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Acceso a la justicia en México: caso Elia Tamayo
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GABRIELA MORENO VALLE BAUTISTA

Las palabras pronunciadas hace más de un siglo por José María Morelos y Pavón, parecen más vigentes que nunca: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario y el poderoso.”

Según la Recomendación número 2VG/2014, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a la investigación de violaciones graves a los derechos humanos iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el municipio de Ocoyucan, Puebla (www.cndh.gob.mx), emitida el  11 de septiembre de 2014, los mismos (base del presente artículo) se desarrollaron en los siguientes términos:

Aproximadamente a las 10:00 horas del 9 de julio de 2014, un grupo de personas pertenecientes principalmente a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, del municipio de Ocoyucan, en el estado de Puebla, comenzó a reunirse en la inmediaciones del kilómetro 14+200 de la carretera estatal 438-D, Atlixco-Puebla, a la altura del puente que une a la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan con la comunidad de Santa Clara, conocido como “Puente de San Bernardino Chalchihuapan”, a fin de manifestarse, según lo expresaron, con motivo de la publicación realizada el 11 de junio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del Acuerdo del Secretario General de Gobierno, por el que emitió los “Lineamientos Generales para la Entrega- recepción del Registro Civil, de las Juntas Auxiliares a los Municipios.  

Alrededor de las 13:50 horas, el coordinador de Despliegue Territorial y encargado del Despacho de la Policía Estatal Preventiva se acercó al grupo de manifestantes para iniciar pláticas con ellos, los exhortó a desalojar la vialidad y conformar una comisión de diálogo y ofreció llevarlos a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, a efecto de que canalizaran sus inconformidades directamente ante el subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de esa Secretaría, los manifestantes se negaron, y le solicitaron que acudiera a ese lugar un representante del gobierno del estado de Puebla, a fin de que los atendiera en cuanto a sus reclamos. Ante dicho contexto, el citado servidor público, les expresó que tendría que solicitar indicaciones al respecto y se separó del grupo.  

Paralelamente, algunos de los manifestantes ubicados sobre la vía en el sentido Atlixco-Puebla a la altura del kilómetro 14+000 empezaron a colocar palos y piedras sobre el pavimento. Ahora bien, pasados los cinco minutos, los elementos policiales iniciaron sus acciones de disuasión avanzando en formación lineal hacia el grupo de manifestantes que se encontraba en ambos sentidos de la vialidad y lanzando una primera granada de gas lacrimógeno a la carpeta asfáltica en dirección a unas personas ubicadas sobre la vía en el sentido Atlixco-Puebla, a la altura del kilómetro 14+000; éstas se dispersaron, mientras que otras que se encontraban en la parte lateral de la vía respondieron a la agresión aventando piedras en contra de los policías. La manifestación se tornó violenta a partir de ese momento. 

Aunado a ello, en el sentido de la carretera Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14+060, se observó que segundos después se activó una segunda granada de gas lacrimógeno en contra de las personas que se encontraban ubicadas en la zona aledaña a la citada carretera; se registraron al menos otras diez detonaciones de granadas en los siguientes dos minutos. Es importante mencionar que los elementos policiales en ese segmento del enfrentamiento, además de accionar gases en contra de los manifestantes, les lanzaron las piedras que se encontraban en el pavimento, por lo que se incrementó la violencia entre ambas partes. 

Otros manifestantes se desplazaron en dirección nororiente, a la altura de los kilómetros 14+040 y 14+080, sentido Puebla-Atlixco, de la multicitada carretera estatal 438-D, para dirigirse al lugar en el que desemboca una calle sin nombre, a fin de resguardarse de las agresiones; otros se dirigieron a la rampa norponiente del “Puente de San Bernardino Chalchihuapan”, mientras que algunas de las personas y vehículos que se encontraban sobre dicho puente se dispersaron hacia ambas rampas. 

Entre las 14:25 y 14:40 horas se intensificó el enfrentamiento entre los elementos de la Policía Estatal Preventiva pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y las personas manifestantes, básicamente sobre la rampa suroriente del “Puente de San Bernardino Chalchihuapan”, advirtiéndose intercambio de agresiones a través de pedradas y artefactos de humo, al tiempo de que los elementos policiales se resguardaban entre ellos en formación “tortuga” para contener el incremento de los ataques de algunos manifestantes que acudieron al lugar con piedras, palos y tubos de PVC con los que lanzaban cohetones y artefactos conocidos como bombas molotov.   Durante este tiempo, el enfrentamiento en el “Puente de San Bernardino Chalchihuapan” se prolongó e intensificó a grado tal que un número importante de elementos policiales quedó confinado en la parte central del citado puente; los manifestantes, que los superaban en número, penetraron la formación defensiva policial, despojaron a sus elementos del equipo antimotín, los agredieron e incluso privaron de su libertad a tres de ellos, quienes posteriormente fueron liberados. Varios de los elementos policiales salieron del citado puente saltando por los costados laterales de las rampas. 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dada la imprecisión en los datos obtenidos de las autoridades requeridas y de los diversos testimonios, es incierta la hora aproximada en que concluyeron las agresiones; sin embargo, la presencia de elementos policiales y de manifestantes en las inmediaciones del lugar se mantuvo durante el resto del día. A las 18:00 horas las vías de comunicación fueron completamente liberadas.

