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México ante el Examen Periódico Universal
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Estefanía Rodríguez y Oscar Castro

El Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de evaluar la situación de derechos humanos en los 193 países miembros, para asegurar y vigilar su cumplimiento y los avances que se tengan en la materia, se promueva su respeto por parte de los Estados, y se garantice que sean ejercidos por la población.
               
Esta evaluación se realiza cada cuatro años, a través de un informe que cada nación rinde durante los períodos de sesiones de la Asamblea General, de manera que se permitan plantear cuestionamientos y recomendaciones para cada país evaluado y revisar que se hayan cumplido con las recomendaciones anteriores, para la mejora de la situación de derechos humanos.
               
El Examen Periódico Universal fue creado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006 en su resolución 60/251, que estableció el Consejo de Derechos Humanos. El principal objetivo de este mecanismo es mejorar la situación de cada país sobre derechos humanos y apuntar las violaciones que se cometen.
               
El Examen Periódico Universal descansa sobre el principio de la vigilancia supranacional de los Estados y de las sociedades internas de las naciones, con el objetivo de hacer valer la vigencia de los derechos humanos y asumir progresivamente la legislación internacional en la materia.  El mecanismo prevee, la presentación de un llamado Informe sombra de las organizaciones civiles de cada país, para ubicar las principales violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en cuestión, las dificultades estructurales que impiden la eficacia en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y las contradicciones que se encuentran entre la realidad y la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos.
               
El primer informe del Estado mexicano abarcó las acciones en la materia desde el año 2008 hasta octubre de 2011. La primera evaluación comenzó el 10 de marzo de 2009 donde intervinieron 56 Estados pertenecientes al Consejo de Derechos Humanos y quienes hicieron 91 recomendaciones en materia de administración de justicia y seguridad pública, derechos de las mujeres, derechos de los indígenas, libertad de expresión, justicia militar y armonización constitucional. Del total de recomendaciones, el Estado mexicano sólo aceptó 83. A raíz de éstas, México implementó las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo, la reforma migratoria, la promulgación de la Ley General de Víctimas y la implementación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y reformas al Código de Justicia Militar.

El segundo ciclo comenzó su proceso en mayo de 2012 y la evaluación inició el día 23 de octubre de 2013. México entregó un informe que expone la autoevaluación del Estado mexicano coordinado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, con base en informes de otras dependencias del gobierno federal, de los  Poderes Legislativo y Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Federal Electoral, entre otras.
El gobierno mexicano afirma haber cumplido con las recomendaciones del mecanismo, particularmente en el terreno del marco jurídico e institucional donde se modificaron once artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se incorporó el concepto de derechos humanos en el orden constitucional y en otras materias de derechos como los económicos, sociales y políticos. También destaca el proceso de transición política y el establecimiento del Pacto por México como garantía para el avance en la materia en los próximos años; y hace un recuento de  las acciones institucionales en materia de combate a la pobreza, acceso a la salud, vivienda, alimentación, educación y a un medio ambiente sano, reconociendo que la pobreza en México ha aumentado de 48 a 53 millones de personas. Se destacan como logros significativos las últimas reformas constitucionales en materia Laboral y Educativa y la actuación de las autoridades electorales, a pesar de que fueron motivo de protestas sociales importantes en el país.

El país ha avanzado, de acuerdo a este informe, en materia de justicia militar al hacer las reformas correspondientes al Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares sean litigados en tribunales civiles; y destacan la promulgación de leyes, iniciativas y avances en las discusiones respecto a la tortura, las desapariciones forzadas, la implementación paulatina del nuevo sistema penal acusatorio, el sistema penitenciario y el arraigo. Reporta además avances en la promulgación de reformas,   leyes y mecanismos sobre trata de personas, migración, violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, niñez y pueblos indígenas. En general, México se evaluó de manera positiva a través de un recuento exhaustivo de sus programas federales.   

