturo Castro Soto
Cátedra de Análisis de la Realidad Ignacio Ellacuría, sj

En la capital, la Asamblea Social de Agua está levantando amparos masivos contra la privatización del servicio del agua, vinculado con Morena, pero las protestas por el alza en las tarifas se han multiplicado y el Movimiento Amplio Social, que agrupa a algunos sindicatos y organizaciones sociales como la 28 de octubre, ha tenido un activismo público de denuncia al respecto. Muchos colonos en la capital han experimentado un alza de hasta 300  por ciento en las tarifas del agua y se han manifestado en el Congreso con magros resultados. Sin embargo, los amparos contra esta medida siguen juntándose a la par de las firmas que requiere Morena para la realización de la Consulta Nacional contra la Reforma Energética. Las comunidades rurales que se ven afectadas porque estas disposiciones puedan llegar a la concesión de la administración de los pozos comunitarios que les abastecen de agua, también son ya numerosas.

En días recientes, con pretexto de las nuevas disposiciones reglamentarias de la Ley de Telecomunicaciones, las radios comunitarias de Zacatepec y Tlaxcalancingo han sido clausuradas, sus equipos decomisados y sus locutores comunitarias amedrentados. Previamente, ya, algunos estudiantes de la facultad de sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  que colaboraban con estas radios fueron amenazados vía telefónica y con mensajes de texto en las redes sociales, por haber dado cobertura y voz a los pobladores de estos lugares que se manifestaron en contra del Proyecto Integral Morelos y particularmente en contra de las detenciones de los activistas del Frente de Pueblos y el hostigamiento que sufrió el catedrático Ricardo Pérez Avilés.

Por su parte la Red de Derechos Humanos vinculada con el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, estuvo acompañando muy cercanamente al profesor y al Frente de Pueblos que paró la construcción del libramiento norte, además de sus luchas históricas por la desaparición de Fermín Matías y otros desaparecidos políticos en el país, y las movilizaciones de los estudiantes rechazados por la BUAP y que tienen aspiraciones legítimas de ingreso a la universidad.

Todos estos hechos han dado como resultado que en menos de medio año, la administración de Moreno Valle ha encarcelado a 37 activistas sociales, pobladores en su mayoría vinculados con los conflictos mencionados. En la lista se encuentran amas de casa, campesinos, ejidatarios, mototaxistas, alcaldes de juntas auxiliares, comisariados ejidales, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, opositores al gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM) y pobladores que rechazaron el sistema de transporte público metrobús. La mayoría de los presuntos inculpados se encuentran recluidos en los penales regionales de Atlixco, San Pedro Cholula y “San Miguel” en Puebla.

Sin embargo, tan sólo en el conflicto de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan y la Policía Estatal, que derivó en la muerte del niño de 13 años de edad José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, según el proceso penal número 319/2014, podría haber muchas más órdenes de aprehensión pues los policías declararon haber sido agredidos por más de 350 personas, cuando la movilización fue de más de mil doscientas.

A los 37 detenidos, a quienes se les “fabricaron” hasta siete delitos, podrían alcanzar penas que van desde los 20 hasta los 60 años de cárcel. Los casos más emblemáticos son los de los luchadores sociales y defensores de los derechos de las comunidades del volcán Popocatépetl y la Sierra Nevada, Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan detenida el 6 de abril sin una orden de aprehensión por parte del juez al término de una asamblea ejidal en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, acusada de robo agravado en contra de funcionarios de dos celulares en una reunión en la que se oponían a la construcción de la obra; Juan Carlos Flores Solís fue detenido Juan Carlos Flores Solís, minutos después de haber presentado una queja por violaciones a las garantías de Enedina Rosas, en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y fue acusado de incurrir en los delitos de motín, robo agravado, extorsión y daño en obra hidráulica, que en total suman 32 años en prisión; y Abraham Cordero Calderón detenido un día después, quien es juez de paz de la comunidad de San Francisco Tepeyecac, fundador de la Policía comunitaria de este lugar, y dirigente del Frente Campesino y Ejidatario de San Martín Texmelucan y la Sierra Nevada, que se opuso a la construcción del proyecto carretero del Arco Poniente.

Por otro lado, con el número de proceso 409/2014, se detuvo a 12 los mototaxistas de las comunidades de San Francisco Ocotlán, Xoxtla y Santa María Coronango, que cerraron la autopista México–Puebla la noche del 17 de junio, para exigir la devolución de sus unidades. A conductores y propietarios de unidades se les acusó de daño en propiedad ajena, resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos y motín.

La lista de detenidos es larga. Están los ocho vecinos de Cacalotepec recluidos por señalar las deficiencias del sistema transporte público del metrobús; los cinco pobladores de Tehuacán y el encarcelamiento del edil de Magdalena Cuayucatepec, Manuel Morales Guillermo, quienes exigieron la devolución del registro civil.

