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Día Internacional del Detenido Desaparecido
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Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2014.

Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, jornada en la que en el mundo, en América Latina y en particular en México se desarrollan actividades en las que se insiste en la recuperación de la memoria histórica y se demanda verdad, justicia y fin a la impunidad, condiciones necesarias aunque no suficientes para evitar su repetición, se presenta en nuestro país en medio de una situación particularmente crítica en todos los órdenes de la realidad y en la que se cierne la sombra ominosa de la represión y la traición a la Patria con la entrega a transnacionales de los recursos energéticos de la Nación.

No olvidemos las lecciones de la historia, pues su ignorancia facilita que se mantengan y se reproduzcan prácticas que someten a nuestros pueblos y sociedades. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, con dignidad menoscabada y soberanía erosionada, condenado a repetir los errores del pasado. Recuérdese que después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la “guerra fría” entre el capitalismo y el campo socialista, Estados Unidos instrumentó como parte de su doctrina de seguridad nacional estrategias que le asegurarán a cualquier costo el control de territorios que consideraba parte natural de su imperio.

Dicha doctrina se llevó a cabo en los países en que se instalaron las dictaduras auspiciadas por el gobierno estadounidense como fueron Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Haití, Nicaragua, entre otros, pero también en los países donde aparentemente se vivía una democracia, entre ellos Colombia, México, Venezuela, Perú y en otros tantos donde existían conflictos internos como en El Salvador, Guatemala, Honduras. En todos se aplicó la desaparición forzada y otros graves delitos como el genocidio, masacres, ejecuciones extra judiciales, torturas, exilios forzados, persecución, encarcelamiento, etc.

En México, a los más de mil 300 detenidos desaparecidos durante la llamada “guerra sucia” de las décadas de los 60s a 80s –en realidad se trató de la instrumentación de una estrategia de terrorismo de Estado-, que aún esperan verdad y justicia y respecto a los cuales no puede haber ni perdón ni olvido, se suman los casos de decenas de luchadores sociales y defensores de derechos humanos que fueron víctimas del mismo delito de lesa humanidad durante los últimos años, así como la enorme cifra de personas (algunas fuentes sitúan la cifra en 26 mil) que en el marco de la “guerra” contra algunos cárteles del narcotráfico padecen la desaparición forzada.

Es imprescindible que se ponga fin a la impunidad que prevalece desde hace cuatro décadas, se reivindique la memoria de los caídos, se repare integralmente el daño a los familiares de las víctimas, se legisle sobre desaparición forzada de personas y se tomen otra medidas para evitar la repetición de esos hechos, contribuyendo con ello a que en México se ponga fin a la represiva estrategia de seguridad estatal que enluta a miles de familias.

Es importante saber que la desaparición forzada se define como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Algunos de los derechos que se violan en estos casos son la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, a la protección legal y a la vida.

No es ocioso insistir que la desaparición forzada no es un delito del pasado, pues por su carácter de delito de lesa humanidad no prescribe en tanto no se establezca el paradero de los detenidos desaparecidos hace ya varias décadas, como por el hecho de que sigue practicándose y ha crecido exponencialmente bajo la sombra de la “guerra” contra el crimen organizado, que no ha sido modificada sustancialmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La falta de un marco jurídico que prevenga, investigue y sancione la desaparición forzada de personas, la militarización de amplios territorios del país, de las instituciones y de la vida social, la paramilitarización y las desapariciones forzadas ocurridas en la actual administración priísta, hacen evidente la falta de voluntad política del Estado mexicano para erradicar esta aberrante práctica.

En fin, uno de los mejores homenajes a los detenidos desaparecidos por sus ideas y acciones de verdadera transformación social, es frenar la tentación represiva en contra de quienes se ven obligados a defender sus derechos y los de la nación en las calles, algo que, paradójicamente, solamente podrá ser frenada con mayor respaldo y movilización social.

Así como en varias ciudades de la República se exige la presentación de los detenidos desaparecidos, se demanda verdad, justicia y fin a la impunidad, entre otros aspectos, en Michoacán el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, la Fundación Diego Lucero, AFADEM-FEDEFAM y la familia Guzmán Cruz nos sumamos a esas demandas y a la vez reiteramos la necesidad de que en el estado se legisle en materia de desaparición forzada, delito de lesa humanidad que por su complejidad requiere de una ley especial y no simplemente ser incluida en el código penal.

¡Verdad y Justicia! ¡No a la Impunidad!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Por la vida y la libertad, ni desaparecidos ni impunidad!
¡Hagamos de cada injusticia, una bandera de lucha!
Atentamente:
Fundación Diego Lucero, A.C.
Cofaddem “Alzando Voces
AFADEM-FEDEFAM
Familia Guzmán Cruz
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM)