Header IDHIE
Más boletines...
Header Ibero  
Violencia y derechos humanos
« Regresar al boletín
 

Sergio Luna Cuatlapantzi

El XI foro de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita realizado en la universidad Iberoamericana Puebla permitió analizar desde múltiples miradas la realidad de los derechos humanos en México. El contexto social previo a su realización parecía dar muestras de esperanza ante el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, como una expresión de nuevas formas de democratización de los espacios de poder. Este ánimo de esperanza sin embargo fue prácticamente acallado enseguida ante los hechos de violencia cruel, de impunidad, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de criminalización y de exterminio contra quienes en los últimos días buscaban defender su dignidad y sus derechos.

Ineludiblemente las reflexiones de este espacio se vieron confrontadas por acontecimientos como la ejecución de veintidós personas a manos de militares en Tlatlaya Estado de México, hechos calificados por algunas organizaciones de derechos humanos como una de las más graves masacres ocurridas en México; por el asesinato de seis personas y la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero; por el asesinato del líder comunero Atilano Román en Mazatlán Sinaloa; por el presunto asesinato de María del Rosario Fuentes Rubio, quien desde una red social denunciaba las acciones del crimen organizado en su estado; así como por la muerte de Margarita Santizo, quien desde hace cinco años buscaba a su hijo desaparecido y que a su muerte fue velada frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación como una última acción de reclamo a las autoridades mexicanas por la falta de atención y de investigación para dar con el paradero de su hijo. El ambiente también se vio sacudido por el dolor y el coraje que expresaron las madres de personas desaparecidas.

El contexto local también permeó las reflexiones ya que las mismas víctimas denunciaron los hechos de represión cometidos contra defensores, defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios como las treinta y tres personas que hasta agosto se encontraban presas o sometidas a proceso por ejercer su derecho a la protesta o por defender su patrimonio ante la implementación de megaproyectos como el gasoducto del proyecto integral Morelos, el proyecto de construcción de la plaza de las siete culturas en San Andrés Cholula o a la represión en contra de pobladores de la comunidad Chalchihuapan.

Con este telón de fondo se analizaron otras problemáticas de derechos humanos. Se evidenció que el llamado “terrorismo patriarcal” mantiene su vigencia en nuestra sociedad y toma graves expresiones a través de los feminicidios y la violencia sexual. Que permea a los sistemas de procuración y administración de justicia provocando que las víctimas se les niegue prácticamente el ejercicio de este derecho. En este sentido se reconoció que el fenómeno de la trata de personas en México está vinculado a los feminicidios y a la desaparición de personas. Actualmente es controlado en un 70% por los cárteles del narcotráfico. Problemática va adquiriendo nuevas finalidades pues ahora se involucra a niñas en el “sicariato”, como esclavas sexuales de jefes de plaza del narcotráfico, incluso como “niñas dedo” para observar a personas y familias que pueden ser objeto de extorción. Frente a estas situaciones, las instituciones del estado se han visto rebasadas, provocando que las mujeres que deciden recorrer el proceso en búsqueda de justicia deban enfrentar graves limitaciones y procesos de revictimización causada por la falta de sensibilidad, de capacitación y desconocimiento del tema por parte de los operadores de las instituciones.

La situación de los derechos humanos de hombres y mujeres migrantes no es distinta, el tránsito de esta población por México sigue siendo un calvario por la violencia desatada por el crimen organizado. Actualmente se ha evidenciado la crisis de los menores no acompañados, visibilizado la magnitud de las limitaciones que tienen las políticas migratorias a nivel mundial.

En este contexto la reforma penal enfrenta importantes retos para el acceso a la justicia en México. En 2016 este nuevo sistema penal acusatorio debe entrar en vigor en todos los estados de la república; sin embargo su proceso de implementación ha adolecido de transparencia y claridad en cuanto al destino de los recursos. A esto se suma el reto de abandonar el uso excesivo de la prisión preventiva en México ya que, según los especialistas, actualmente por cada 100 casos que se resuelven 45 resultan en la prisión, lo que provoca que las cárceles en México actualmente presenten condiciones de hacinamiento en un 127%, condiciones que generan graves violaciones a derechos humanos para la población interna, particularmente a la población que enfrenta condiciones de pobreza.

A decir de Zibechi, es necesario no perder de vista que el mundo actual se rige por un sistema económico neocapitalista basado en la acumulación por desposesión. En América Latina los derechos humanos se han incorporado en las diversas luchas sociales y en el discurso de los gobiernos progresistas, sin embargo son estados débiles frente a multinacionales fuertes, lo que provoca incluso que las fuerzas policiales reciban más dinero de las bandas criminales que de sus propios salarios, apoderándose así el crimen organizado del control de los territorios.

Al respecto otros factores estructurales que provocan vulnerabilidad de derechos pueden observarse en el 55% de alza que han experimentado las tarifas eléctricas en los últimos años. La actual reforma energética permitirá la expropiación de predios para actividades extractivas y fracking. El paquete de reformas del ejecutivo permitirá el establecimiento de marcos de negociación de hidrocarburos y energía eléctrica, en los que la propiedad social de la tierra se podrá vender, arrendar, o cambiar de uso de suelo para servidumbres de paso cuando las empresas requieran de los terrenos para sus actividades extractivas. Estas reformas traerán consigo efectos contrarios a los consumidores finales ya que verán un incremento en los precios de los servicios de energía eléctrica y la reducción de recursos destinados a obras sociales.

En este contexto preocupa el papel de los medios de comunicación y es que México ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a concentración de medios en manos de pocos actores lo que provoca que su política editorial limite la libertad de expresión y no se garantice a las personas el derecho de acceso a la información. En este contexto de violencia se reconoce la necesidad de comunicar las noticias relacionadas con estos hechos desde un enfoque de derechos humanos, de tal forma que los hechos no se sigan litigando en los medios de comunicación. Se reconoce que la violencia que se vive en el país, mantiene a los periodistas en riesgo para el ejercicio de su profesión, de ahí que preocupe que las reformas legislativas secundarias a las telecomunicaciones muestren una tendencia al control de los medios por parte del Estado.

En este contexto se reconoce que los defensores y las defensoras de derechos humanos desde tiempo a tras han sido desprestigiados en su labor y reprimidos por las propias autoridades. Pero la realidad actual de violencia que enfrentan ha sido calificada como una “guerra en contra del pueblo”. Frente a esta realidad adversa para la vigencia de los derechos humanos toma fuerza la necesidad de generar procesos y acciones de resistencia que mantengan y eviten perder la esperanza. Es necesario apostar y construir posibilidades de exigibilidad de los derechos humanos, a partir del ejercicio de una ética de la cordialidad como la propone Adela Cortina, que permita establecer nuevo tipo de relaciones, si perder la memoria histórica de los crímenes atroces que dan lugar a la vigencia y construcción de los derechos humanos en la historia.

En la tarea de construir un sentido de esperanza es importante comprender que los derechos humanos no se pueden ejercer sin que se tenga el poder de cambiar la realidad como lo ha establecido Zibechi, por lo que es necesario generar acciones que permitan reclamar los derechos, promoviendo su sentido intersubjetivo, político y comunitario. Frente a estos retos, la Universidad deberá asumir la tarea de ayudar a develar y explicar lo que ocurre en el país. A partir de análisis críticos desde la perspectiva de los derechos humanos, debe colaborar para comprender la realidad actual y sus perspectivas, generando procesos de vinculación con los diversos sectores de la sociedad que permitan transformarla en beneficio de quienes cargan con los resultados de este sistema desigual.