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Interrupción legal del embarazo en Guerrero
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María Elena Netzahualcoyotzi
Vocera Regional REDefine Puebla
Red de nuevos liderazgos por los derechos sexuales y reproductivos

En México, la Constitución en su artículo cuarto estipula que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijas/os. Sin embargo en la realidad cotidiana las personas, sobre todo las mujeres de escasos recursos, no cuentan con servicios de salud que les provean información científica y otorguen de manera efectiva anticonceptivos acordes a sus necesidades, por lo que al encontrarse ante un embarazo no deseado, recurren a interrumpirlos de manera clandestina. De esta manera,  además de arriesgar su vida, arriesgan también su libertad ya que pueden ser denunciadas y sujetas a procesos penales, con excepción del Distrito Federal donde, desde hace siete años,  se permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

El portal del gobierno, el 6 de Marzo de 2014, difundió una reunión entre representantes de las secretarías de Salud, Educación, de la Mujer, de Gobierno, la Procuraduría local y el mismo gobernador, para analizar el tema de la despenalización del aborto y preparar la iniciativa para tal fin y enviarla a la LX Legislatura. El pasado 5 de mayo, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, la envió al Congreso local.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Guerrero y otras instituciones federales, así como de organizaciones no gubernamentales, señalan que tan sólo en las salas de urgencia llegan aproximadamente 2 mil 600 mujeres con procesos de aborto, usando para ello instrumentos que les causan invalidez. El Consejo Nacional de Población ha difundido que en la entidad son cerca de 5 mil abortos al año; las secuelas ante esta situación ha sido que Guerrero ocupe el primer lugar en muertes de mujeres por aborto.  Acapulco ocupa el primer lugar en abortos, le sigue la zona Centro, la zona Norte y por último la Montaña. De éstas mujeres, un 26 por ciento son menores de edad.

La Secretaria de la Mujer en Guerrero, Rosario Herrera Asencio, declaró que “en el estado hay más mujeres que mueren por abortos clandestinos que por muerte materna y que de acuerdo con un estudio realizado en 2013, en Guerrero se registró un promedio de 149 muertes al año por abortos mal practicados, pero se estima que a nivel nacional el número de decesos por esta circunstancia se ubica en cerca de los cinco mil”. Mencionó que no es su intención promover el aborto “pero ante los números elevados de muertes maternas, algo se tiene que hacer”.

Por su parte la coordinadora de la bancada panista en el Congreso local, Delfina Concepción Oliva Hernández, anunció que el PAN formará un frente de mujeres panistas y organizaciones que están “a favor de la vida” para rechazar dicha propuesta. Adelantó que los tres diputados blanquiazules en el congreso defenderán la línea de su partido a nivel nacional que es en contra de la despenalización del aborto. Sin embargo señaló que realizarán “mesas de trabajo” para escuchar las propuestas y opiniones de las mujeres que coincidan con sus principios y doctrinas, y llevarán ante el pleno las conclusiones que se obtengan en contra de la iniciativa del gobernador.

El coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, aseveró que el blanquiazul observa en la iniciativa una simple cortina de humo, misma que van a denunciar en todo el país. Pérez Cuevas definió el actuar del gobernador como un oportunismo político, una intención de desviar la atención y tratar de salvarse de toda la problemática de homicidios y secuestros que vive el estado. En entrevistas previas la diputada local, Julieta Fernández Márquez, se manifestó contra la despenalización del aborto. Dijo que “no se pueden trasladar las decisiones del Distrito Federal a Guerrero”, y advirtió del riesgo de que el aborto se convierta en un método anticonceptivo.

En Atoyac, las representantes de las organizaciones Red de Mujeres por el Derecho a la Salud, Colectivo de Mujeres Campesinas, Madres Solteras por Avance Social, Frente Ciudadano Atoyaquense, Organización Campesina de la Sierra y Comunidad Raíz Zubia, dijeron que estarían de acuerdo en una iniciativa de ley que permitiera la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Las organizaciones lamentaron que no se respete el Estado laico, ya que la iglesia sigue influyendo en la decisión de los gobernantes, comentó Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Dijeron que en la actualidad se ha documentado que la injerencia religiosa en las políticas públicas ha impactado en un retroceso en la salud sexual y reproductiva, principalmente de las mujeres.

Por su parte la iglesia católica del estado a través de un comunicado conjunto, los cuatro obispos de las diócesis de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Ciudad Altamirano, manifestaron su “preocupación” por esta iniciativa, debido a que se contrapone con el derecho a la vida de los no nacidos. El arzobispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Alejo Zavaleta Castro, quien estuvo acompañado de representantes de organizaciones laicas, se opuso terminantemente a dicha iniciativa y advirtió que se podría excomulgar al mandatario estatal por promover el aborto en el estado de Guerrero, y que buscarán acercarse a los diputados para pedirles que rechacen la iniciativa.

Actualmente la Secretaría de la Mujer (Semujer) de Guerrero llevará a cabo foros informativos para la sociedad del estado sobre la iniciativa de reforma y adiciones al Código Penal y la Ley de Salud sobre la despenalización del aborto, con lo que la votación se aplaza al término de dichos foros.

Ante este panorama nos encontramos con dos resultados posibles, que al lograrse la aprobación de la Ley, Guerrero se convierta en la primera entidad de México en respetar, vigilar y hacer posible que las mujeres tengan por primera vez servicios de calidad y completos en derechos sexuales y reproductivos, dejar de considerarlas como criminales ante una situación que a pesar de estar penalizada sigue y seguirá ocurriendo independientemente de las creencias religiosas y sobre todo preservar la vida de las mujeres pobres que son quienes siguen muriendo en un país donde carecemos de justicia social.

En caso de que no fuera aprobada estaríamos ante un panorama de retroceso en derechos de las mujeres y el estado laico, ya que a pesar de que existe la libertad de creencias en el país estas no deben trasladarse al momento de legislar porque se estaría imponiendo y privilegiando la visión moral de una sobre las otras, lo que no sucedería en el caso contrario al aprobarse la ley ya que está no obliga a nadie a abortar sino que amplia las posibilidades que las personas tienen para decidir sobre su sexualidad y reproducción.