Header IDHIE
Más boletines...
Header Ibero  
Proyecto Integral Morelos y derechos humanos
« Regresar al boletín
 

Carmen Bravo

México, un país de muchas riquezas naturales y con una población de 120 millones de habitantes, en 2014, es el escenario de diversas reformas y al mismo tiempo de contradicciones profundas con los intereses del gobierno y el sentir de la población. El 25 de abril de 2012, el entonces candidato a Presidente de México de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, hizo el compromiso de concretar una reforma energética para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y la industria,[ ] reafirmado en su primer mensaje a la nación el 1 de diciembre de 2012.

}En 2013 se aprobaron diversas reformas en el país, una de ellas la reforma energética.  Más allá de los contenidos de la Reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad,  han operado durante años la instalación de gasoductos para la generación de energía en termoeléctricas, refinación y uso industrial y doméstico.  Gracias a esos gasoductos se ha garantizado la provisión de gas en el país. Para la instalación de los ductos, Pemex y la CFE, realizan grandes inversiones, en compra y expropiación de terrenos, contratación de servicios de ingeniería y estudios de impacto ambiental. En los años recientes se han registrado protestas por la forma en que se realizan estas actividades.

Fuertes protestas han surgido en contra del Proyecto Integral Morelos que abarca de Huesca Morelos,  al municipio de Tlaxco en Tlaxcala, pasando por Atlixco y otros municipios en Puebla, con una inversión total cercana a los 1,600 millones de dólares.

El proyecto se refiere a la construcción y puesta en operación de un gasoducto subterráneo de 30'' de diámetro (76.2 cm) de acero al carbón API-5LX70, con una longitud total de 160 km por 25 m de ancho del derecho de vía, la cual arroja una superficie total de 399 hectáreas, e irá enterrado a una profundidad de 1.20 m y cruzará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Dicho gasoducto se interconectará con el gasoducto de 48'' de diámetro denominado “Cempoala-Santa Ana” que forma parte del Sistema Nacional de Gasoductos de PEMEX, en la localidad de Magdalena Soltepec, en el Estado de Tlaxcala y concluirá en la Estación de Medición, Regulación y Control exterior de la Central de Ciclo Combinado Centro I, en el estado de Morelos. Así mismo habrá un punto de alimentación y conexión a un segundo gasoducto ya existente ubicado entre la frontera de Puebla y Tlaxcala denominado “Esperanza – Venta de Carpio”.

En Tlaxcala se tendrá una longitud 48 Km hasta llegar a Tlaxco. En Puebla alcanza una longitud de 89 Km. Y pasará por los municipios de Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Ocoyucan, Atlixco,  Atzitzihuacan, Huaquechula, Acteopan, Cohuecan, entre otros, en Morelos su longitud que alcanza es 23.490 Km, abarcando diversos municipios también.

Pobladores de los municipios afectados, han protestado ante este gasoducto, ya que afecta sus tierras y su salud, por lo que han realizado diversas marchas, manifestaciones y han exigido a los gobiernos municipales, estatales y el federal, que lo cancelen.

La Comisión Federal de electricidad dice que el Proyecto Integral Morelos es muy seguro, ya que es una tubería que va enterrada aproximadamente a dos metros, no afecta a las actividades diarias de la comunidad y cuenta con sistemas que lo protegen contra la oxidación de la tubería, evitando posibles fugas. Afirma que habrá señalizaciones cada 500 metros, para evitar golpes o daños accidentales, y recorridos periódicos y válvulas de cierre a lo largo de todo el gasoducto.

La CFE ha explicado que el gas natural que correrá por el ducto no es nocivo, es más ligero que el aire y no representa riesgo para los seres vivos, pues tiende a dispersarse en la atmósfera, de tal manera que en caso de una fuga, el gas viajaría a capas superiores del aire que no implicarían riesgo alguno de explosión, además de que al no ser soluble, no podría acumularse ni en el suelo ni en el agua, ni mucho menos se introduciría en los tubos de drenaje o canales de acuacultura. Dice que existen  estos gasoductos en grandes ciudades como Tokio, Londres, Nueva York, Los Ángeles, San Petersburgo, París, Moscú, Río de Janeiro, Berlín, Toronto, Chicago, Montreal,  Buenos Aires o Sao Paulo.

