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Programa Integral Frontera Sur
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 Guadalupe Cruz Jaimes

El Programa Integral Frontera Sur, que recién echó a andar el gobierno de México para frenar el tránsito de migrantes rumbo a Estados Unidos, posee un enfoque de seguridad del territorio que violenta los derechos humanos de estas personas, la mayoría de ellas provenientes de Centroamérica.

El Programa fue anunciado por Enrique Peña Nieto el pasado 7 de julio en Chiapas. Y veinte días después, funcionarios de la Secretaría de Gobernación dieron a conocer los detalles de la iniciativa.

Humberto Mayans Canabal, designado como coordinador del Programa, enunció las metas de la iniciativa: evitar que los migrantes usen el tren de carga como transporte para cruzar el país; desarrollar estrategias para garantizar la seguridad y la protección de esta población; y combatir a los grupos criminales que abusan de las personas migrantes.

Para alcanzar estos objetivos, reforzarán la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias, realizarán un mayor monitoreo, modernizarán y darán mantenimiento a esta vía de comunicación. Mayans argumentó que con la reparación de las vías del tren, aumentarán la velocidad del ferrocarril, impidiendo que los migrantes suban a la “La Bestia”, y que pongan en riesgo su vida.

El Programa también establece que para velar por la integridad de las personas migrantes incrementarán los patrullajes, y la presencia de la fuerza pública será permanente para impedir la comisión de delitos contra esta población en el sur del país.  En este sentido, el funcionario añadió que han iniciado tareas de investigación e inteligencia para desarticular y castigar a las redes de tráfico y trata de personas, así como a las pandillas que atentan contra los derechos de los migrantes.

Además, se promoverán fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes, para tener ministerios públicos especializados en la materia. Es importante que existan fiscalías especializadas, pero es difícil que den resultados favorables, debido a que cuando las personas migrantes carecen de documentos de estancia legal en el país, no acuden a denunciar los delitos que sufren por temor a ser deportados o a enfrentar las represalias del crimen organizado.

No obstante, en su discurso, el funcionario aseguró que velarán por ellos, actuando “con estricto apego a los derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas”, durante los procesos jurídicos, y también en caso de traslado o retorno asistido de migrantes, en los cuales serán acompañados por las comisiones estatales de derechos humanos.

En el tema de la niñez migrante, cuyo tránsito aumentó de manera importante en los últimos años, dijo que se mantendrá la atención y cuidado a través del Sistema DIF, la Cruz Roja y las entidades federativas. Acción que hasta ahora ha sido insuficiente para responder a la problemática.

Para disminuir el tránsito irregular por México, el Programa establece tarjetas de Visitante Regional, las cuales son otorgadas de forma gratuita a personas de Guatemala y Belice para que ingresen a los estados del sur del país. Tan sólo en agosto pasado entregaron 10 mil tarjetas, refirió Mayans Canabal. Así, la única propuesta de tránsito regular excluye a Honduras y El Salvador, dos de los principales expulsores de migrantes de la región.

Por último, mencionó que articularán acciones para detonar el desarrollo social y económico de la región. Y que también trabajarán de manera conjunta con los albergues de sociedad civil dedicados a brindar ayuda humanitaria a esta población.

La parte medular de esta iniciativa se centra en “bajar” a los migrantes del tren de carga. Sin considerar que para ellos subir a “La Bestia” no es opcional, es su único camino para llegar a Estados Unidos, debido a que carecen de los recursos suficientes para pagar el transporte a la frontera norte de México.

Ante esta realidad, la modernización de esta vía de comunicación, la cual tendrá un costo de 6 mil 58 millones de pesos, no garantiza que los migrantes dejen de subir al tren. Sólo que ahora, lo harán enfrentando más riesgos, debido a que el ferrocarril será más veloz.

También llama la atención, la estancia permanente de la fuerza pública en la frontera sur, ya que no menciona de qué forma combatirán la corrupción de los elementos policíacos y agentes migratorios. Y es que según testimonios de migrantes, son los uniformados quienes les extorsionan, y también quienes los entregan a manos del crimen organizado.

Esta problemática fue documentada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por el país. En este documento, presentado el pasado 18 de agosto, incluyó 39 recomendaciones en la materia.

En su informe titulado “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”, la CIDH expresó su preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en México, a la que califica como “una de las principales tragedias humanitarias en la región”.   Encontró que durante 2010 el Instituto Nacional de Migración detuvo 69 mil 903 migrantes en situación ilegal. Una vez que son detenidos, los migrantes son llevados a celdas que carecen de buena circulación de aire y con ventanas pequeñas que no permiten el correcto paso de la luz. Además, algunos migrantes son detenidos por periodos prolongados; meses y, en algunos casos, superan el año. Durante este tiempo, no reciben una adecuada representación legal. También documentó que en las estaciones migratorias no cuentan con protocolos que permitan evaluar la situación especial de los menores y determinar el Interés Superior del Niño.

