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Anaversa, segunda parte
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Eduardo Morales Sierra

Según la nota de El Mundo de Córdoba del pasado 16 de enero, el nuevo Presidente Municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal, al ser consultado sobre las soluciones que se podrían dar a los vendedores ambulantes que se instalan en el centro de la ciudad, propuso utilizar el predio de la planta de ANAVERSA, siniestrada en 1991, para instalarlos. Dijo que ya había platicado con el diputado local, Hugo Fernández, pues afirmó, “es un espacio muy importante para la zona de La Estación”. Una semana después, ante el escándalo generado por sus declaraciones, intentó desconocerlas, lo que no fue posible, ya que habían sido grabadas. Entonces, hizo énfasis en que el predio es un lugar que se debe atender, a pesar de que, en más de veinte años, nadie se ha preocupado por él. De pasada, negó que alguien de Anaversa hubiera venido a verlo, lo que no se le había preguntado.

Estas contradictorias declaraciones sacaron a la luz las maniobras de los dueños de la empresa para deshacerse del predio, a un buen precio y sin responsabilidad para ellos  –la cual, después de todo, nunca han mostrado.

Por otro lado, según el ex director municipal de Protección Civil, Jorge García Pérez, el proyecto no es nuevo, ya que, a mediados de diciembre pasado, el apoderado legal de la empresa se presentó en su oficina y ofreció “pagar todos los derechos” para que autorizara el uso del predio de Anavers. Lo cual era necesario un estudio que descartara la contaminación y, una vez aceptado éste, planeaban tirar los muros y lo que resta del edificio, y preparar el sitio para su venta.

El apoderado entregó un estudio de toxicidad que tenía más de 20 años y se había hecho en Estados Unidos a solicitud de la empresa, lo que, según el funcionario, le restaba validez y permitía cuestionarlo. Considerando que, además, la administración municipal estaba por concluir, sugirió al solicitante que tramitara su petición directamente en el estado. En declaraciones posteriores, este funcionario afirmó que varios puntos llamaron su atención.

En primer lugar, la fecha de la visita puesto que a la administración municipal le quedaban pocos días; en segundo lugar, que tras veinte años de que nadie se preocupara por el predio apareciera un representante de la empresa y, muy poco después, el nuevo alcalde hablara de un proyecto relacionado con el lugar, lo que le hizo pensar que el tema ya estaba siendo manejado desde antes. También consideró que el predio no parece ser adecuado para que se construya un mercado, ya que tanto las paredes remanentes, como el suelo pueden estar gravemente contaminados.

Dijo, también, que la solicitud del apoderado de Anaversa está en manos de la autoridad estatal de protección civil en espera de una respuesta, la cual debe ser entregada en un plazo de 45 días, ya que, en caso de no hacerlo, la empresa puede ejercer su derecho de “afirmativa ficta”, es decir que, a falta de respuesta de la autoridad, la solicitud debe tomarse como aceptada en sus términos.

García Pérez consideró que este plazo aún no vencía, puesto que solicitud debió ser enviada a Protección Civil estatal después del 20 de diciembre, por lo que, tomando en cuenta el periodo vacacional, debe haber sido recibida en los primeros días de enero y los 45 días comienzan a contar a partir de la fecha en que el documento fue recibido.

Por su parte, la titular estatal de Protección Civil, Nohemí Guzmán Lagunes, al ser consultada sobre este asunto, expresó que el Ayuntamiento es libre de tomar las decisiones que crea convenientes, lo que significa que cualquier error sería totalmente atribuible al Ayuntamiento y no a la Secretaría que ella preside. También, según declaraciones aparecidas en La Jornada Veracruz (22/01/2014), negó tener conocimiento de que el asunto estuviera en manos del Estado, lo que no significa que el asunto no hubiese llegado a su dependencia, no se lo han. A pesar de ello, afirmó que, en este caso, se debería emitir un informe regional de un estudio realizado en el terreno en el cual participarían Protección Civil  y la Secretaría de Medio Ambiente.

Como una muestra más de que hay intereses a los que les urge que este asunto se resuelva, a menos de quince días de las primeras declaraciones del alcalde, el fin de semana pasado el municipio informó que había contratado a una química de la UNAM, experta en residuos peligrosos, para que realice un estudio del predio; sin embargo, no se informó cuánto va a costar el estudio, con qué recursos se va a pagar, ni  demostró que la experta tenga antecedentes profesionales en los riesgos de las dioxinas y plaguicidas persistentes, sustancias en las que deberá centrarse su trabajo en Córdoba.

En cuanto a la pertinencia de demoler el inmueble en el que se encontraban las instalaciones de la fábrica, si bien es cierto que el inmueble fue formalmente "clausurado", también lo es que nunca se suprimió como fuente de exposición. Pues, a pesar de las recomendaciones de expertos para que se sellara totalmente después del siniestro, durante todos estos años los dueños lo han mantenido destechado, provocando la dispersión de los contaminantes presentes en sus paredes y suelo hacia el aire y que sean arrastrados por las lluvias al drenaje, la calle y los arroyos cercanos.

Hay una larga lista de funcionarios implicados en este problema y de irregularidades en el proceso. Asimismo, hay pruebas fehacientes de que las consecuencias negativas del accidente sobre la salud de los expuestos han rebasado, incluso, las predicciones hechas por expertos hace años. Las autoridades han preferido ignorarlos y limitarse a la visión miope de que ahí hay un predio “vacío” en el cual pueden acomodar a unos ambulantes incómodos, a cambio de “unos cuantos pesos” –se dice que la empresa pide 9 millones.

Ante esta conflictiva información, y el súbito interés y urgencia de autoridades y empresa en el predio, la Asociación de Afectados por Anaversa, respaldada por varias organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales está pidiendo formalmente la reapertura del caso, sobre las afectaciones del siniestro ocurrido hace 23 años. Piden que en las nuevas decisiones se tome en cuenta a la comunidad, que el estudio solicitado por el municipio sea validado por la Organización Panamericana de la Salud. También solicitan que un comité de la población y un experto reconocido que funja como contraparte técnica de la persona contratada por la autoridad.

El caso Anaversa ilustra la falta de voluntad política de las autoridades de los tres niveles de gobierno y su falta de compromiso  y responsabilidad en velar por el respeto al derecho a la protección de la salud, a un ambiente sano, a la información y a la vida de las futuras generaciones en México.

Como es claro, este caso aún no termina, ni terminará mientras los enfermos de aquél entonces y de las nuevas generaciones, no reciban la atención y el apoyo que requieren. Mientras no se realice un estudio profundo sobre los riesgos que genera el predio siniestrado y éste siga en pie como fuente continua de contaminación de sustancias peligrosas, éste no puede estar sujeto a consideración de nuevo uso.

Se deben dragar los arroyos, y pozos afectados por el accidente, hasta asegurar que están libres de contaminantes persistentes y, desde luego, que las autoridades cumplan con la Constitución y protejan los derechos fundamentales, sin entrar en arreglos “urgentes” con una empresa que ni siquiera ha reconocido el accidente y los daños inmediatos que causó, ni en su momento indemnizó a los afectados directos.