Header IDHIE
Más boletines...
Header Ibero  
Anaversa. Primera de dos partes
« Regresar al boletín
 

Eduardo Morales Sierra

Hace casi 23 años, el 3 de mayo de 1991, explotó y se incendió en Córdoba la formuladora de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa). Hubo varias causas para esta explosión; en primer lugar, la negligencia y descuido de los propietarios; pero también, la corrupción en dos dependencias federales. Las graves consecuencias del accidente evidenciaron la falta total de preparación local para enfrentar las emergencias químicas.

En cuanto a la corrupción, la empresa contaba con licencias vigentes de ambiente y salud, emitidas por las respectivas autoridades federales, quienes las habían renovado poco antes, a pesar de las múltiples fallas operativas y deficiencias de seguridad que el incendio puso en evidencia y, por las cuales, las autoridades federales de agricultura se habían negado a renovarlas. La notoria negligencia de los propietarios se ha seguido haciendo evidente en las fugas y derrames ocurridos en otro de su negocio ubicado en Izúcar de Matamoros, conocido localmente como ‘Dragón’.

Lamentablemente, salvo los afectados, pocos recuerdan que un tercio de la ciudad fue cubierto por humos tóxicos, que las peligrosísimas dioxinas generadas durante el incendio llegaron a varios arroyos cercanos, contaminándolos y afectando los pozos de los que muchas familias se surtían de agua.

También se ha olvidado que, no sabiendo que hacer con los escombros del incendio –muy contaminados, desde luego– las autoridades de Córdoba los mandaron tirar al basurero de Fortín, en donde se volvieron a incendiar hasta que se dijo que se mandaron al confinamiento de Mina, Nuevo León, sin que haya constancia de que hubieran llegado.

En cuanto a las autoridades municipales y estatales, nadie parece haberse enterado que la historia del control de la emergencia es un catálogo de lo que por ningún motivo debe ocurrir en estos casos: los bomberos –uno de los grupos más afectados entonces y siempre– ignoraban cuáles eran las actividades de la planta y creían que era solamente un almacén, por lo tanto, no sabían qué sustancias se formulaban ni cómo combatir este tipo de incendios y sólo tenían agua para controlarlo, lo que, además, hicieron sin equipos de protección personal adecuados. Durante el combate del incendio, muchos vecinos entraron a la planta para ‘ayudar a los bomberos’ poniéndose en riesgo innecesariamente y, desde luego, estorbando.

Doce horas después del incendio llegó el ejército y puso en operación el Plan DN-III; además de apoyar en el desalojo de los vecinos de la zona, los soldados recibieron órdenes de permanecer rodeando el inmueble, demostrando, así, que tampoco en el ejército se sabía lo que es una emergencia química, cuáles son sus riesgos y cuál es la forma correcta de enfrentarlas sin exponer a sus integrantes.

Por su parte, los responsables de los servicios de urgencia no supieron cómo tratar a los intoxicados y, mientras la atropina les duró, la aplicaron por parejo, ignorando que no forzosamente las personas se habían intoxicado con plaguicidas organofosforados, y que en la planta había otras clases de plaguicidas.

Las acciones del momento fueron insuficientes y, en su mayoría, erróneas. En el sector salud, no se llevó un registro de los afectados y no se dio la atención adecuada a los expuestos durante la explosión e inmediatamente después de ella, los vecinos de la zona, los bomberos, los soldados, los curiosos y hasta a quienes lavaron la ropa de los expuestos. Como los escombros se llevaron al basurero municipal de Fortín, en donde se volvieron a incendiar, la población de esa ciudad también estuvo expuesta. Tampoco se ha llevado un control de los numerosos casos de cáncer y malformaciones que han ido apareciendo en estos años en la población expuesta o, si lo ha habido, sus datos son secreto de estado.

Los estudios que realizó la Secretaría de Salud estuvieron dedicados a evaluar los efectos de los plaguicidas que la empresa aceptó que se almacenaban o formulaban en la planta –de hecho, para los que tenía autorización- y no, como debió ser, a los efectos de las dioxinas que se generaron y difundieron a causa del accidente.

Al no contar con información suficiente sobre las dioxinas y sus cantidades, no se pudo saber cuáles efectos serían los más importantes; por lo tanto, las acciones de salud se limitaron a aplicar un esquema general de atención médica que es poco útil para casos como éste, en el que los efectos sólo son evidentes a largo plazo o en la descendencia de los expuestos; entre ellos: disfunción inmunitaria, tumores malignos, malformaciones congénitas y fallas reproductivas. Hasta el momento no han sido tomados en cuenta por las autoridades que deberían atender a los afectados, las que pareciera que actúan bajo la consigna de que ‘lo que no fue en mi año no fue en mi daño’.

El análisis que la autoridad del ambiente realizó por instrucciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para identificar las sustancias generadas en el accidente, no fue válido porque no lo realizó una institución acreditada; tampoco hubo un estudio para identificar las causas del accidente (recientes y lejanas, estructurales y coyunturales), ni para detectar las deficiencias de información, capacitación, organización y operación que contribuyeron a que se produjera el accidente y las deficiencias en el control de la planta, aunque haber hecho este estudio hubiera sido muy útil para prevenir casos posteriores o manejarlos mejor.

La queja que los afectados interpusieron ante la CNDH generó una recomendación dirigida al ex-gobernador Chirinos, -en su función previa como Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología- y al Dr. Jesús Kumate, Secretario de Salud en ese tiempo. A pesar de que dicha recomendación nunca fue acatada, la CNDH la dejó languidecer y, en enero de 1999, la Dra. Mireille Rocatti, entonces a cargo de la CNDH, la declaró cumplida. Esto dejó a los afectados sin apoyo, ya que las autoridades estatales se ampararon en esta decisión para, inclusive, eliminar el Fideicomiso que se había establecido para apoyar a los afectados.

En los casi 23 años transcurridos de entonces a la fecha, no ha habido un cambio respecto a oa reparación del daño de las víctimas, ni de las medidas de protección civil, la preparación y equipamiento de los cuerpos de bomberos, la vigilancia y control de las empresas que generan, manejan o desechan sustancias peligrosas. Los mecanismos de respuesta a estos casos, siguen siendo los mismos de entonces con el agravante de que se basan en lograr que los medios difundan noticias positivas aunque no tengan que  ver con la realidad.

Este gravísimo accidente ha sido catalogado como el peor de este tipo que ha ocurrido en México; sobre él se han escrito una buena cantidad de artículos, inclusive, en revistas internacionales y apareció recurrentemente en los periódicos y en la televisión. Sin embargo, al parecer las autoridades estatales de salud, medio ambiente y protección civil siguen creyendo que el sol se puede tapar con un dedo; que, con declarar que no ha habido problemas posteriores al incendio de Anaversa, ya no los hay y que, con ignorar al asunto y a los afectados, sus quejas y sus necesidades, todo desaparecerá de manera automática.