Ante este panorama, la CIDH hizo diversas recomendaciones entre las que destaca la urgencia de garantizar los derechos de las personas migrantes como víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos. Frente a las diversas formas de violencia que afectan a los migrantes, como robos, extorsiones, secuestros, trata, asesinatos y desapariciones, entre otros, la Comisión Interamericana recalcó la importancia de una política de seguridad ciudadana para la población migrante y en el contexto de la movilidad humana.

Durante la presentación, el Relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, expresó que México tiene responsabilidades, independientemente del actuar o no de otros países. Destacó que para algunos temas se necesita voluntad política, y que muchos otros temas no dependen de si hay o no recursos.

José Knippen, investigadora del proyecto de migración de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló que el contraste de estas recomendaciones y el Programa Integral de la Frontera Sur, el cual está enfocado en el control del flujo migratorio a través de la coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales en la zona. A decir de la especialista, preocupa que el gobierno mexicano no aclara cómo subsanará la corrupción en los distintos niveles del mismo gobierno. También alarma el enfoque de la colaboración policial, “si ya hemos visto que el mayor despliegue de fuerzas policiales y militares no disminuye la violencia”.

Otro aspecto de la estrategia que no se ha informado públicamente, es el eje de desarrollo de la zona frontera sur. Probablemente esto significa que se priorizará, como ha hecho la actual administración con sus reformas recientes, la inversión privada en los estados y municipios fronterizos, mientras se abordarán problemáticas sociales con una perspectiva asistencialista.

Este eje busca controlar el flujo migratorio, ya está empezando a operar: se han hecho varias declaraciones sobre el tren y se han realizado operativos en lugares donde los migrantes suben al ferrocarril. Estas acciones se basan en dos ideas erróneas: la primera, que el problema sea el tren. “Si pensamos que el problema es el tren, no vemos las causas de la migración y nos quitamos de responsabilidades, mientras aumentamos los riesgos para los migrantes”. La segunda es la intensificación de la colaboración entre autoridades migratorias y fuerzas de seguridad, la cual representa un error si son instancias con problemas estructurales de corrupción y falta de controles que requieren reformas de fondo.

La estrategia para la frontera sur parece ser un reflejo del doble discurso frente al fenómeno migratorio. Se trata de una política reactiva que dice regirse por principios de derechos humanos, mientras de facto prioriza el control e implementa prácticas persecutorias, con o sin ley en la mano.

Para el Movimiento Migrante Mesoamericano, con este Programa “se oficializa la cacería migrante en México con el Plan Frontera Sur”. Rubén Figueroa, vocero del Movimiento, mencionó que es “ignorante pensar que modernizando el ferrocarril se solucionará el tema de la migración, pues ‘La Bestia’ es un transporte obligado para los migrantes sin recursos”.

Por su parte, Andrea González Cornejo, integrante de Ustedes Somos Nosotros, sostuvo que las medidas anunciadas por la Secretaría de Gobernación son “discriminatorias” y colocan a las personas migrantes “en una situación de vulnerabilidad”. Para la activista, el Programa Frontera Sur, que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto para contener la migración centroamericana, se asemeja más a una “Border Patrol mexicana”.

Si ante este panorama, el gobierno mexicano atiende las recomendaciones de la CIDH como garantizar de manera inmediata la vida y la integridad personal de los migrantes en territorio mexicano mediante acciones concretas que faciliten el tránsito seguro de todos los habitantes, por ejemplo, el establecimiento de centros de atención a migrantes en las rutas migratorias, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, campañas masivas de información sobre los derechos de los migrantes, es probable que México avance en el respeto de los derechos de estas personas durante su tránsito por el país.

Por el contrario, de continuar priorizando la seguridad de la frontera y el territorio en lugar de la seguridad de las personas, aumentará la vulnerabilidad de los migrantes al buscar nuevas rutas para cruzar el país y alcanzar el “sueño americano”.

Si además de atender las recomendaciones de la CIDH, el gobierno federal implementa a cabalidad el Programa Especial de Migración, elaborado con la colaboración de diversas organizaciones, podrá responder de forma integral a la problemática migratoria, mediante la articulación de las instancias públicas que intervienen en el tema migratorio. Pero, si deja de lado la política pública, que ha sido diseñada por especialistas en el tema, la violación de los derechos humanos de las personas migrantes no sólo continuará sino muy probablemente empeorará con la operación del Programa Integral de la Frontera Sur.