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Golpe al amanecer
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Benjamín Cuéllar

En la noche del pasado miércoles 15 de octubre, se revolvieron sentimientos y sacudieron añoranzas en un significativo evento: la conmemoración del treinta y cinco aniversario de un suceso que, visto a la distancia del tiempo y la memoria, da para pensar mucho. El Salvador aún era salvable, aunque caminara en el filo de la navaja veloz y directo hacia el precipicio. Todavía era posible evitar lo peor. Eso lo sabía un grupo de personas civiles y militares, demócratas a toda prueba, que ya habían tirado la toalla electorera para embarcarse en una riesgosa aventura: derrocar al Gobierno de turno para cambiarle el rumbo al país.

No era algo sacado de la manga; la idea venía revoloteándoles en la cabeza a sus promotores hacía siete años, desde el escandaloso fraude en los comicios de 1972. Para evitar la guerra, los hermanos Guerra y Guerra –Rodrigo, el ingeniero, y René, el teniente coronel– habían logrado conjuntar voluntades y desatar fuerzas capaces de lograr ese objetivo. Así fue que se logró destituir al general Carlos Humberto Romero, lanzar una Proclama visionaria e instalar en Casa Presidencial la primera –quizás la única revolucionaria– de las tres juntas de Gobierno que existieron desde el día de la sublevación hasta el 2 de mayo de 1982.

El grupo que encabezó el último golpe de Estado ocurrido en El Salvador hasta la fecha, condensó bien en dicha Proclama la situación imperante. La rebelión buscaba desmantelar un Gobierno violador de “los derechos humanos del conglomerado” que fomentó y toleró “la corrupción en la administración pública y de la justicia, creando un verdadero desastre económico y social”. Fruto de una legítima indignación, la acción fue planificada y realizada con una convicción: esos males eran “producto de anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas que habían prevalecido en el país y que no ofrecían para la mayoría de la población las condiciones mínimas necesarias para […] realizarse como seres humanos”.

Con sobradas razones, los alzados reprocharon a “los gobiernos de turno, producto a su vez de escandalosos fraudes electorales”, de haber “adoptado programas inadecuados de desarrollo” y hecho “tímidos cambios de estructura”. No tocaron el cable de alta tensión: el ídolo de la riqueza, en palabras de monseñor Romero; pero aun así, sin quemarse pues, se postraron ante “el poder económico y político de sectores conservadores”. Por ello se dio la sublevación, alzando una bandera: crear las condiciones para que en el país todas las personas pudieran “tener paz y vivir acorde a la dignidad del ser humano”.

Treinta y cinco años después, en el acto conmemorativo, me pidieron comentar algo sobre la “composición política” de la primera Junta. Antes de hacerlo, no pude dejar de preguntar algo que siempre me pregunté. El redactor de la Proclama, Rodrigo Guerra y Guerra, ¿había leído con antelación el informe sobre el país elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esa noche me enteré que no. Quien sí lo conocía era Román Mayorga, que siendo rector de la UCA se volvió gobernante de la noche a la mañana.  

¿Por qué esa interrogante al fin resuelta? Porque lo que la referida Comisión Interamericana reportó en once capítulos –con su introducción, sus conclusiones y sus recomendaciones– el ingeniero Guerra y Guerra lo sintetizó en unas pocas páginas. Sin ponerse de acuerdo los autores de ambos textos y sin que Rodrigo hubiese siquiera ojeado el informe del organismo regional para escribir la Proclama, en los dos textos se denunciaban las graves violaciones de derechos civiles y políticos relacionándolas con la precaria condición económica y social de las mayorías populares. Es más, la Proclama del 15 de octubre de 1979 contenía un anexo importante a favor de las mismas: una propuesta para enfrentar dicha condición que incluía, entre otras, la necesaria reforma tributaria nunca vista hasta estos días.

