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Balance primer trimestre de 2014: Derechos Humanos en México
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Oscar Castro

En los últimos tres meses, importantes organizaciones internacionales de derechos humanos se han pronunciado por la situación de los derechos humanos en México. Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, José Manuel Vivanco de Human Rights Watch, Javier Hernández, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y  redes de organizaciones civiles como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas, y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entre otras.

El tema coyuntural de preocupación es la crisis de Michoacán y el desenvolvimiento de los grupos de autodefensa. Sin embargo, los comunicados apuntan a la situación estructural de los derechos humanos en México, el fenómeno de las desapariciones forzadas y en la guerra contra el narcotráfico, los reportes de abusos de militares contra ciudadanos y el registro de la tortura como método para arrancar declaraciones a los inculpados. Está además, la crisis humanitaria de los migrantes centroamericanos en su paso por nuestros país y las irregularidades que se cometen en los procedimientos de investigación judicial, entre otros temas.

Según una encuesta del INEGI; Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicada en diciembre pasado, las percepciones del 68% de la población de 18 años o más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro y el 69.9% que las medidas adoptadas por el gobierno en materia de seguridad son poco efectivas. La extorsión y el secuestro se presentan como los principales temores de la población y han sido motivo del arranque de una nueva Estrategia Antisecuestro por parte del gobierno, con el nombramiento de Renato Sales como fiscal y la creación de un Consejo Ciudadano antisecuestro en el que se encuentran las señoras Wallace y Moreda.

En el contexto de inseguridad, más allá de la crisis michoacana, es preocupante la aparición de cuerpos y cabezas de personas en lagos y fosas clandestinas, la aparición de connatos de violencia en establecimientos comerciales como los OXXO del estado de México e Hidalgo. También se han registrado la aparición de mujeres ejecutadas por razones de género y el creciente registro de mujeres que han tenido que dar a luz fuera de los hospitales en varias comunidades indígenas de Oaxaca, Guerrero y Veracruz; así como los asesinatos de periodistas, como el caso de Gregorio Jiménez, periodista del diario El Liberal de Coatzacoalcos que provocó una tendencia en twitter a nivel mundial demandando su aparición con vida y que fue reportado como asesinado un día después.

El 6 de febrero, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que suman 213 personas que se han acogido al Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas. Contrario a lo que se había supuesto, el 60% de las denuncias han sido en contra de funcionarios y autoridades y el 40% para protegerse del crimen organizado, luego de que en seis años se habían registrado más de 90 casos de asesinatos de periodistas presuntamente por narcotraficantes. A 52 de estas personas se les aplicaron medidas cautelares  y 23 de ellas medidas extraordinarias que los ha hecho salir del país. El mayor número de denuncias han sido de DF, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas.

Los reportes de las organizaciones de derechos humanos destacan en particular, la ineficiencia del Estado para reconocer el paradero de los más de 26,000 personas reconocidas como desaparecidas al inicio de este sexenio y las insuficiencias que se registran en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a un año de su implementación tras la aprobación de la Ley General de Víctimas que carecía de reglamentación. Apenas en enero de este año se hizo desaparecer la Procuraduría Social de Atención Víctimas (Províctima), tras de reconocer que carecía de protocolos de actuación y revictimizaba a las personas que acudían a ella. Es reemplazada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que deberá establecer un Programa Integral de Atención y promover la armonización de las legislaciones estatales para que existan comisiones ejecutivas en cada uno de los estados.

El Estado Mexicano aprobó retirar la reserva que tenía sobre la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con lo cual se permite que se juzgue a militares mexicanos que participaron en la guerra sucia de los años setenta. Así mismo el Congreso derogó la Ley de Amnistía emitida en 1978 por considerar que está obsoleta. El Estado reconoce así, por la vía de los hechos que tuvo participación histórica en la llamada guerra sucia mexicana, pero que ya no hay personas a las cuales juzgar y a las cuales proteger por esos hechos.

La CNDH presentó su informe anual de actividades 2013. Raúl Placencia indicó que  recibió 45 mil 972 escritos de queja y que las dependencias con mayor número de quejas son el IMSS, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación social de SEGOB, la Sedena, la PGR, la Policía Federal y la SEP. En diciembre de 2013 presentó además un informe sobre la situación de las policías comunitarias en Guerrero cuestionando las medidas adoptadas en materia de seguridad, mientras que la Red de Derechos de la Infancia han reportado en sus informes que ocurren cuatro asesinatos de menores por cada 100 mil, y que el 58% de los casos ocurren con armas de fuego. De éstos 7 de cada 10 adolescentes y que 61 jóvenes por cada 100 mil fallecieron en Guerrero.

