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Conforman comité por la libertad de los presos políticos y el cese a la represión social en Puebla
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Durante los casi cuatro años del gobierno de Rafael Moreno Valle han sido detenidos decenas y decenas de ciudadanos por llevar a cabo protestas ante situaciones de injusticia social. En agosto de 2014 se encontraban en las cárceles poblanas al menos 33 hombres y mujeres recluidos por esta razón, diez en libertad condicional y otro número similar de órdenes de aprehensión en proceso de ejecución. La inmensa mayoría son campesinos que se han resistido a la imposición de proyectos gubernamentales no aceptados por sus comunidades.

Sin temor a equivocarnos, en todos los casos se ha actuado sin la observancia de los procesos jurídicos a que tienen derecho cualquier ciudadano.

La intención del gobernador Rafael Moreno Valle por suprimir la disidencia con mecanismos como la represión y la instauración del miedo, se expresa en la existencia de la popularmente conocida “Ley Bala”, que a pesar de que este mandatario ofreció abrogar en un momento álgido de la protesta social luego de los hechos de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio, no ha ocurrido, ni hay indicios de que ocurrirá.

El exceso de fuerza aplicada por los policías es más que evidente. En este pueblo de Chalchihuapan fue muerto por una bala de goma el niño de 13 años José Luis Alberto Tehuatlíe Tamayo, y heridos con los mismos proyectiles media docena de personas más, amén de otro centenar de lastimados en la refriega.

Muchas de las acciones del gobernador poblano son resultado de políticas del gobierno federal, como la del gasoducto o las minas e hidroeléctricas, y en esta medida hay una corresponsabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto que no puede ni debe soslayarse. Sin embargo, la interpretación y aplicación que Moreno Valle hace de ellas las lleva a extremos de violencia no vistos en Puebla desde hace décadas.

Ha habido muchos embates más contra manifestaciones de protesta, prácticamente desde el inicio del sexenio: a pensionados y defraudados en sus ahorros.  Por la detención de jóvenes activistas que escribieron consignas en internet, lo que les valió ser detenidos y torturados.  Por la oposición a la construcción del gasoducto que pasa por la zona de peligro del volcán Popocatépetl.  Por movilizaciones contra la persecución, muchas veces violenta a los mototaxistas de diferentes municipios; debido a protestas contra la supresión de rutas de transporte para imponer un metrobús que no ha resuelto las necesidades sociales y sí, se ha convertido ya en una nueva carga para la deuda pública por su mal manejo financiero.  Resistencia a las nuevas cuotas de agua a partir de la privatización, llena de opacidad, de un servicio que era público.  Por oponerse a la construcción de minas e hidroeléctricas… Y especialmente, la firme y creciente oposición al retiro del servicio del Registro Civil y otras medidas antimunicipalistas impuestas por Moreno Valle en las juntas auxiliares y avaladas sin miramientos por el Congreso del Estado, muchas de las cuales atentan contra la identidad de los pueblos.

Existe una importante oposición de los defensores del patrimonio edificado, que el gobierno ha ido dañando con obras cuya pertinencia nunca demuestra; fueron afectados o destruidos edificios históricos en el centro de la ciudad y hoy día crece la resistencia por las afectaciones a la zona arqueológica de Cholula.

Además del niño Tehuatlíe, han ocurrido dos muertes más de tipo político; una, la de Antonio Esteban, en Cuetzalan, luchador campesino contra las hidroeléctricas, y la del anciano Delfino Flores Melga, a quien no se le dio el beneficio de la libertad caucional a sus 90 años y murió en la cárcel. Igualmente, está el caso del asesinato del exrector de la UAP, Samuel Malpica Uribe, cuyo esclarecimiento está pendiente. La más reciente represión fue la incursión violenta de policías en las instalaciones de las radios comunitarias de Tlaxcalancigo y Zacatepec y el envío de granaderos a Cholula.

El Ejecutivo del estado ha sido obligado por las circunstancias a dialogar en algunos casos, luego del empleo desproporcionado de medidas represivas, pero las reuniones llevadas a cabo son siempre conducidas por los operadores gubernamentales hacia la inoperatividad y  con una fuerte manipulación mediática.

Desde el inicio de su mandato, Moreno Valle instruyó a un Congreso estatal totalmente sometido a sus designios, a que aprobara una tras otra y sin discusión alguna, leyes con las que pretende concentrar el poder y suprimir la protesta: la de transparencia, la de libertad de expresión, la de expropiaciones, la de nombramiento de jueces, la de la reforma del sistema de agua, y la célebre Ley bala. La aplicación de estas medidas legislativas han ocasionado las protestas, pero no se ha echado marcha atrás en ninguna.

Hay que agregar una firme protesta por la política de hostilidad y acoso contra los periodistas y medios de comunicación que no se han sometido a la política de control absoluto del gobernador. Igualmente, condenamos los violentos asaltos y robos a casas de personajes opositores como la panista Ana Teresa Aranda.  El investigador universitario Ricardo Pérez Avilés y varios alumnos suyos.  El dirigente sindical de los telefonistas Marco Antonio Mazatle.  El universitario y periodista Luis Enrique Sánchez.  El comisariado de bienes comunales de Amecac, Avelino Velázquez Tapia, y otros personajes de la vida pública poblana.

En un anexo a la presente, enlistamos las personas que se encuentran detenidas en las cárceles poblanas y los periodistas que han sufrido acciones violentas.

Para realizar acciones contra esta política de supresión de los derechos políticos y humanos de los poblanos, hemos creado el COMITÉ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y CONTRA LA REPRESIÓN SOCIAL EN PUEBLA, que define en su nombre el propósito exclusivo de sus actos, que es ciudadano y apartidista, y que realizará sus esfuerzos de manera pacífica hasta que todos estos presos sean puestos en libertad y los procesos en contra de los ciudadanos que han llevado a cabo protestas sean suspendidos.

Así quienes han firmado y el COMITÉ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS Y CONTRA LA REPRESIÓN SOCIAL EN PUEBLA, exigimos la libertad inmediata de los detenidos, la supresión de los procesos judiciales contra los perseguidos por participar en estos movimientos, y la instauración inmediata de mesas de diálogo público con la presencia de las autoridades estatales, municipales y federales, las representaciones de los movimientos sociales que son reprimidos, y con la asistencia de organizaciones ciudadanas que atestiguan su buen desempeño.

COMITÉ POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS SOCIALES Y CONTRA LA REPRESIÓN SOCIAL EN PUEBLA.