Como consecuencia de los acontecimientos ocurridos el 9 de julio de 2014 en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, en el estado de Puebla, José Luis Tlehuatlie Tamayo, niño de 13 años, perdió la vida,  varias personas más (entre ella dos menores de edad), resultaron lesionados de diversa gravedad, sin que se les hubiera otorgado atención médica en el lugar de los hechos; 49 elementos policiales presentaron lesiones; 4 manifestantes fueron detenidos y posteriormente liberados, y existió un número indeterminado de personas agraviadas. 
El 30 de julio de 2014, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dictó un acuerdo de inicio de investigación por violaciones graves a los derechos humanos, con fundamento en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero, y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción XV, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, radicándose para ello el expediente CNDH/1/2014/4555/Q/VG. 

La madre del menor  que perdió la vida, Elia Tamayo Montes en entrevista concedida a la cadena de noticias CNN En Español (http://mexico.cnn.com/nacional/2014/07/25/el-gobierno-de-puebla-busco-pagar-mi-silencio-madre-de-menor-fallecido), manifestó, entre otras cosas, diversas irregularidades en el acceso a la justicia como familiar de un menor de edad víctima de un delito.
Señaló en primer término que “iba por la comida y ahí estaba la manifestación…mi hijo venía delante de mí, yo venía como cinco metro atrás…ya ven cualquier niño quiere ver qué es lo que sucede…y lo vio caer”, que no había ambulancias en el lugar de los hechos, que le pidió a un señor que se encontraba ahí que la llevara al hospital, que en el camino encontraron una ambulancia que subió al chico después de verificar que seguía con vida.

Que llegó al hospital de Cholula, y le dijeron que lo llevaron al hospital del sur, ella se trasladó por sus propios medios….posteriormente llegó el ministerio público, quienes la coaccionaron a fin de que abandonara el hospital y los acompañara a declarar, que en primer momento el doctor que estaba atendiendo al niño, les pidió que no se la llevaran puesto que el niño estaba grave.

Que la llevaron, argumentándole que solo eran “dos minutos” que eran dos hombres y una mujer, que ella le tomaba fotos, uno de los hombres la gravaba  “y el otro escribe y escribe y escribe…yo nunca escribí…es pura mentira…se aprovecharon de mi…nunca me enseñaron que es lo que escribieron ni me lo leyeron” , que ella insistía que una bala de goma había golpeado al niño, ellos insistían que no, que había sido un cohetón…que ella nunca escribió nada, que la coaccionaron, la estuvieron “fastidiando” para que pusiera su huella digital y su firma, que pasó más de una hora.
Luego llegó “un tal Cornejo”, que le dijo que no habían sido los granaderos, que ellos no usaban balas de goma…que él le regaló dos mil pesos, que en un principio no le dijo que representaba al gobierno del estado de Puebla, y le dijo que él iba a pagar el sepelio.

Que solo el representante de la CNDH la escuchó y le hizo caso en el sentido de que había sido una bala de goma, y así o escribieron.

Que el Ministerio Público nuevamente le dijo que lo dicho ante la CNDH no “les servía”, puesto que en realidad sí había sido un cohetón.

Posteriormente el sábado 19 de julio a las 18:30 horas el menor falleció, y según datos del Diario Intolerancia, trasladaron su cuerpo al  Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, sin notificarle  a la madre (http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/122796/politica/vive-un-autentico-suplicio-elia-tamayo), que les indicaron que acudieran a la oficinas de esa procuraduría…”que ahí les avisaban”, finalmente pasaron 26 horas para que el cuerpo de Luis Alberto Tehuatlie fuera entregado a sus familiares.

Ahora bien, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas En Condición de Vulnerabilidad (file:///C:/Users/Gabriela/Downloads/100reglasaccesojusticiavulnerables.pdf), dispone que  “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”

Por “vulnerable” debemos entender “Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente” (http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=vulnerable)

En ese sentido, el sistema judicial en México, se debe alinear, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad garantizando las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, en el entendido de que no basta plasmar formalmente la existencia de un derecho (Constitución, leyes secundarias y tratados internacionales ratificados por el estado mexicano)  y sin ningún tipo de discriminación, para permitirles el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

Ahora, en el caso que nos ocupa nos encontramos que Elia Tamayo Montes, se encontró en una situación de vulnerabilidad para el acceso a la justicia (trato digno e información verídica por parte de las autoridades ministeriales y hospitalarias, así como una asesoría jurídica real, objetiva y gratuita por parte de las autoridades), situación que se traduce en una desigualdad y como tal, se manifiesta una discriminación, con lo que mientras más profunda sea la vulnerabilidad mayor será la desigualdad sufrida y más amplia la discriminación que se produzca.

