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En el olvido, transmigrantes en Puebla
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Guadalupe Cruz

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.

A pesar del incremento de migrantes en tránsito por Puebla rumbo a Estados Unidos, el gobierno del Estado carece de un marco legal que proteja los derechos de esta población.

De acuerdo con la delegación en Puebla del Instituto Nacional de Migración (INM), de 2013 al primer trimestre de 2014, fueron aseguradas mil 207 personas sin documentos de estancia legal en México. Provenían de Centroamérica, el Caribe, América del Sur y de Asia.

En 2013, los agentes migratorios aseguraron a 853 transmigrantes, de los cuales 422 eran de Guatemala, 284 de Honduras, 126 de El Salvador, el resto eran argentinos, ecuatorianos, de Nicaragua y de India.

En tanto, durante el primer trimestre de 2014, las personas detenidas en distintos municipios de Puebla sumaron 444, es decir casi la mitad de las registradas el año anterior.

En ese periodo aseguraron a 173 migrantes originarios de Honduras, 149 de Guatemala, 99 de El Salvador, 11 cubanos, y el resto provenía de Belice, Colombia, Nicaragua y de India.

En los últimos años, no sólo aumentó el tránsito de migrantes, también creció la violencia en su contra.

El año pasado, a través del Programa de Atención a Migrantes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE) realizó 411 intervenciones con esta población, las cuales consistieron en recepción de quejas, testimonios, orientaciones e información sobre sus derechos y deberes.

Esta situación también ha sido documentada por organizaciones civiles y albergues que brindan ayuda humanitaria a las personas transmigrantes.

El cura Gustavo Rodríguez Zarate, coordinador de la Pastoral de Migrantes en la Arquidiócesis de Puebla, señaló a medios de comunicación que durante el último año se recrudeció la violencia en contra de los centroamericanos que transitan por la entidad rumbo a Estados Unidos.

En el marco del “Víacrucis Migrante”, que consistió en un recorrido por varios estados del país realizado por más de 700 personas de Centroamérica, Rodríguez Zarate detalló que en Puebla los migrantes son más vulnerables, ya que en la entidad se cometen delitos graves como el tráfico de órganos y la trata de personas.

De acuerdo con el Colectivo por los Derechos de la Diáspora, los municipios con mayor incidencia de maltratos y agresiones contra personas transmigrantes son: Tehuacán, Tulcingo de Valle, Puebla y San Pedro Cholula.

Según los testimonios de migrantes, documentados por las organizaciones, estas personas suelen ser víctimas de extorsión, secuestro, y robo.

En tanto, la CDHE informó a medios de comunicación que “las agresiones en contra migrantes son diversas, pero las violaciones a derechos humanos pueden prevenirse por medio de la capacitación y difusión de sus derechos”.

Por lo que, firmó un convenio de colaboración con los 19 municipios que conforman el corredor migrante en Puebla: Acajete, Acatzingo, Altepexi, Amozoc de Mota, Chalchicomula de Sesma, Mazapiltepec de Juárez, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, Rafael Lara Grajales, San Gabriel Chilac, San Salvador Huixcolotla, Santiago Miahuatlan, Soltepec, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepeaca y Tlacotepec de Benito Juárez.

Dicha colaboración consistió en la capacitación de 156 servidores públicos y 400 personas, entre estudiantes, madres y padres de familia e integrantes de organizaciones civiles.

Para organizaciones sociales, como Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo Región Puebla, estas acciones son insuficientes para proteger los derechos humanos de las personas transmigrantes en el estado.

Iniciativa Ciudadana considera que es fundamental crear una Ley Integral de Migración que considere las necesidades de las personas migrantes en su tránsito por el estado, ya que un marco legal permitiría la elaboración de políticas públicas que aborden la problemática desde un enfoque de interculturalidad, derechos humanos y género.

Para lograrlo, se requiere voluntad política por parte del Congreso del Estado de Puebla. En la legislatura anterior, su trabajo se centró en la aprobación del voto de los poblanos en el exterior.

Según datos del Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes Puebla, en la actual legislatura, cuyas tareas comenzaron a finales de febrero pasado, la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso local, únicamente han emitido comentarios a favor de las personas transmigrantes, de manera informal en eventos públicos, pero hasta ahora no han presentado alguna iniciativa de ley a favor de esta población.

De acuerdo con las organizaciones, es importante que los legisladores se involucren en el tema para poder garantizar el ejercicio de garantías fundamentales a las personas transmigrantes, comenzando por el derecho al libre tránsito, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.