El reporte lo elaboró la Comisión Interamericana tras su visita al país de varios días, en 1978, invitada por el general Romero. Algunos integrantes de la misma y su equipo de apoyo se entrevistaron con funcionarios estatales de alto nivel; también con monseñor Romero, con representantes de organismos defensores de derechos humanos y con víctimas de los abusos del régimen. Con eso, tenía mucha tela que cortar. Pero el ingeniero Guerra y Guerra tenía más, pues vivía en El Salvador y sentía el dolor de tanta gente que sufría la represión, subsistía entre la angustia de la exclusión y pedía a gritos superar tal situación.

Ya en lo que toca a los intereses políticos de los integrantes de la primera Junta y su Gabinete de Gobierno, preferí simplificar mi reflexión porque había de todo en ese tinglado: desde comunistas impenetrables hasta militares paleolíticos, pasando por cristianos verdes y de otros colores. Los que sí no aparecían en la foto, eran los más radicales de la izquierda armada. Meterse en esa maraña de afectos y desafectos, me llevaría demasiado tiempo pues bien dice el dicho: “Pueblo chico, infierno grande”. Y es que El Salvador de entonces, sí que era de lo más parecido al reino de las tinieblas y el fuego eterno. Por eso me fui por la fácil.

En la Junta y su Gabinete estaban, por un lado, quienes querían hacer valer el bien común; por el otro, quienes querían que prevaleciera su contrario: el mal común. La primera tendencia era mayoritaria; aun así, siniestramente terminó siendo la segunda. Desde antes del 15 de octubre de 1979, quienes estaban contra los necesarios cambios estructurales que debían realizarse en el país para evitar la guerra, con sagacidad y dolo ya habían infiltrado y contaminado un noble esfuerzo de años.

En lo poco que duró la primera Junta, a favor del bienestar del pueblo emitió su Decreto noveno el 6 de noviembre de 1979; así se creó la Comisión especial investigadora de reos políticos desaparecidos. El 9 de diciembre de 1979, ésta informó que había ubicado restos de veintiséis personas detenidas y desparecidas. También entregó recomendaciones como la de investigar, juzgar y sancionar a los últimos dos expresidentes y comandantes generales de la Fuerza Armada; igual suerte pidió para quienes dirigieron los cuerpos de seguridad, entre el 1 de julio de 1972 al 15 de octubre de 1979. Solo con eso, la impunidad y sus protegidos temblaron de pavor.  

Pero además del político y militar, también se estremeció el otro poder –el más poderoso– con la citada propuesta tendiente a una reforma profunda para comenzar a superar la exclusión, la desigualdad y la pobreza. Esas fueron unas “insolencias” por las que debían parar en seco a quienes querían tocar lo intocable. Y así fue. Ni los acuerdos de paz en lo económico y social, ni los cinco años y cinco meses de gobiernos “efemelenistas” en lo relativo a la verdad y la justicia para las víctimas, se atrevieron a tanto. Por eso se vino lo que se vino: el baño de sangre.

De 1980 resuenan sus muertes más conocidas: Mario Zamora, Óscar Romero, Félix Ulloa, Quique Álvarez, Juan Chacón, Ita Ford y sus compañeras religiosas… También la masacre en el río Sumpúl. Pero según el Socorro Jurídico Cristiano, de un promedio mensual de 12 ejecuciones por causas políticas en 1978 se pasó –entre enero y septiembre de 1979– a 64; en los siguientes tres meses, alcanzó las 150. El total de víctimas mortales que registró el organismo en 1980, fue de 11,903; el de 1981 ascendió a 16,266. Las desapariciones forzadas aumentaron también y se desató el conflicto armado.

Todo eso, junto a lo que ocurrió antes y después hasta terminar la guerra, sigue en la impunidad. Es más, tras acordar los guerreros dejar de combatir con las armas para pasar a pelearse por los votos, la muerte lenta y la muerte violenta siguen haciendo estragos acá. ¿Por qué? Porque la realización de los sueños plasmados en la Proclama del 15 de octubre de 1979, fue frenada por el egoísmo y la infamia; porque los partidarios del mal común le dieron un golpe bajo al amanecer de un nuevo país. Queda pendiente, pues, seguir luchando por esa causa: que despunte el día en que se respeten los derechos humanos, sea cierta la democracia y se viva una verdadera paz. Que así sea.