Header IDHIE
Más boletines...
Header Ibero  
Privatización de SOAPAP un tema de Derechos Humanos
« Regresar al boletín
 

Miriam Vargas Tehutle

La privatización es conocida como un proceso jurídico-económico mediante el cual las actividades empresariales son transferidas del sector público al sector privado, que promueve la existencia de empresas que libremente otorguen a los clientes cualquier servicio que haya dado anteriormente el Estado, sin restricción comercial, ni servicios estatales obligatorios.

La privatización del servicio del agua ha sido durante los últimos años la decisión de cientos de gobernantes de varios países a nivel mundial. Algunos analistas mencionan que la privatización del servicio de agua potable es el inicio de la privatización del vital líquido por lo que señalan que las aguas nacionales en México se encuentran privatizadas de manera parcial en varios estados, y de manera total, en otros como el caso de Saltillo, Coahuila.

El 5 de septiembre del 2013 en Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle presentó a la Legislatura del Estado, una iniciativa de reforma que permite concesionar a particulares los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que brindan los municipios u organismos operadores descentralizados, el Sistema Operador de los Servicios de Agua y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), por lo que solicitó a los legisladores aprobar reformas a la fracción IV del artículo 31 y  adicionar una fracción IX a este artículo.

La propuesta fue aprobada el 12 de septiembre del mismo año, y se elimina la facultad del Poder Legislativo para autorizar las tarifas por cobro de derechos, productos y contribuciones, en caso de que los prestadores del servicio tengan a su cargo dos o más municipios. El Congreso local aprobó dicha reforma a la Ley de Agua para que los organismos operadores de los municipios puedan dar en concesión el servicio a empresas privadas, las cuales podrán fijar tarifas y embargar a morosos. Dicha reforma señala que la estructura tarifaria del servicio se podrá fijar sin tener que pedir autorización del Congreso, además de que los prestadores podrán contratar despachos externos para la cobranza y el embargo a los morosos, ya que los adeudos de los usuarios serán considerados créditos fiscales, lo que permitirá a las autoridades emprender procesos judiciales contra los deudores.

La iniciativa, aplicará para 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) que son manejados por los ayuntamientos, entre los que se encuentran los municipios de Puebla, Tehuacán, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Xicotepec, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y Teziutlán, entre otros. Además, se reformó la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley Estatal del Agua, que ahora estipula que los municipios o los organismos operadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento podrán celebrar o suscribir instrumentos jurídicos, sin limitar concesiones.

Rafael Moreno Valle gobernador del estado de Puebla señala en la reforma a la ley que con esta modificación se privilegia la planeación, programación gestión conservación y preservación de los recursos hídricos pues la prestación de servicios públicos supone acciones coordinadas con los sectores social y privado, y así se permite su fortalecimiento y la funcionalidad de los servicios. Dice que por esta razón, es necesario ajustar la Ley del Agua del Estado de Puebla, para otorgar certidumbre jurídica a las acciones que se realizan con los sectores social y privado.

Dicha modificación a la ley estatal poblana fue avalada por los diputados del PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PRD, PT, PVEM, también por los priistas Juan Manuel Jiménez y Ramón Felipe López. Sin embargo nueve legisladores del PRI votaron en contra de esta modificación a la Ley. El diputado Gerardo Mejía, del PRI, hizo un llamado a los legisladores para rechazar esta iniciativa ante el riesgo que representa que una empresa privada explote y defina los precios del agua potable; y por su parte, el dirigente estatal del PRI, Pablo Fernández del Campo, anunció que su partido interpondrá una acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, frente a estas reformas, ciudadanos y abogados de organizaciones sociales como la Asamblea Social del Agua, y de la Comisión estatal en Defensa del Medio Ambiente de MORENA, denunciaron que desde septiembre de 2012 se habría pactado la privatización de (SOAPAP), fecha en las que el director de Finanzas del Organismo Operador, y los funcionarios Jorge Gómez Haro, Marín Escobar y Gustavo Gaytán, se trasladaron a Saltillo Coahuila, para pactar la privatización con la empresa Aguas de Saltillo, filial de Aguas de Barcelona, y que recientemente fue expulsada del municipio de Ramos Arizpe.

Las organizaciones exigieron que bajo los derechos que la Constitución marca, los diputados convoquen a consulta ciudadana sobre la privatización del servicio, pues es un tema de alto grado de afectación para la ciudadanía poblana. Contrario a lo anterior Marco Mazatle, líder del Sindicato de Telefonistas señaló que ellos le apuestan a la derogación de la ley, pues denunciaron que una consulta estaría manipulada por el gobierno.

El Movimiento de Regeneración Nacional Puebla, detectó proyectos que están programados para este año en diferentes partes del estado, por lo que temen que sean entregados a las empresas privadas que serían beneficiadas con la concesión del servicio del suministro del recurso. Las reformas entrarán en vigor este año, pero los abogados que representan a las organizaciones y ciudadanos que tramitaron los juicios de garantías, han dicho que ningún cambio legislativo será válido hasta que los más de 3000 amparos sean rechazados.

Algunos analistas señalan que la privatización es benéfica ya que se es posible proporcionar una mejora en la calidad del servicio, pero por otro lado, se señala que esta es negativa ya que la libertad en los cobros que a la iniciativa privada se le concede, pone en riesgo la garantía de que los pobladores accedan a este servicio y pongan en riesgo su patrimonio. Si algunos diputados están a favor de la lucha de la ciudadanía, como los diputados del PRI, se podría llegar a un acuerdo de esfuerzos para empujar a más diputados, incluso algunos del PRD, quienes últimamente se han posicionado al respecto y en contra de la iniciativa.

Algunas pautas que podrían generar un mejor acuerdo entre las partes, serían otorgar todo tipo de información a los habitantes, cualquier opinión informada será útil para la resolución de dicho conflicto ya que de un recurso vital se trata. Una consulta ciudadana, como lo comentan las organizaciones de la sociedad civil, sería una importante oportunidad de difundir la información y de que los poblanos sean tomados en cuenta. Pero sin duda alguna las vías legales también son un eje en el que se debe trabajar para la resolución del problema, pues si éstas se llevaran a cabo de manera contundente podría generarse desee la sociedad una gran resistencia que anule pronto la iniciativa.