Por su parte las organizaciones de la sociedad civil enviaron en marzo de 2013 un informe elaborado por 36 organizaciones y redes nacionales, además de instituciones académicas, quienes valoraron la situación mexicana en materia de derechos humanos. Las organizaciones destacan el contexto de violencia y crimen organizado que ha vivido México en los últimos años, los más de 100 mil asesinatos, el reporte de 25 mil personas desaparecidas, así como las cinco resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en este período. Reconocen el avance de la reforma constitucional de derechos humanos y la creación de un marco normativo y ejecutivo de atención a víctimas y protección de defensores y periodistas. Señalan las reservas que el Estado mexicano tiene interpuestas en diversos Convenios y Pactos Internacionales, la práctica consuetudinaria del arraigo y la prisión preventiva, o en espera de sentencia -que representa el 40.3% de la población total de los penales-, y que hace que las prisiones reporten hacinamiento y un 25% de sobrepoblación.

La sociedad civil mexicana se mostró preocupada en este informe alternativo, sobre el incremento de la pobreza, el modelo económico y las reformas regresivas en materia laboral y educativa; además por la creciente militarización del país y la criminalización de la protesta social. Hace un recuento de mil 235 mujeres asesinadas en el período, 3 mil 976 mujeres desaparecidas, 4 mil 112 feminicidios y la inoperancia de los mecanismos legales para declarar la Alerta de Género. Acusa además que el fenómeno de la desaparición forzada es producto de la connivencia del Estado con el crimen organizado y que ésta ha alcanzado incluso, de manera dramática, a los migrantes centroamericanos que transitan por México

El Estado mexicano fue evaluado bajo la coordinación de una troika, conformada por Burkina Faso, Kazajastán y República Checa, más el diálogo interactivo entre los Estados miembros de Naciones Unidas, que expresaron 59 opiniones favorables y 29 negativas, donde manifestaban preocupación o deseaban mayor información sobre la legislación, la corrupción y la inseguridad. En total se emitieron para este segundo informe 176 recomendaciones que el gobierno mexicano tendría que aceptar o denegar en el próximo período de sesiones que se llevó a cabo en marzo de 2014. De estas recomendaciones específicas figuran al menos 15 que tienen que ver con la necesidad de que México ratifique instrumentos internacionales de derechos humanos o retire las reservas que tiene respecto de los firmados; 35 con el problema de violencia contra las mujeres y los niños y desigualdad de género; 24 con la situación de los defensores de derechos humanos y periodistas; 30 sobre el sistema judicial, la situación de inseguridad, la corrupción, el arraigo, las víctimas y el sistema de procuración y administración de justicia; 17 sobre desaparición forzada y tortura; 24 sobre pobreza y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además de recomendaciones para los problemas de los pueblos indígenas, la trata de personas, los migrantes, los niños y personas con discapacidad.

El 20 de marzo, México presentó un addendum donde expresa su aceptación a 166 de las recomendaciones que recibió por parte de los países que lo evaluaron en este Examen Periódico Universal. México presentó reservas a 10 de las recomendaciones entre las que se encuentran las de la santa sede respecto de la protección de la familia y de la vida a partir desde el momento de la concepción. Además rechaza eliminar la figura de arraigo, y la posibilidad de que se presenten quejas individuales al Comité de desaparición Forzada de la ONU. México Destacó que se comenzarán a crear procesos que permitan la solución de la situación mexicana con respecto de los derechos humanos y que pronto dará a conocer el Programa Nacional de Derechos Humanos con el que se regirá en este sexenio.

No obstante organizaciones de la sociedad civil señalaron que la situación de Derechos Humanos en México sigue siendo muy grave y que seguirán en su papel de observancia para asegurar que el Estado mexicano haga algo respecto a las recomendaciones aceptadas y no queden nada más en el papel. El panorama de derechos humanos en México registra un avance en el reconocimiento del gobierno ante los señalamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, no así de los señalamientos cotidianos de las organizaciones civiles y de las víctimas, quienes siguen reportando actos de arbitrariedad del gobierno, señalamientos de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, así como torpeza en la defensa de los connacionales en el extranjero, como el caso de la pena de muerte de Tamayo en Texas y de los migrantes mexicanos deportados de los Estados Unidos.

Observando la postura del gobierno mexicano, la evaluación hecha por otros países que han estudiado el caso y las declaraciones de las organizaciones civiles, México se queda con la responsabilidad de cumplir con las recomendaciones y deberá desarrollar, y concretar, proyectos que busquen el desenlace de la grave situación que el territorio mexicano tiene en materia de derechos humanos. Por su parte las organizaciones civiles deberán seguir presionando al gobierno para que todas las recomendaciones sean cumplidas y observemos seriedad por parte del Estado mexicano.