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Multas por Acoso Escolar (Primera parte)
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Por: Dafne Reyes Jurado

Después de que se han presentado muertes de menores en primarias y secundarias, sobre todo en el norte del país por agresiones de sus compañeros, se ha propuesto una multa a padres e inhabilitaciones a los maestros con esta llamada Ley contra el bullying. Medida que es importante, pero no suficiente para casos específicos, y que resultará desmedida para otras muchas situaciones que se presentan en las escuelas de nuestro país.

El bullying es multifactorial, se presenta en estudiantes de clase alta, media y baja, no distingue entre hombres y mujeres y la escuela de alguna manera no ha podido frenarlo. Cuando los padres son violentos en sus casas o simplemente ausentes, cuando el entorno social de los estudiantes lo único que presenta es violencia, en las calles o en los videojuegos, cuando en la escuela los maestros son los que propician las inconformidades o algún tipo de violencia, el mensaje indirecto para los niños y jóvenes en proceso de desarrollo y formación es que la vida trata sobre violencia. Esta violencia puede observarse en los “juegos” con sus compañeros, en sus pláticas y en sus acciones.

La iniciativa de reforma fue presentada por los senadores Mariana Gómez del Campo (PAN), Angélica de la Peña (PRD) y Omar Fayad (PRI), para combatir el acoso escolar. Ésta iniciativa plantea sanciones económicas, de hasta por cinco mil salarios mínimos (350 mil pesos) de multa, a maestros y padres de familia; que no controlen, que permitan o que alienten la violencia escolar; además de las responsabilidades civiles o penales según sea el caso.

Para los maestros no acaba ahí, se establece también una inhabilitación de hasta por cinco años del cargo de maestros y directivos de planteles escolares, así como la suspensión definitiva del puesto académico para quien enmascare al “bullying”.  “Contará como infracciones a la presente ley incurrir, infligir, permitir o tolerar actos de violencia en el entorno escolar, iniciar a la realización de actos de violencia en el entorno escolar; no tomar previsiones necesarias dentro de planteles educativos, y en el horario escolar o en actividades desarrolladas dentro del plantel”.

También habrá consecuencias con multas de hasta 420 mil 600 pesos para los responsables de “la difusión o transmisión de información, imágenes o audios que tengan influencia nociva o perturbadora para el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes, o que promuevan en ellos la violencia, la ausencia de valores o hagan apología del delito”; la violación a la intimidad personal o familiar de los menores; si el caso reincide, se aumentará a 18 millones 841 mil 200 pesos. 

Diariamente son subidos a las redes sociales videos de peleas de estudiantes de diferentes escuelas, quienes al concluir el horario escolar ya tienen planeado dónde y quienes serán los contrincantes; varones y mujeres se enfrentan a golpes por igual. Para quien no respete la intimidad de los menores, al hacer públicas sus historias y sus nombres sin la autorización de quien ejerza la patria potestad de las niñas, niños y adolescentes, serán castigados con cárcel de dos a cuatro años y multas de 15 mil a 40 mil días de salario mínimo, además de 20 mil días de multa por cada día que se haya transmitido esa información no autorizada. 

La iniciativa aparece pocos días después de la muerte de un menor de secundaria en Tamaulipas, por agresiones de sus compañeros. Ésta reforma plantea modificar también la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por supuesto el Código Penal Federal; con el fin de prevenir actos violentos en los centros escolares públicos y privados. Cincuenta y tres profesores han sido sancionados por comprobarse su participación en actos de hostigamiento o bullying en contra de alumnos. El número de denuncias por este fenómeno va en incremento. En el 2000, según los datos de la Comisión de Derechos Humanos, se presentaron cincuenta quejas por acoso escolar, en 2010 fueron quinientas y en 2013 hubo mil casos reportados.

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto envío al Senado su primera iniciativa preferente, sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, que plantea multar con 201 mil 870 pesos a quien calle ante un caso de bullying. La propuesta resalta en su artículo 72 que: “Toda persona que tenga conocimiento de actos de acoso o violencia escolar está obligada a denunciarlos ante la autoridad competente y, en la medida de sus posibilidades a impedirlos”.

Respecto a las sanciones, el artículo 131 detalla que para quienes laboren en establecimientos educativos, deportivos o culturales y no impidan, cuando este dentro de sus facultades, cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento ocasionado por niñas, niños y adolescentes entre sí; se les impondrá una multa de hasta tres mil veces el salario mínimo.

La propuesta del Ejecutivo federal fue entregada al presidente del Congreso General, Silvano Aureoles, por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y turnada al Senado, deberá ser aprobada por el Congreso a más tardar el 30 de octubre.

La senadora Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó que es urgente este nuevo marco legal para que todos los sectores colaboren y se pueda contrarrestar la violencia que impera en los centros escolares del país. Por sui parten la diputada Judit Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expuso que “Los casos de bullying en las escuelas están en aumento, el año pasado la OCDE dio a conocer que México ocupa el primer lugar a nivel internacional con más casos de acoso en el nivel secundaria”.

Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador del PAN, consideró que el acoso escolar es producto de un problema “estructural y de fondo”, una conducta que se tiene que revisar desde la familia. “El niño que golpea en la escuela es porque en otro lugar es golpeado, es un tema que tenemos que revisar como sociedad, es un tema que tenemos que revisar como instituciones educativas, no es exclusivo de la Secretaría de Educación; el problema es más complejo de lo que parece y una sola ley no lo va a resolver”, expuso. La iniciativa argumenta que los maestros tienen un alto grado de responsabilidad en cuanto al combate y permisividad de las agresiones entre los alumnos de diversos grados escolares.

Fueron tres los trabajadores detenidos por el caso del estudiante fallecido de la Secundaria Número 7 “Eleazar Gómez” de Ciudad Victoria, Tamaulipas víctima del bullying; Zulma Yaneth Marroquín Olvera, trabajadora social; Lizbeth Berenice Guerra Álvarez, prefecta, y el bibliotecario Arturo Galaviz Hernández quienes tuvieron que pagar una fianza de 70 mil pesos cada uno para salir en libertad. Siendo acusados de “homicidio pre intencional” y “abandono en agravio” del estudiante Héctor Alejandro Méndez.

Todos estos hechos son graves sin duda. Pero cabe preguntarse si el bullyng es un asunto que se resolverá con multas a los maestros y si una política que cause temor entre la población escolar será suficiente para frenarlo. Más aún, si estas multas re4sultaran factibles en comunidades escolares donde privan la pobreza y la violencia. De la misma manera habrá que preguntarse si el bullyng, como fenómeno multifactorial, es sólo cuestión de prevención o de la generación de una cultura y un modelo educativo fincado en valores y en una organización escolar que propicie nuevas relaciones de respeto y solidaridad.