Recalca además, mucho los beneficios del gasoducto a nivel nacional, estatal y regional, pero en ningún momento platea el peligro que pudiese ocasionar y cómo se dialogará con los pobladores y campesinos para la obtenciones de las tierras. La CFE, hizo contrato con tres empresas privadas extranjeras: la italiana Bonatti y dos empresas españolas: Enagás y Elecnor, con las que concretó una alianza para la construcción y explotación de dicho gasoducto durante un plazo de 25 años. Su entrada en funcionamiento se dio a mediados de 2013. Enagás y Elecnor tendrán cada una 50 por ciento de la sociedad propietaria del gasoducto y ejercerán de forma conjunta funciones de ingeniería, construcción y operación. Las empresas para llevar a cabo el proyecto del gasoducto, han reprimido a los campesinos y les han tomado fotografías como un mecanismo de defensa de sus propios intereses.

Frente a este proyecto y la lucha de los pueblos por sus derechos han surgido diversos movimientos sociales y organizaciones comunitarias que han apoyado las manifestaciones de los afectados, y han sido quienes sigue dialogando y movilizándose, uno de ellos ha sido el Frente de Pueblos, en Defensa de la Tierra y el Agua.

Ante estas luchas y protestas, el gobierno del estado de Puebla ha perseguido a los opositores al gasoducto de diversas comunidades y municipios afectados, así como a estudiantes de la BUAP, al profesor de sociología de la BUAP Ricardo Pérez Avilez, y a Enedina Rosas,  Abraham Cordero  y a Juan Carlos Flores Solís, entre otros activistas. Este último, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT), fue detenido el 8 de abril y privado de su libertad momentos después de haber entregado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla una queja ante la creciente violación a los derechos humanos que se está observando en dicha región.

El gobierno estatal de Puebla, ha tomado como postura la represión y en este contexto de diversas manifestaciones sociales, ha implementado la llamada “Ley bala”, que regula y permite el uso de la fuerza y de armas por parte de los policías en las marchas, recientemente aprobada en el Congreso de Puebla, y que representa un intento para coartar el derecho constitucional a manifestarse.

Las comunidades afectadas dicen que en Puebla es necesario informar, consultar, tomar en cuenta a las comunidades y hacen un llamado al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, a privilegiar el diálogo, la sensibilidad, para que no se lastime a los pobladores y vuelva la tranquilidad a la zona poniente del estado para vivir con paz y dignidad. Por su parte, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organizaciones civiles, académicos, campesinos y activistas acusaron al gobierno de Rafael Moreno Valle de recurrir a la represión sistemática para desactivar la lucha social en el estado.

Es cuestionante que el gobierno federal y los gobiernos estatales, den luz verde a la realización del Proyecto Integral Morelos y a otros proyectos de muerte y explotación. Ante esto los mexicanos tenemos que aprender a cuestionar más a nuestros gobernantes y exigirles que cumplan con la misión de proteger  y velar por el bien de la población y recursos naturales, por eso debemos poner en tela de juicio el que en Puebla se haya  aprobado  la “Ley Bala”, la cual reprime a la población,  y no permite la libre expresión de la gente. Denota un mal  gobierno,  débil e incapaz de gobernar desde el diálogo, el consenso y la negociación, por lo que se vale de la fuerza y represión para sentir que tienen el control sobre las diversas situaciones y problemáticas que intenta hacerlas callar. Necesitamos verdaderos gobernantes que sepan dialogar, que tengan autoridad y no sean autoritarios, que velen por servir a la gente y no servirse de la gente y de sus propiedades,  en función de sus propios intereses.

No podemos vivir con un modelo capitalista de desarrollo, ni permitir que las empresas privadas y extranjeras sigan explotando nuestras tierras como en tiempos de la Colonia y sigan despojándonos de nuestros recursos y sobre todo la riqueza mayor que tenemos que es nuestra gente,  ni podemos dejar que sigan reprimiendo a la población que se opone a proyectos de muerte.