Header IDHIE
Más boletines...
Header Ibero  
Pide Centro Fray Julián Garcés atención a la trata de personas en Tlaxcala
« Regresar al boletín
 

Desde el  Observatorio Latinoamericano contra la Trata y el Tráfico de Personas con presencia en 16 países; el Colectivo Migraciones para las Américas con presencia en Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos y Canadá; la Mesa Transfronteriza de Migración y Género con Presencia en México y Guatemala; el Colectivo contra la Trata de Personas en México con presencia en 8 estados y las organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Personas en Tlaxcala; quienes sumamos más de  300 organizaciones y universidades, nos pronunciamos:

Ante el creciente número de víctimas de trata de personas. Según el Diagnóstico de Trata de Personas en México 2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 1, 549 mujeres fueron identificadas como víctimas de las cuales 148 son Tlaxcaltecas, ocupando el lamentable tercer lugar a nivel nacional, después de Chiapas y el Distrito Federal.  En Tlaxcala, las denuncias han ido en incremento pues de 2000 a 2005 existieron 76 denuncias (según fuentes hemerográficas), de 2006 a 2008 existieron 57 denuncias (según estudio de Patricia Olamendi),  mientras que de abril de 2011 a agosto de 2013 se denunciaron 171 casos, de los cuales, solo 6 llegaron a sentencia condenatoria y una absolutoria.

Recientemente el Centro Fray Julián realizó una encuesta buscando “Conocer la percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual en el estado de Tlaxcala y en sus municipios”.  Se aplicó en 26 municipios y en ella se revelan los siguientes datos:

El 85 % de las personas encuestadas reconoce en el estado de Tlaxcala la existencia de la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual.

A la pregunta ¿Sabes si existen municipios del Estado donde hay trata de mujeres para la explotación sexual o personas que se llevan a mujeres a otros lados para ser explotadas sexualmente? Las personas respondieron la existencia de este delito en 35 municipios; cifra que supera la reportada en 2008 por Patricia Olamendi en el estudio “Trata de Mujeres en Tlaxcala”, donde se aludía a 23 municipios; es decir, que en 6 años esta conducta criminal se ha expandido en un 34%. Recordemos que esta encuesta solo se aplicó en 26 municipios y no en  60 como lo hizo la Dra. Olamendi; de haber sido así, con toda certeza la cifra aumentaría.

En todos los municipios encuestados, se reconoció la existencia de trata de mujeres y niñas; En 15 de ellos más de la mitad de las personas reconoce la existencia de la explotación sexual de mujeres y niñas. Más de la mitad de las personas encuestadas (58.78%), mencionó que dicha explotación ha aumentado o sigue igual, entre las razones de esto, de acuerdo a la percepción ciudadana encontramos que: el 41.7% señala que el gobierno no realiza acciones de prevención, no castiga a los tratantes y no cierra lugares de explotación; el 23.53% alude que la pobreza ha aumentado como una causa; el 11.46% considera que es porque los consumidores siguen demandando mujeres y niñas para tener relaciones sexuales; y el 18.17 considera que es porque las autoridades se benefician de esto y hay corrupción.

Con relación a la existencia de lugares para la explotación sexual, 56.6% de los encuestados señalan que van en aumento o que siguen igual.
Sobre las existencia de redes de tratantes, el 53.74% señala que la existencia de redes familiares en sus municipios ha crecido o sigue igual. Las razones expresadas son: 28% considera que es mínima la detención y sentencia de tratantes; 28.21% señala que es porque se deja en libertad a tratantes detenidos; 25.04% les deja mucha ganancia y; 15.53% porque hay complicidad de las autoridades con las redes de tratantes.

Respecto a las acciones que ha realizado el gobierno estatal, 4 de cada 10 personas encuestadas percibe que no han hecho nada y quienes consideraron que se ha realizado alguna acción, el 33.85%, señalaron que las acciones gubernamentales  no han funcionado. El 49.52% perciben que los resultados son mínimos.

Este conjunto de datos es preocupante. No es admisible que el delito se extienda territorialmente en Tlaxcala y trascienda las fronteras, cuando existe un marco normativo amplio y suficiente, que de implementarse, impactaría en su erradicación. El estado de Tlaxcala cuenta con políticas públicas establecidas en la Estrategia y Plan Sexenal contra la Trata de Personas, que definen con claridad los objetivos, actividades, responsables e indicadores de cumplimiento y que deben mirarse en su conjunto con el resto de las leyes y programas existentes a nivel federal e internacional.

Desde la percepción ciudadana y el desempeño de la labor de  las organizaciones sociales, vemos que la política pública existente se aplica de manera mínima y no está atacando de raíz el problema, así mismo vemos que no se aplica en los municipios de alta prioridad. No se difunde información sobre las acciones gubernamentales y no hay transparencia ni acceso a la información a través de solicitudes de información pública respecto al cumplimiento de objetivos planteados en el Plan Sexenal contra la Trata.  La respuesta del Presidente del Consejo Estatal contra la Trata en voz del Secretario de Gobierno fue textualmente: “Los integrantes del Consejo Estatal contra la Trata de Persona, acordamos clasificar como INFORMACIÓN RESERVADA, por un término de DOCE AÑOS y por acuerdo unánime, toda la información que derive de la ejecución de las acciones señaladas en el Plan Sexenal del Consejo Estatal contra la Trata de Personas y de la Estrategia Estatal para Prevenir la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas, excepto las que se refiera a talleres y cursos”; respuesta carente de fundamentación y con una motivación a todas luces ilegal y violatoria del derecho humano al acceso a la información pública y a la verdad.

Por todo ello exigimos:  

La implementación de las políticas públicas existentes a nivel federal, estatal y municipal establecidas en la Estrategia Estatal y su Plan Sexenal contra la Trata.

Que cada una de las acciones que desde el gobierno estatal se desarrollen, sean  con transparencia, rendición de cuentas, asignación presupuestal y encausadas a la prevención, atención, persecución, sanción y reparación del daño de las víctimas y sus familias.

Implementar  mecanismos que brinden protección y atención integral a las víctimas en espacios adecuados y seguros,  que permitan la reintegración integral y la recuperación de un proyecto de vida.  

Así mismo que la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala garantice la justicia pronta y expedita a las víctimas pues en total de 2000 a 2013 han existido 304 denuncias.

Desarrollar y ejecutar acciones de prevención coordinadas entre las diversas instancias gubernamentales como lo mandata el Plan Sexenal, los instrumentos nacionales e internacionales.

Asimismo, las organizaciones aquí firmantes, reprobamos que el gobierno estatal simule acciones tendientes a minimizar la problemática en la región a través de legislaciones y  políticas públicas que han sido ignoradas.

Tlaxcala, Tlaxcala a 19 de septiembre de 2014

 

Vocería:
Maira Rojas y Mónica Salazar, Colectivo Contra la Trata de Personas en México.
Antonia Chávez, Observatorio Latinoamericano contra la Trata y Tráfico de Personas capítulo  México.
María Guadalupe García Vargas, Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Ivonne Bagnis,  Iniciativa Popular contra la Trata de Personas.