Si existe desigualdad económica el resto de desigualdades sociales y vulnerabilidades se agudiza (no contar con apoyo desde el momento mismo del accidente, trasladarse sola y por sus medios económicos al hospital  de Cholula –y posteriormente al hospital del sur- no contar con asesoría e incluso, verse coaccionada para emitir una “declaración ministerial”, no contar con indicaciones  técnicas y médicas cuando su hijo estaba hospitalizado, no haber sido informada de la muerte del menor ni del procedimiento a seguir para reclamar y que le fuera entregado el cuerpo sin vida de José Luis Tehuatlie), y así se tornan más complejas las estrategias de superación de las mismas.
Máxime que, como lo manifestó la propia Elia Tamayo, apenas y logran sobrevivir día a día económicamente.

La pobreza no solo coloca a los seres humanos en situaciones de vulnerabilidad social, económica, relacional, cultural, política y, por supuesto, para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos, sino que profundiza esa vulnerabilidad, es decir, es una doble carga de injusticia; pues la pobreza es per se, una situación de injusticia al impedir el desarrollo integral de las capacidades humanas impidiéndoles  el ejercicio real de sus derechos.

En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala la obligación de los Estados respecto al acceso a la justicia no es sólo negativa, de no impedir disfrutar de recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales, sino, esencialmente positiva, en el sentido de “organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos, para lo cual los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia” (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en material de derechos económicos, sociales y culturales, 19 de julio de 2008, párrafo 68, pág. 26. ), para que este objetivo se cumpla, la Comisión menciona determinadas capacidades estatales necesarias para remover obstáculos estructurales, tales como la existencia de servicios jurídicos gratuitos e integrales para la protección de derechos sociales organizados por el Estado, la existencia y disponibilidad de servicios jurídicos gratuitos organizados por actores no estatales, patrocinio por parte de servicios legales públicos de reclamos de derechos sociales, organizar planes o políticas para remover obstáculos financieros, materiales o culturales que impiden el acceso a los tribunales, agencias estatales encargadas de producir información, diagnósticos y políticas de acceso a la justicia, oficinas públicas que presten servicios de mediación o conciliación para resolver cuestiones sobre derechos sociales en todo el territorio, estructuras y competencias del sistema de administración de justicia para derechos sociales, existencia de tribunales agrarios y para conflictos de tierras indígenas, incorporación por parte de los tribunales sociales de reglas procesales especiales que impliquen los principios de impulso de oficio, peritos oficiales, gratuidad, informalidad, mediación y conciliación.
Pero…¿Ante una situación consumada, cómo puede el estado reparar esas graves violaciones? ¿Cómo puede el estado hacer efectivo el acceso a la justicia a personas que son pobres, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad?

Así nos encontramos que no basta con las reformas constitucionales de junio de 2011, no es suficiente elevar a nivel constitucional los derechos humanos, no basta la expresión declarativa de un derecho, es claro que el estado ha fallado en la implementación de esos derechos, es decir ¿a quién le toca hacer qué?

La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas en un escenario de pobreza no es casual, es producto también de la incapacidad del estado, de su falta de interés para terminar con esa situación, lo que se visibiliza desgraciadamente hasta que suceden desgracias como en la que perdió la vida el menor Tehuatlie Tamayo.

Las reparaciones son finalmente a lo único que se encuentra sujeto el estado una vez que acontecieron los hechos cuyo estudio nos ocupa.

Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (organismo que, como ya se dijo, fue el encargado de estudiarlas graves violaciones a los derechos humanos acaecidos en Puebla) en sus recomendaciones  (y por lo que hace a una reparación efectiva y tangible  de los derechos de las víctimas) dijo que el Estado de Puebla debe:

“Instruir a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.”

“Instruir a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto.”

Lo anterior se traduce en dos cuestiones importantes:

La primera en cuento a la reparación del daño, misma que debe ser acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla y para ello, debe elaborar un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada. Y por otra parte, ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo. De ambas cuestiones debe informar a esa Comisión Nacional.

Pero…¿Cuál va a ser el organismo encargado de cumplir lo anterior, quién va a determinar el monto de las indemnizaciones y quien va a ofrecer esa disculpa pública? Ahora solo restar esperar a que el estado de Puebla, “a través de quien corresponda”, cumpla con esas “recomendaciones”, como si no hubiera ya esperado suficiente Elia Tamayo Fuentes.