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Sábado 31 de mayo de 2014
Miguel Concha
Opinión

Pareciera que los congresos locales se han puesto de acuerdo para arremeter contra derechos elementales de los mexicanos. Sólo falta que el Congreso de la Unión caiga en la tentación de hacer lo mismo. Se desató una epidemia de legislaciones que restringen derechos relacionados con el espacio público y permiten el uso innecesario e irracional de la fuerza pública.

Los gobiernos que han incurrido en esta práctica están sordos frente a las demandas de la sociedad. En contradicción con un Estado democrático, establecen por adelantado legislaciones que criminalizan a las personas que se manifiestan. Vemos cómo las vías de la escucha, el diálogo y la negociación se diluyen en medio de un discurso dirigido a reprimir a toda persona o grupo que se organiza para exigir sus derechos. Un Estado con estas características no puede concebirse como democrático y garantista de los derechos humanos. Se revela en cambio como intransigente, intimidatorio y violento contra la ciudadanía.

Constituye una paradoja que gobiernos supuestamente comprometidos con la dignidad de las personas privilegien el uso de la fuerza frente a soluciones estructurales que exigen los ciudadanos. En el contexto de las protestas sociales, y a propósito de la actuación de los cuerpos policiacos, el Estado está obligado en todo momento a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Se confunden quienes en sus leyes argumentan la necesidad de proteger antes que nada a las instituciones políticas o económicas, con base en concepciones indefinidas y laxas, como conflicto, paz pública o actitudes violentas. Los gobiernos por el contrario deben velar en primer lugar por salvaguardar, frente a los cuerpos de seguridad, el derecho a la seguridad e integridad de las personas, pues estos últimos muchas veces, para causar un daño directo a los manifestantes, usan de manera innecesaria de la fuerza. También en la última década se han registrado actos de brutalidad policial y de uso irracional de la fuerza por los cuerpos de seguridad, que dirigen su acción hacia la población para provocar o causar miedo y afectaciones.

Desde los sucesos en San Salvador Atenco hasta los últimos ocurridos en San Bartolo Ameyalco se da cuenta de ello. Ante las demandas de la sociedad, los gobiernos deberían implementar mecanismos no violentos de resolución de conflictos. Sin embargo, al privilegiar el uso de la fuerza, dan un mensaje que obstaculiza de facto la posibilidad de hallar soluciones ajenas a la confrontación. Más aún, se confirma que les incomoda el disenso, y dejan entrever que no están capacitados para emplear otras formas, que no sea el uso de la fuerza pública contra la población. Desde hace años se ha discutido su reglamentación. En repetidas ocasiones las organizaciones sociales han denunciado la falta de una legislación apegada a los derechos humanos. Ahora, y frente a la cascada de leyes al respecto, vemos que los marcos propuestos abren ampliamente espacios para cometer violaciones contra los derechos de las personas, pues lejos de romper con el patrón sistemático del uso excesivo e irracional de la fuerza, esas legislaciones, como en el caso de las aprobadas en Puebla, Chiapas y Quintana Roo, lo continuarían. Tanto es así que respecto a esta última organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron el pasado 15 de mayo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que interponga una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser una ley que restringe derechos. Todas estas leyes, sin embargo, son una muestra paradigmática de legislación contraria a los derechos humanos. No sólo porque en su momento se pretendió legalizar el uso de armas de fuego, como en el caso de Puebla, sino porque tienen un objetivo claro: detener y disolver los actos de protesta social.

Estas leyes sin duda pretenden herir y quitar vida a la democracia en el país. La Organización de Naciones Unidas adoptó en 1990 los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, en los que se establecen criterios mínimos para emitir reglamentaciones al respecto. Instrumento internacional que deberían observar a detalle las legislaturas locales. En estos principios se establece de entrada que sólo en situación extrema y como último recurso pueden usarse armas letales. Reiteran además la exigencia de un uso racional, necesario y proporcional de la fuerza, que se obtiene observando algunos de los siguientes elementos: la implementación de la fuerza debe darse en el marco de la legalidad. Es decir, se requiere de un marco apegado al respeto de los derechos de las personas, y por ello es urgente que el instrumento normativo contenga los procesos y las debidas limitaciones en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad. Asimismo, debe establecerse la necesidad y la proporcionalidad con base en un análisis contextual de la situación que se presente.

Por ejemplo, no puede existir una generalización en las manifestaciones invocando actitudes violentas. Si alguna autoridad detectara algún hecho violento, tendría que actuar conforme y sólo respecto a ése, absteniéndose de impedir la manifestación en su conjunto. Y en todo momento las autoridades deben ceñirse a los principios de necesidad, legalidad, tiempo y razón de un operativo policial. Por tanto debe ser proporcional con los hechos que se presenten, preservando siempre la vida y la integridad física de las personas. El problema con las legislaciones de Chiapas y Puebla es que estructuralmente presentan deficiencias conceptuales sobre los supuestos en los que actúan los cuerpos de seguridad. Es reprobable que no existan criterios cerrados y restrictivos; por el contrario: son amplios, indeterminados y con la posibilidad de ser usados discrecionalmente. Pero, aunque los marcos regulatorios sean adecuados, si no existe un proceso de capacitación de los cuerpos de seguridad, que les proporcione herramientas con enfoque de no violencia y les permita transitar a una concepción diferente de la seguridad, donde lo que se proteja sean las personas, cualquier esfuerzo que se haga es en vano.