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Retos de la Ley para Prevenir, investigar, sancionar y, en su caso erradicar la tortura en el Estado de Puebla
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Por: Gerardo Martínez Águila
Responsable del Programa Universitario de Derechos Humanos

Recientemente entró en vigor la Ley para Prevenir, investigar, sancionar y, en su caso erradicar la tortura en el Estado de Puebla, una iniciativa generada desde la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, a través de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

Esta ley establece como una de las obligaciones del Estado instruir a los agentes del Ministerio Público, a los peritos médicos legistas, y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, la realización de dictámenes especializados en materia de tortura, en armonía con el marco del Protocolo de Estambul (Art. 1). De la misma manera se faculta y obliga a todas las agencias investigadoras del Ministerio Público a recibir denuncias por la comisión del delito de tortura, mismo que se perseguirá de oficio. (Art. 3).

En un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos”, nos puntualizan que el Protocolo de Estambul, en el cual se basa la presente Ley; “No es un Acuerdo ni un Tratado que requiera de la firma y ratificación de los países para su aplicación. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (el Protocolo de Estambul) es el primer conjunto de líneas básicas internacionales para la investigación y documentación de la tortura. Facilita guías prácticas y comprensivas para la valoración de aquellas personas que alegan haber sido torturadas y maltratadas, para la investigación de casos. En ese sentido, las aportaciones del Protocolo son propuestas técnicas de investigación interdisciplinaria (médica, psicológica y jurídica), y por lo tanto dirigidas tanto a peritos, como a abogados/as e investigadores/as. También el Protocolo es muy claro en señalar que la validez de los resultados de investigación implica garantías de PRONTITUD, EXHAUSTIVIDAD, IMPARCIALIDAD e INDEPENDENCIA”.

En relación con  estos elementos – el referente a la realización de dictámenes, y la recepción e investigación de las denuncias que sobre tortura sucedan – es importante que los órganos del Estado de Puebla consideren el enorme reto que tienen frente a sí como resultado de la entrada en vigor de la presente ley ante la realidad de nuestro contexto, ya que, en palabras del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez  destacó que: “Aún existe en México una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos como medio de investigación criminal, pero con mayor intensidad en los delitos relacionados con la delincuencia organizada, también aparecen excesivamente relacionados a la obtención de confesiones y a la averiguación de información”, recalcó el Relator.

Aunque nivel nacional no existe una definición clara sobre la Tortura, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984  la define:

"Se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas."

Es por esto que, al tener la Ley como objeto la prevención y erradicación de la tortura, es importante observar ¿cuáles serán los mecanismos que generará la Procuraduría General de Justicia del Estado para la implementación de la misma? ¿De qué manera será aplicado armónicamente el protocolo de Estambul cuando en la denuncia de una víctima de tortura esté implicada alguna autoridad como probable responsable?

Finalmente el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la garantía del respeto a los derechos humanos en Puebla ha sido un tema complejo en los últimos meses, las autoridades han dejado claro que aún existen grandes retos para que la ciudadanía ejerza plenamente sus derechos. Es importante considerar que estas leyes, que están apegadas a los estándares internacionales, para realimente ser efectivas y eficientes, requieren de la inversión no solo en lo tratante a recursos económicos, estructurales y humanos, sino también, de la transformación social y las estrategias por medio de las cuáles se investigan los delitos y se imparte justicia en nuestro país.

La tortura y la inoperancia del Protocolo de Estambul en México. http://www.redtdt.org.mx/d_comunicados.php?id_comunicado=370&descargable=

Protocolo de Estambul - Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes consúltalo en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/3123