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Los mototaxis y la anulación de la vida
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María del Pilar Noriega Gómez

Las comunidades indígenas y pueblos son las terminales de un entramado de redes sociales políticas y sociales, decía el antropólogo Eric Wolf. Las relaciones que se han manifestado entre gobierno y las comunidades muestran bien que éstas últimas ya no sirven al poder neoliberal ya que en la actual situación quitar funciones jurídicas (tales como los registros civiles) a las juntas auxiliares es tan significativo como desaparecer todo tipo de relaciones sociales que permitan formas de reproducción comunal. De este modo, si bien los mototaxis representaron una alianza con el poder anterior, las relaciones complejas que tejen los mototaxis trascienden en los hechos puesto que no sólo son en potencia una base real para la movilización social sino que también dan vida a comunidades que, durante los últimos años han querido ser transformadas para dar paso a proyectos como el Gasoducto (Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, etc.) o el Arco Poniente (San Andrés Calpan y otros). La actuación del gobierno de Puebla pareciera ser el reflejo de todo un proceso de mundialización de la economía y un poder global que despoja y somete pueblos y territorios; sin embargo, lo particular del caso de Puebla es que se evidencia la falta de gobernabilidad reflejada en el uso indiscriminado e innecesario de la violencia, es decir, un despliegue del autoritarismo porque es ya la violencia el sentido común para hacer la política en nombre de una economía que no contempla las necesidades de la mayoría de su población.

Esto es lo que podemos observar en el caso de los operativos durante el 2014 en Puebla en contra de los mototaxistas cuya historia comienza desde el 2011. En el comunicado 171 del mes de Junio de 2011, el Congreso de Puebla aprobó un acuerdo que revisaría el marco legal sobre la situación de los servicios públicos de transporte con la finalidad de analizar la situación de los Mototaxis. Aquellos mototaxis que no contaran con lo dispuesto en la Ley y las garantías serían retirados de circulación. El tema de la seguridad era entonces el argumento central para la prohibición de dicho servicio. Así, el Dictamen Técnico Operativo con respecto a los Mototaxis  mostraba que los análisis técnico operativo, económico, ambiental, comparativo y legal de las unidades, no contaban con los lineamientos de seguridad para el usuario, además de considerase peligrosas y contaminantes. Dicha reunión contó con la asistencia del Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, Víctor Manuel Barceló y de los diputados Inés Saturnino López Ponce (PAN), Denisse Ortiz Pérez (PAN), Héctor Eduardo Alonso Granados (PAN), Felipe David Espinoza Rodríguez (PRI), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (PRI) y José Juan Espinosa Torres (Convergencia). (Poblanerías 15 junio 2011). De manera que el problema de los mototaxis mostró algunos signos de pugnas políticas; pues hay que recordar que durante el 2011 había en circulación 3 mil 500 mototaxis operando en la entidad. Este volumen de permisos para mototaxis fue otorgado en los últimos meses del 2010 por el gobierno de Mario Marín quien les “vendió” unos hologramas o “permisos” de 5 mil pesos; éste servicio era brindado por mujeres que representaban el 30 por ciento de la fuerza trabajadora en ese empleo para poder obtener algún ingreso y apoyar a la economía familiar y el 70 % eran hombres de la tercera y mediana edad, incluso menores de 18 años. (Lado B, 15 Agosto 2011).

El cambio de gobierno significó echar atrás aquellos programas y dar paso a hacer cumplir una reforma impulsada por el gobierno de Rafael Moreno Valle. Las bases para eliminar los mototaxis han girado en torno a la seguridad dejando de lado aspectos como el derecho a servicios accesibles e incluso el derecho al trabajo. De este modo, a lo largo de estos años Moreno Valle ha empleado varios caminos para su eliminación; uno de ellos es el canje de mototaxis por taxis, el segundo camino ha sido a través de operativos con uso de violencia. El primero fue el programa de canje que desde el 2011 tenía como finalidad la sustitución de los mototaxis a cambio de un taxi (programa 2 por 1). El proyecto arrancó en 46 municipios, sin embargo, en los ayuntamientos de Coronango, San Pedro Cholula, Juan C Bonilla y Nealtican, los mototaxis continúan en circulación  (E consulta 31 de marzo 2014).

El segundo camino ha sido el uso de la violencia generalizada que se ha hecho por parte de las autoridades en el 2013 y el 2014. Por ejemplo, en el 2013 el gobierno de Moreno Valle decomisó más de 200 mototaxis de diversas comunidades rurales del estado, una de ellas San Matías Tlalancaleca, lugar donde dicho servicio ha funcionado por 18 años y que brinda sus servicios a labriegos, amas de casa y estudiantes.(la jornada de oriente 31/07/2013).

