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El Estado Vaticano y sus obligaciones de derechos humanos
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Angélica Espinoza y Oscar Castro

La Iglesia Católica asumió su carácter de Estado Vaticano luego de los Pactos de Letrán en 1929, entre la Santa Sede y el Estado Italiano. Con él se le concede territorio, población y gobierno propio. Es reconocido por Naciones Unidas y la Comunidad Internacional como un Estado Soberano con personalidad jurídica propia, legislación interna y como sujeto de derecho internacional. Es un caso especial, pues su población es de menos de 500 habitantes pero posee un cuerpo diplomático de más de 2 mil 500 personas.

El caso de la Santa Sede es un caso especial en el derecho internacional, pues posee una legislación de carácter trasnacional, es considerado a sí mismo como un Estado teocrático, y los miembros de su cuerpo eclesial se rigen por las normas internas de la Iglesia Católica. Frente a casos de conflicto civil, penal o mercantil entre los miembros y las personas, existe la tendencia a que se rijan por la normas del país donde están asentados, pero con frecuencia se convierten en conflictos de orden diplomático.

Tal es el caso de los conflictos suscitados por abusos de menores por parte de obispos, sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, en Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina. En México el caso más sonado ha sido el del sacerdote católico, Marcial Maciel, fundador de la Congregación de los Legionarios de Cristo.

Desde 2001, los casos de pedofilia cometidos en el seno de la Iglesia fueron tratados de forma interna por la Congregación para la Doctrina de la Fe, organismo revisor de casos especiales en el Vaticano. Después de los escándalos de Marcial Maciel, la Santa Sede confirmó el viernes 19 de mayo del 2006 que había invitado al anciano sacerdote a que se retirara a una vida de oración y penitencia, pues se produciría un escándalo si salían a luz los abusos sexuales.

En diciembre de 2013 los Legionarios de Cristo reconocieron públicamente que 35 de sus sacerdotes recibieron acusaciones de haber perpetrado abusos sexuales contra menores de 18 años desde 1991 a la fecha. Nueve de ellos fueron hallados culpables incluyendo los de su fundador, y seis superiores, de los cuales tres fueron encontrados culpables, entre ellos Marcial Maciel.

El 5 de febrero de 2014,  después de una investigación exhaustiva, el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos del Niño acusó al Vaticano de haber permitido abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. El Comité presentó las conclusiones de su investigación en Ginebra y criticó al Vaticano por no haber reconocido nunca la amplitud de los crímenes de abuso sexual ni haber tomado medidas para ponerles fin.

Tras 60 años de luchar para que la Iglesia católica reconozca y castigue los casos de pederastia clerical, las víctimas de abuso sexual se sienten por primera vez escuchadas y respaldadas por una autoridad gracias a que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoció que el Vaticano ha encubierto violaciones. Entre las recomendaciones  del Comité figuran:

  • Asegurar que una Comisión investigue de forma independiente todos los casos de abuso, así como la conducta de la jerarquía católica. La Santa Sede debe considerar que en esta comisión participe la sociedad civil y organizaciones de víctimas, y debe hacer públicos los resultados.
  • De manera inmediata se deberá remover de sus actividades religiosas a todos los que hayan cometido algún abuso así como a los sospechosos. Además de que se remitirá el asunto a las autoridades judiciales encargadas para que se inicie una investigación y enjuiciamiento en el país del que se trate.
  • El Vaticano deberá garantizar transparencia en la entrega de información sobre los casos de abuso, misma que puede ser útil para detener a los responsables conocidos y a aquellos que continúan en contacto con niños.
  • Se recomienda modificar la Ley del Derecho Canónico para que el abuso sexual de niños sea considerado un crimen y no una “ofensa en contra de la moral”, por lo que se deberán deponer todas las disposiciones por las que existe la obligación de permanecer callado cuando se es víctima o cuando se es testigo de este delito.
  • Establecer reglas claras, mecanismos y procedimientos para reportar ante autoridades judiciales todos los casos probables de abuso sexual infantil, para reportar la sospecha de un abuso cometido y para que esta obligación de denunciar esté por encima de cualquier mandamiento escrito en la Ley de Derecho Canónico.
  • Desarrollar programas y políticas para prevenir esta clase de crímenes y para proveer la recuperación y reintegración social de las víctimas según lo establecido en los documentos adoptados en 1996, 2001 y 2008 en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños.
  • Considerar la ratificación como Estado soberano de la Convención para la Protección de Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual del Consejo Europeo.

Organizaciones civiles como la Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes, buscan acusar de “crimen de Estado” al Vaticano ante un tribunal internacional. El exsacerdote católico, Alberto Athié tras el informe de la ONU, ratificó: “existen todos los elementos para proceder ante una instancia de Naciones Unidas o la que mejor convenga” para que determine si la Iglesia Católica cometió un crimen de Estado al practicar “una conducta sistemática alargada en el tiempo y en la geografía para ir de manera sistemática contra un grupo humano, en este caso niñas y niños inocentes”.

La Arquidiócesis Primada de México, por su parte, sostuvo que el informe de la ONU “está plagado de mentiras y medias verdades”, ya que “la Iglesia católica ha adoptado una política de cero tolerancia en los casos de abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes”.

Sin embargo, el semanario Desde la Fe, asentó que el Vaticano ha solicitado las renuncias de los obispos que no hicieron caso a las acusaciones y testimonios de las víctimas y además contempla la expulsión del sacerdocio a quienes “cometen ese crimen atroz”. Puntualizó que compete a la autoridad civil encarcelar a los sacerdotes que hayan incurrido en ese delito. Insistió en que la Iglesia católica está comprometida con la “defensa y protección de los derechos de los niños”. Además, en el seno de la ONU, donde el Vaticano participa como un Estado observador, “ha acallado las voces” que pretenden influir para que sean aprobados el aborto y la eutanasia.

Frente a este escenario de denuncia internacional, el Estado Vaticano debería de tomar en cuenta que ejerce una doble función en las sociedades de algunos países y en la sociedad global: por un lado es un Estado con deberes y obligaciones, pero por otro es una institución religiosa depositadora de fe y de esperanza para los creyentes, predicadora de amor y justicia.

Desde éste último punto de vista, la Iglesia se está olvidando que los casos de abusos sexual cometidos fueron hechos a los hijos de Dios, y en ese sentido debería de ser congruente entre lo que predica y la manera en la cual dirige su ministerio. Por otro lado, como Estado Vaticano, tendría que tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU en los  casos de pederastia, y dejar que los perpetradores se sometan a los tribunales civiles de los países en donde se hayan cometido los abusos; así como transparentar sus procedimientos internos de cese de prelados y hacer un cambio en su legislación interna con la intención de que los casos de pederastia no vuelvan a ocurrir.