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Crimen y Castigo
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Benjamín Cuéllar

Quizás a mucha gente no le resulte extraña la peculiar forma de hacer un chiste, con la descripción continuada de tres actos para finalizar preguntando: “¿Cómo se llama la obra?”. Y ante la casi siempre falta de respuesta por parte de la persona interrogada, le sigue el título ingenioso y gracioso de la misma. No siempre funciona, pero en la mayoría de los casos sí. Va un ejemplo. Primer acto; Un perro muerde a un hombre; segundo acto: el mismo perro vuelve a morder al mismo hombre; tercer acto: el mismo perro muerde de nuevo al mismo hombre. ¿Cómo se llama la obra? Remordimiento. Así las cosas, hoy llegó el momento de ofrecer una obra salvadoreña inconclusa pero iniciada hace casi veinticinco años.

El primer acto se consumó en una sola puesta en escena, el 16 de noviembre de 1989. Sí, seguro ya adivinó usted de qué se trata. La madrugada de ese día, varias decenas de militares pertenecientes al feroz y sanguinario batallón “Atlacatl” –tropa élite de la Fuerza Armada de El Salvador– penetraron las instalaciones de la UCA para asesinar con la mayor saña posible a dos mujeres y seis curas jesuitas. Las ocho eran personas pacíficas y estaban desarmadas; por tanto, como ocurrió, no reaccionarían violentamente. Era, pues, una operación “fácil”, pero planificada y coordinada desde el más alto nivel. De no ser así, habría sido imposible realizarla. Esa cantidad de hombres que incursionó en el recinto académico, no pudo moverse libre y tranquilamente fuera del mismo pues desde hacía días –de forma permanente– el mismo se encontraba rodeado por varios cordones extensos de seguridad policial y militar.

El segundo acto, es muchísimo más largo, comenzó inmediatamente después de realizado el crimen colectivo. Se trata del encubrimiento y la impunidad institucional para proteger a todos  sus responsables. Los mismos verdugos se encargaron de fingir un enfrentamiento y dejar colgado en un portón el cartel, escrito por uno de ellos al momento de la retirada, que decía: “El FMLN hizo un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir…FMLN”. Esa inicial y primitiva versión fue respaldada luego por el mando del estamento castrense y el Gobierno; ya más elaborada, fue repetida una y otra vez dentro y fuera del país.

Cuando se le vino el mundo encima a Alfredo Cristiani, entonces presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, éste salió con una “campeonada”: presentó los resultados de la investigación que realizó una “comisión de honor” –no tan honorable, por cierto– la cual se encargó de señalar a los soldados que dispararon contra cabezas pensantes y cuerpos indefensos, a los oficiales que dirigieron el operativo en el terreno y al coronel que transmitió la orden proveniente del Estado Mayor. Pero siempre sin tocar lo intocable.

Se realizaron investigaciones viciadas y un juicio fraudulento a ese grupo de acusados, manteniendo siempre que la idea había sido de un solo hombre. La “ocurrencia” fue de ese coronel mensajero: Guillermo Alfredo Benavides Moreno. De él y de nadie más. En medio de una guerra cruenta como la que se desarrollaba en el país desde enero de 1981, este oficial no era conocido precisamente por ser un buen militar de combate. Pero, aun así, lo nombraron jefe del “comando de seguridad” más importante en medio de la más grande ofensiva guerrillera, iniciada días atrás. En ese perímetro se encontraban la sede del mismo Estado Mayor de la Fuerza Armada, la del el Ministerio de Defensa y Seguridad Pública, la Dirección Nacional de Inteligencia y la colonia residencial donde vivían altos oficiales; también la UCA y la casa que habitaba el embajador estadounidense, estaban dentro.