Los hechos de violencia, según el Frente de Usuarios y Mototaxistas incluyen el abuso de autoridad, robo y tentativa de homicidio; de hecho usan las camionetas de la Secretaría de Transportes para acorralar, atentando con la vida de los ocupantes, dichas mototaxis.
Un caso sobre la falta de atención a estos ciudadanos es el de Daniel Zambrano Martínez, del municipio de Acatzingo. No era fácil para Daniel dejar el taxi cuyo costo fue de 55 mil pesos, Modelo King–200. En los operativos realizados le fue decomisado su vehículo mismo por el que pagó la multa por 3 mil 69 pesos. A pesar de ello nunca le fue devuelto su vehículo. Por otro lado, el matrimonio de Bernardo Medina Flores y Clara Vázquez Juárez, habitantes de Soltepec, también explican el esfuerzo que hicieron para adquirir un mototaxi hace más de dos años, La Jornada de Oriente. 31/07/2013)

El programa de canje, por su parte, ha fragmentado y conmocionado a la sociedad en aquellos quienes ya han canjeado sus mototaxis y por otro lado, aquellos quienes simplemente no han podido realizar el canje debido a que no pudieron o no tuvieron ni tienen las posibilidades para llevar a cabo dicho cambio. De este modo, la Unión de Taxis Locales del Estado de Puebla con 200 agremiados, a través de su representante Joel Cárcamo Hernández exigió que se retiraran de circulación todos los mototaxis. Ellos veían que seguían en función 300 de éstos en municipios como Cuautlancingo y Coronango cuando el gobierno prometió que desde 2012 estaría fuera de circulación; esta situación les afecta en sus ingresos. (La Jornada de Oriente, 02/01/2014). “Los mototaxis nos representan una grandísima competencia desleal, porque nosotros dejamos de serlo para convertirnos en taxistas locales y ahora debemos pagar muchos trámites oficiales, el nuevo vehículo y más combustible en detrimento de nuestra economía”, explicó. (02/0172014, la jornada de Oriente).

De este modo, en Marzo del 2014 se reanudó el programa de canje ante las protestas de los mototaxistas quienes no tienen otra salida que “cumplir la ley”. Sin embargo, no ha sido un asunto menor el uso de la fuerza por parte del gobierno lo que demuestra que sus políticas para dar solución al conflicto fueron y siguen siendo infructíferas. Para Mayo de este mismo año el gobierno mando un convoy de patrullas de la Policía Estatal y empleados de la secretaría de Transporte al municipio de Acatzingo. Como respuesta los pobladores intentaron recuperar las mototaxis en medio de gas pimienta, bombas lacrimógenas, palos y piedras. El resultado cuatro policías heridos y órdenes de aprehensión contra ciudadanos de las comunidades. También mototaxistas de Coronango habían cerrado la carretera México Puebla para que les fueran devueltos sus mototaxis mostrando un video en el cual se observa cómo dichos policías hacían uso del gas lacrimógeno.

La persistencia de casi un millar de unidades de las mototaxis en Cuautlancingo, Coronango, Juan C Bonilla, Nealtican y San Pedro Cholula y las condiciones de reproducción básicas de las poblaciones se ven insertas en un proceso que traslada la seriedad del problema a una situación que simplifica el conflicto entre el cambio y no cambio de mototaxis por taxis.

Los procesos de lucha de las comunidades se han visto dislocados por un discurso del gobierno que supuestamente tiene la intención de solucionar el problema a través de la reapertura del programa de canje. Esta reapertura del programa, sin ninguna modificación, implica nuevamente una presión para los mototaxis porque justifica la violencia “legal”. El uso excesivo de la fuerza en Mayo del 2014 refleja la falta de interés por parte del gobierno en atender las necesidades de las poblaciones a un trabajo y transporte dignos. Por esa razón la persistencia de los y las mototaxistas de tener un trabajo digno así como las condiciones dadas por la realidad de la gente que vive en estas comunidades ha provocado una serie de operativos con mayor violencia en vez de otorgar soluciones viables a sus peticiones y necesidades. En cuanto a las políticas  de reordenamiento, como veremos, no se adecúa a las necesidades de la población pues el programa “consistía en la entrega de dos mototaxis a cambio de un taxi convencional, del que sólo se le había pagado 10 por ciento de su costo real, más la entrega de la placa y los permisos correspondientes. Tal situación puso en desventaja a los propietarios de las unidades, quienes habían invertido en cada motocarro hasta 60 mil pesos, cuando el vehículo compacto que se daba a cambio tenía un costo menor a los 100 mil pesos” (02/01/2014, La Jornada de Oriente). También Gustavo Coyotécatl Xochimitl, líder de la Asociación de la Línea Libre de Motocarros Nixtepehual expresó que la mayoría de las familias que manejan los mototaxis saben que están en la ilegalidad pero que tienen que alimentar a sus familias.

En el caso de Coronango, San Miguel Xoxtla así cono de Juan C Bonilla se dice que circulan más de un centenar de unidades, porque el programa no cubría las necesidades de las y los mototaxistas.(02/01/2014, La Jornada de Oriente).

El panorama ha dejado personas en la incertidumbre, ocho personas (algunos ni eran mototaxistas) que enfrentan formal prisión con multas de 300 mil pesos y un programa que no atiende las necesidades de las poblaciones. La resistencia por parte de los mototaxistas en Puebla está entre la fragmentación y la represión; ¿qué pueden hacer los gobiernos municipales al respecto si están perdiendo el control incluso de los registros civiles? Las alternativas de vida y subsistencia, por tanto, depende de que ciertos elementos políticos de las comunidades cobren peso así como la resistencia por parte de las poblaciones al seguir señalando y acusando los intereses de la clase política ante un escenario de violencia generalizada en todo el país.