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Analizan desde la perspectiva de los Derechos Humanos las Reformas Estructurales de México
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* En México el uso de la prisión es excesiva por lo que de cada 100 casos que se resuelven 45 resultan en la prisión de alguna de las partes: Guillermo Zepeda

Durante el segundo día de actividades del XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita que se lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana Puebla las actividades comenzaron con la conferencia magistral "Violencia Estatal, Derechos Humanos y Procesos Autonómicos" que impartió el escritor y pensador uruguayo Raúl Zibechi.

Ahí Zibechi afirmó que son principalmente los gobiernos progresistas -en su mayoría sudamericanos- los que han incorporado en su discurso el respeto a los derechos humanos esto ante la gran onda de protestas que se dan en América Latina. "Tenemos Estados débiles, y multinacionales enormemente poderosas. Las empresas trasnacionales están desarrollando este modelo de acumulación por desposesión, Monsanto en el campo, la extracción minera y otras industrias extractivas despojan de la tierra y de los recursos a los pobladores", expresó Zibechi.

Asimismo, aludiendo a Marx, señaló que la realidad se puede leer a través de los conflictos sociales, sin embargo los derechos humanos no se pueden gozar sin que se tenga el poder de cambiar la realidad. "Pero tener derechos y no tener poder no es nada. Hay que seguir saliendo a las calles a reclamar los derechos, pero sin desarmar la comunitariedad que les da origen, la que sí podemos controlar", enfatizó Raúl Zibechi.

En este mismo sentido reconoció que existen poderes distintos al poder del Estado, tales como los movimientos sociales. "La experiencia del movimiento popular demuestra que esos poderes existen, la comunitariedad del poder femenino, por ejemplo, crea territorialidades y poderes, no estatales y autónomos", concluyó.

El primer panel del día "Las reformas Energéticas y Laborales desde una mirada de los Derechos Humanos", estuvo a cargo de Angelberto Martínez Gómez y Raymundo Espinoza Hernández, ellos analizaron los impactos que tienen las reformas estructurales y las condiciones para garantizar los derechos humanos en México. De igual manera, explicaron que el paquete de reformas enviado por el presidente Enrique Peña Nieto, permite el establecimiento de marcos de negociación, particularmente aquellas que tienen que ver con los hidrocarburos y energía eléctrica.

Ambos ponentes coincidieron en la vulneración de los derechos sociales que estas reformas traerán consigo a los propietarios del uso del suelo, pero también a los consumidores finales, que verán en la práctica como se incrementarán los precios de los servicios de energía eléctrica por un lado, y como se reducirán los ingresos del Estado para obras sociales por el otro.

Simultáneamente se realizó el panel "Reforma Penal y Derechos Humanos: Prácticas y retos para el acceso a la justicia en México" en el que Edgar Cortez Morales del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, mencionó que en 2008 se aprobó la reforma constitucional para crear un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual deberá implementarse en todos los estados de la república a más tardar en 2016, siendo Puebla la excepción, pues este sistema entrará en vigor a partir del mes de noviembre del presente año.

Sin embargo, como parte de los retos para la implementación de este sistema señaló que el proceso de implementación no ha sido del todo transparente, muestra de esto es que actualmente no se sabe cuánto costará la implementación tanto en el ámbito federal como en cada entidad, y aunque para 2015 se tienen presupuestados por parte de la federación la aplicación de más de 1000 millones de pesos tampoco se sabe con precisión cómo serán distribuidos exactamente estos recursos.

Por su parte, Guillermo Zepeda Lecuona señaló que en México el uso de la prisión es excesiva por lo que de cada 100 casos que se resuelven 45 resultan en la prisión de alguna de las partes. Lo mismo sucede con el abuso de la prisión preventiva y señaló que la tasa promedio nacional de hacinamiento en las cárceles mexicanas es del 127% contexto que genera y sostiene graves problemáticas para la población interna tales como violencia, autogobierno, "genocidio  carcelario", problemas de servicios de salud, entre otras graves condiciones inhumanas.