“Extraña” decisión, como también lo fue que a este apocado coronel le asignaran parte de la crema y nata del ejército para tenerla sin mayor oficio. Lo único que hizo la tropa del “Atlacatl” cuando llegó el lunes 13 de noviembre de 1989 a la Escuela Militar, que dirigía Benavides Moreno, fue “catear” la residencia de los jesuitas en terreno universitario. Luego pasaron de balde el martes 14 y el miércoles 15, mientras sus colegas libraban encarnizados combates con las fuerzas insurgentes. Ese comando especial dejó el ocio en que lo tenían, para entrar de nuevo la UCA y ejecutar a sangre fría a dos mujeres y seis sacerdotes en la madrugada del jueves 16. Inmediatamente después lo mandaron adonde debía estar: en el campo de batalla enfrentando al “enemigo”.

Tanto dentro del país como fuera del mismo, las familias de las víctimas y la Compañía de Jesús denunciaron a los autores intelectuales y a sus cómplices. El sistema nacional funcionó de diversas formas, pero para favorecer a los criminales. El regional, en cambio, funcionó para bien y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a El Salvador investigar los hechos y sancionar a todos los responsables, reparar el daño a las víctimas y dejar sin efecto la ley de amnistía. Pero ni Francisco Flores, ese que está preso señalado como ladrón ni los otros jefes de Estado que le siguieron, se atrevieron a hacer lo que debían: acatar tales recomendaciones. Fin, pues, del segundo acto.

Y el tercer acto, todavía no acaba. Empezó el 13 de noviembre del 2008 en Madrid, cuando dos organizaciones de derechos humanos presentaron una acusación en la Audiencia Nacional de España. Al negarles justicia a las víctimas dentro del país, la están buscando fuera el estadounidense Centro por la Justicia y la Responsabilidad, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Lo hacen, pese a los obstáculos pues también allá se cuecen habas. Porque quienes enfrentan en esos tribunales cargos por graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, entre otros, muchas veces tuvieron o tienen poder; si no, cuentan con el apoyo de otros enormes poderes tras ellos, que buscan protegerlos y protegerse.

Como sea, la aplicación de la justicia universal en aquel país ha estado en la mira de sus enemigos para quitarle dientes. Pero no lograron que el caso de la masacre en la UCA saliera de la Audiencia Nacional de España, la cual decidió en pleno hace unos días que el juez Eloy Velasco continúe el juicio. Por eso, este último acto no ha acabado. ¿Cómo se llamará la obra cuando termine? Elemental: “Crimen y castigo”. No hay esperanza de que como Rodión o Rodia, protagonista principal de la célebre novela de Dostoievski, los principales responsables de ese crimen colectivo confiesen. No los ha mordido ni una tan sola vez la culebra salvadoreña llamada “justicia”, para que sientan remordimiento.

Pero sí existe la confianza de que sean castigados. Porque el perdón de las víctimas no debe detener el proceso judicial de sus victimarios. Juan Pablo II visitó a quien lo quiso matar en 1981: el turco Mehmet Ali Agca. Lo hizo cuando ya se encontraba purgando su condena. Llegó a perdonarlo, pero no a sacarlo de prisión. Es demasiado peligroso frenar el funcionamiento de las instituciones. En el caso de la masacre en la UCA, las que existen en la jurisdicción universal deben actuar porque dentro de El Salvador el sistema blinda –con la impunidad– a los delincuentes de altos vuelos. Además, siempre hay que recordar la frase de Gloria Giralt de García Prieto: “El que mata y queda impune vuelve a matar”.  

Ella, ejemplo ya histórico de lucha en defensa de sus derechos y de los derechos de otras víctimas, escribió el 2 de abril lo siguiente: “Yo por mi parte puedo asegurar que he perdonado, como cristiana que soy, a los asesinos de mi hijo y deseo fervientemente que ellos comprendan el valor de sus propias almas respecto a esta vida tan pasajera, para que cumplan con lo que deben a la sociedad y alcancen la tranquilidad de sus conciencias, condición tan necesaria para ser salvados. Pero este perdón no me impide ni me impedirá, nunca, pedir y exigir hasta el último instante de mi vida una justicia clara, impecable, legítima y tan necesaria para una democracia que beneficie a todos los salvadoreños”.