Además de la reclusión del fundador de colonias populares y luchador social, Delfino Melga Flores, quien a sus 90 años de edad murió al interior del penal de “San Miguel”, en la ciudad de Puebla, acusado del delito de despojo. Contra Flores Melga se instruyeron tres procesos penales, el 298/2012 en el Juzgado Primero de lo Penal, el 96/2012 ante el Sexto Juzgado de lo Penal y el 355/2012 ante el Juzgado Noveno Penal, todos por cargos de despojo.
Otros activistas han muerto, como el caso de  Antonio Esteban Cruz en Cuetzalan quien fuera dirigente regional del Movimiento Independiente, Obrero Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) en la sierra norte de Puebla, que se están agrupando en el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) junto con otras organizaciones del país en contra de los megaproyectos y  en defensa del agua , al tierra y el territorio. Los integrantes de FICAM y de MIOCUP han recibido amenazas e intimidaciones en los últimos meses por su activismo social.

Por otro lado, las movilizaciones sobre crímenes de odio contra homosexuales y feminicidios han sido visibles en los últimos años, sobre todo en la capital del estado a raíz del asesinato de la activista Agnes Torres hace un par de años. Según el Observatorio de derechos sexuales y reproductivos ha habido más de 50  feminicidios en Puebla en lo que va del año sin que se resuelvan positivamente en la mayoría de los casos; y el Observatorio de Violencia de Género de la Ibero reporta cifras negras aparecidas en periódicos que duplican la oficial.

Las organizaciones por la diversidad sexual han consolidado una agenda en torno al derechos a la no discriminación y se han vinculado con las trabajadoras sexuales que han sostenido una movilización en contra del ayuntamiento por las redadas que se han establecido en los hoteles del centro de la ciudad, lo que ha abierto el debate sobre la explotación sexual y la trata de personas. En este último tema, se incrementaron los operativos para la persecución de este delito, logrando la detención de proxenetas y la protección de algunas de las mujeres, pero el Estado aún carece de un protocolo de atención a víctimas y un albergue de atención. La presencia del crimen organizado en los municipios limítrofes de los estados de Tlaxcala y Puebla, presumen contubernio de los zetas con las redes de trata, por el incremento del número de secuestros en la capital y en esos municipios. El caso emblemático es el de la joven Judith Coatl, originaria de Tlaxcalancingo, secuestrada con fines de explotación sexual, luego para solicitar un rescate y finalmente encontrada muerta; todo en el lapso de un mes y medio.

En días recientes han aparecido narcomantas en algunas de las colonias poblanas, firmadas por los Caballeros Templarios amenazando a líderes del narcomenudeo presos en el penal de San Miguel y que han tenido que ser trasladados a otros penales del estado en resguardo de su integridad física.

La operación del crimen organizado en los giros del ambulantaje en Atlixco, la explotación sexual y el tráfico al menudeo en la capital poblana y en Izúcar de Matamoros, así como en el robo de autos y el secuestro de migrantes en algunos otros municipios del estado ha dado como resultado un clima de incertidumbre y de inseguridad.

Particularmente en el sur del estado en los municipios colindantes con Oaxaca y Morelos, el secuestro exprés y las extorsiones telefónicas están siendo comunes y no denunciadas por los ciudadanos.

Finalmente destaca el incremento el flujo de migrantes centroamericanos por Puebla, y las acciones del Instituto Nacional de Migración. Las organizaciones de la sociedad civil mantienen un dialogo con legisladores sobre la necesidad de construir una ley de migración que atienda a la población en tránsito, pero también a los miles de poblanos residentes en el exterior. Algunas de estas organizaciones como Iniciativa Ciudadana, junto con otras como la AMEDI y otras organizaciones ciudadanas fueron co-organizadoras de la Segunda Cumbre Ciudadana, que desarrolló una agenda nacional amplia aunque la que tuvo impacto fue la relativa a la seguridad pública por la presencia de María Elena Morera, presidenta de Causa Común, quien destaca en la lucha antisecuestros en nuestro país. Sin embargo, a pesar de esta presencia pública se registra un hostigamiento, que no se sabe si es del crimen organizado o del gobierno a las casas de atención a migrantes en situación irregular. Particularmente el Padre Gustavo Zárate y su equipo han sufrido intimidación  y amenazas por su labor a favor de los migrantes

Frente a estas dos tesis sobre el autoritarismo y la inseguridad, podemos ver que se está gestando una agenda social y política que empieza a converger, en primer lugar con la marcha del 10 de agosto, pero que tiene un hondo calado en las acciones que puedan realizarse en los próximos meses y que contiene al menos los siguientes puntos:

  1. La renuncia de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas y Víctor Carrancá.
  2. La liberación de los presos por motivos políticos o sociales (la lista es larga)
  3. El esclarecimiento de la muerte del Luis Alberto Tehautlie y castigo a los responsables
  4. El esclarecimiento de la muerte de activistas sociales como Agnes Torres, Delfino Melga, Fermín Matías, Esteban Cruz, entre otros.
  5. La derogación de la Ley Bala y las reformas a las leyes de agua, expropiación y transporte, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
  6. La cancelación de los megaproyectos: gasoducto (Proyecto Integral Morelos) minas, termoeléctricas y carreteras que afectan los intereses de las comunidades.
  7. El retorno de los registros civiles a las juntas auxiliares.
  8. El retiro del ejército en las comunidades para el resguardo de los megaproyectos.
  9. La mejora en las condiciones de inseguridad pública, secuestros, trata, desapariciones, violencia de género y agresiones contra migrantes y activistas.
  10. La reapertura de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec