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Trata de mujeres, desaparecidas y feminicidios en Puebla
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Oscar Castro y Miriam Vargas

La vida de miles de mujeres ha sido marcada por los acontecimientos de violencia que, no sólo a nivel nacional, sino mundial, se experimentan por el simple hecho de ser mujeres. La desaparición, captación, el traslado, secuestro y asesinatos de las mujeres son fenómenos que se han vuelto visibles con la desagregación de cifras que manejan las autoridades de los delitos denunciados en contra de las mujeres. Pero también, se ha registrado un incremento en la violencia contra las mujeres en los últimos decenios por la dinámica económica de nuestro país: por un lado las mujeres acceden cada vez más al mercado de trabajo y por el otro a la vida pública, descentrando el papel de los hombres en ambas actividades.

Las explicaciones de las desapariciones de las mujeres en grandes y pequeñas ciudades de nuestro país, así como en zonas rurales, responden cada vez menos a los patrones tradicionales que atribuyen la culpa a las mujeres por salirse de su casa o irse con el novio. El fenómeno de la captación, traslado y explotación sexual de las mujeres, conocida como trata, es cada vez más conocido, y frecuentemente tiene que ver con su desaparición. En la trata de mujeres existe un entramado social que se beneficia de esta explotación, conformado mayoritariamente por hombres, que enamoran, secuestran o coaccionan a las mujeres para trasladarlas a prostíbulos, bares, casas de masaje, antros y agencias de modelaje, para luego ejercer violencia física y psicológica y explotarlas sexualmente.

La desaparición de las mujeres de su vida familiar y de su entorno común, es vivido por las familias como una tragedia, y comienza para ellas un clavario de visitas a instituciones públicas y privadas para que localicen a sus familiares. La desaparición de inicio, suele tomarse como algo común para las autoridades y no se investiga, sino hasta después de cuarenta y ocho horas en las que los familiares tienen que confirmar su desaparición. Hasta hace apenas unos años se han creado fiscalías especializadas contra la violencia hacia las mujeres la trata de personas y para investigar los feminicidios. En éstos últimos se dan los casos de aparición de los cuerpos de las mujeres que fueron asesinadas por el simple hecho de serlo. Se presume que la aparición de mujeres asesinadas tiene un trasfondo de desaparición previa y búsqueda de sus familiares, y que en algunos de los casos este hecho está relacionado con la trata de personas.

En México, existe una ley federal y estatal contra la trata de personas que ha sido reformada dos veces desde 2007 y que no ha llegado a ser probada a cabalidad. La ley establece la necesidad de que se tipifique el delito, se creen fiscalías especializadas para perseguir a los tratantes y modelos de atención a las víctimas, tanto a nivel federal como en los estados. Sin embargo, las discusiones sobre la efectividad de las políticas públicas que se crean a partir de estas leyes han sido constantes y no en pocas veces motivo de intereses políticos. No obstante, la discusión pública ha contribuido a que se visibilice el problema y se sensibilice a la población para estar alerta y a los familiares de las víctimas para exigir la aparición con vida de sus familiares, la reparación del daño y la restitución de los derechos de las mujeres que han sido violentadas.

En México, se está discutiendo nuevamente una iniciativa de reforma a la Ley General para  Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas  y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. El Colectivo Contra la Trata de Personas (TDP) México, AC logró reunir a 34  fundaciones y asociaciones civiles independientes, además de las 40 que conforman el Colectivo, que demandaron una mesa de discusión por la falta de protocolos adecuados para identificar la trata de personas y la necesidad de abrir el diálogo con los actores directos para identificar los vacíos, vicios e imprecisiones que presenta la Ley que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión.

En Puebla, los legisladores locales  presentarán un anteproyecto para reformar la ley estatal en la materia y armonizarla con la legislación federal. Esta iniciativa endurece las penas contra los culpables de este delito, al eliminar la posibilidad de ser exonerados; y establece sanciones de hasta 45 años de cárcel.

Martha Erika Alonso de Moreno Valle, exhortó a las mujeres a no tener miedo y denunciar cualquier daño, reiterándoles que cuentan con el apoyo jurídico de las autoridades estatales: "Las invito a denunciar, es muy importante no tener miedo, les garantizo que cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado, que encabeza mi esposo, el Gobernador Rafael Moreno Valle, quien a través de la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, ha estado pendiente de que los delitos se paguen con cárcel, y se haga justicia", dijo.

Por su parte, la diputada Blanca Jiménez Sánchez se comprometió a crear leyes justas que defiendan los derechos de las mujeres y castiguen a los tratantes de personas, y Dinorah López de Gali, Presidenta del Sistema Municipal DIF de Puebla, remarcó la importancia de modificar las actitudes y concepción sobre la violencia, para convertirlas en un compromiso generacional, que se verán reflejadas en el futuro de la sociedad.

Por su parte algunas organizaciones civiles y académicas universitarias han denunciado la falta de protocolos para la localización de las mujeres desaparecidas. En Puebla, se habló de más de 3 mil mujeres reportadas como tales en el sexenio de Mario Marín e investigadoras del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana han reportado el aumento de la violencia de género. La Mtra. Lourdes Pérez, denunció que en el presente sexenio estatal a la fecha se han contabilizado 203 feminicidios en Puebla. Los motivos van desde un mal acuerdo en pareja, hasta asuntos de negocios donde el beneficiado es el tratante, violencia en el noviazgo, discriminación por motivos homofóbicos, o por la simple desaparición de jóvenes, niñas y mujeres adultas que por motivos de violencia, no son devueltas a su vida común.

Según el Observatorio de Derechos Sexuales y reproductivos, A. C. han ocurrido al menos 20 feminicidios en Puebla de enero a mayo de 2014. Según este organismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, sólo ha procesado seis casos desde 2012. La falta de claridad en la tipificación de los delitos en el Código Penal favorece esta ineficacia, ya que existe el crimen de odio por razones de género (numerales 323 y 330) y feminicidio (312 bis).

En los últimos meses se ha registrado, en Puebla y Tlaxcala, el cierre de espacios donde presuntamente se comete el delito de trata de personas. En el municipio de Acuamanala se aseguraron el 14 de marzo, dos moteles denominados “Rincón del Ángel” y “Sagitario”; y el 17 de marzo, fueron rescatadas 4 mujeres que eran explotadas sexualmente en diversos bares de la ciudad de Puebla, Izúcar de Matamoros y el Distrito Federal,  y se rescató a 2 menores explotadas en un bar de Tulcingo de Valle. La prensa registra que se estima que en 14 municipios poblanos se explota sexualmente a menores, y que 47% de las mujeres poblanas son víctimas del delito.

El 30 de enero Karla Lopez Albert fue llevada mediante engaños al salón de fiestas Katz, negocio familiar de su novio, Manuel Forcelledo Nader para poco después ser asesinada. Su cuerpo fue encontrado en la delegación Tláhuac del Distrito Federal y fue motivo de una investigación exhaustiva e incómoda por parte de la Procuraduría General del Estado de Puebla, por la posición de Televisa, a través de la conductora Laura Bozo, que difundió la tardía investigación de la procuraduría cuando se reportó su desaparición.

El pasado 20 de marzo Judith Cóatl Cuaya salió de su casa en Tlaxcalancingo, con Gerardo Juárez Sánchez, sin haber regresado a su casa. La mañana del viernes Gerardo se presentó en la casa de Judith para negar haber salido con ella y después desapareció. Los familiares de la víctima salieron a demandar y denunciar lo ocurrido, sin que a la fecha haya aparecido la muchacha. Algunos testimonios de la comunidad, reportan que el presunto responsable se encuentra prófugo y su familia es originaria de San Pablo del Monte, Tlaxcala, que ha dejado a ocho mujeres embarazadas y tiene antecedentes penales, por lo que se sospecha sea tratante.

Es imperativo que se armonicen las políticas de combate a la violencia de género, con las de búsqueda de personas desaparecidas, así como aquellas destinadas a la persecución del delito de trata de personas, pues en algunos de los casos la línea divisoria es muy tenue.