 La CNDH ha calificado como positiva la implementación paulatina de la reforma penal. Al respecto se ha dado una controversia por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la validez constitucional del artículo 133 Quater del Código Federal de Procedimientos Penales para que los cuerpos de seguridad puedan intervenir teléfonos celulares sin orden judicial previa, a pesar de la impugnación de la CNDH que argumentaba la violación al derecho a la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha aprobado el Nuevo Código Nacional de Procedimiento Penales  que uniformará los procesos judiciales de todo el país en la transición al nuevo  sistema de justicia penal acusatorio y oral. Será el mismo para todas las entidades del país y entrará en vigor el año que entra.  El nuevo código, reglamenta los cateos, la intervención de las comunicaciones privadas y el uso de las TICs, modifica los protocolos de aprehensión y la toma de muestras sin el consentimiento del imputado. Los juicios se grabarán  y se permitirá la entrada de los medios de comunicación previo acuerdo de las partes en el litigio. Se regulan las entrevistas, identificación de sospechosos y el procedimiento del juicio, entre otras cosas.

Estas reformas se dan en el marco del proceso de análisis de las 176 Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el Examen Periódico Universal, presentado por el Estado mexicano en noviembre pasado y al que México presentó reservas a 10 de las recomendaciones entre las que se encuentran las de la Santa Sede respecto de la protección de la familia y de la vida a partir desde el momento de la concepción. Además rechaza eliminar la figura de arraigo, y la posibilidad de que se presenten quejas individuales al Comité de desaparición Forzada de la ONU, entre otras. Las demás recomendaciones las acepta y propone incluir acciones en el Plan Nacional de Derechos Humanos próximo a darse a conocer.

Las organizaciones también se han pronunciado por las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado Vaticano por no actuar con diligencia en el caso de sacerdotes acusados de pederastia en sus demarcaciones religiosas. Las organizaciones registran como un gran triunfo estas recomendaciones y que el Vaticano haya difundido el número de remociones (400 sacerdotes) por haber abusado de niños y haya removido a dos de los cinco miembros de su consejo de supervisión. Sin embargo, sigue existiendo una renuencia de las Diócesis a  reconocer la validez de las recomendaciones. La Arquidiócesis de México ha dicho que el informe está plagado de mentiras y no admite su jurisdicción.

Las relaciones México- Estados Unidos, estuvo enmarcada en la discusión estadounidense sobre una posible reforma migratoria y las protestas en las que fueron detenidos activistas en pro de los derechos de los migrantes. Pero también y sobre todo, el caso de la ejecución del mexicano Edgar Tamayo por una corte de Texas el 22 de enero de 2014. Las organizaciones y las instancias internacionales han condenado la pena de muerte ejecutada por no ceñirse al ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, Estados Unidos no ha firmado el Protocolo Facultativo de la Pena de Muerte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por lo que no está obligado en su ordenamiento interno. Las críticas de los diferentes actores políticos han sido a propósito de la tibia defensa del Estado Mexicano para defensa de su connacional, particularmente porque se puede invocar el caso AVENA como jurisprudencia que detuvo la muerte de 55 mexicanos porque Estados Unidos violentó la Convención de Viena sobre relaciones Consulares.
Ante este panorama, en el marco de la cumbre de los presidentes Obama, Peña Nieto y el primero ministro Harper, se acordó centrar la discusión en los temas comerciales, en la “bondad” de las reformas estructurales mexicanas, luego de una tímida crítica de México para tocar el tema de las visas canadienses. México acepta estas condiciones, de no tocar la reforma migratoria, ni las visas, a cambio de no hacer eco de las críticas de su modelo de seguridad y de las carencias en materia de derechos humanos.

El panorama de derechos humanos en México registra un avance en el reconocimiento del gobierno ante los señalamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, no así de los señalamientos cotidianos de las organizaciones civiles y de las víctimas, quienes siguen reportando actos de arbitrariedad del gobierno, señalamientos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales; torpeza en la defensa de los connacionales en el extranjero, opacidad en la atención humanitaria de migrantes en situación irregular, y múltiples atropellos en los casos de organizaciones sociales e indígenas afectadas por mega proyectos como la instalación de hidroeléctricas, carreteras y la operación de minas en nuestro país.