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Comunicado #LeyBala
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21 de julio de 2014. 

A la opinión pública:

El 19 de mayo del presente año se publicó en el periódico oficial del Gobierno del estado de Puebla, la "Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado"

El día miércoles 09 de junio, en protesta por el cambio en las disposiciones del Registro Civil, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, decidieron manifestarse pacíficamente sobre la autopista Puebla-Atlixco, situación que provocó un enfrentamiento con Policías Estatales que al desalojarlos utilizaron gas CN, granadas triple chaser, granadas han-ball y balas de goma de 12 milímetros, entre otros artefactos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), la noche de los acontecimientos los visitadores del organismo acompañados por un médico legista se presentaron en el hospital para conocer la situación e iniciar la queja (folio 2475), sobre una lesión que recibió el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo; y al respecto señalan: "la madre del menor describió la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que señaló a la Policía Estatal como la autoridad responsable de la agresión donde resultó lesionado su hijo".

Al analizar la mencionada ley hemos encontrado una serie de elementos que nos provocan inquietud, así como aspectos que constituyen vacíos legales y ambigüedades que favorecen la comisión de abusos y colocan en estado de indefensión a la ciudadanía.

Cabe mencionar que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y a favorecer la protección más amplia de los derechos.

Organizaciones de la sociedad civil nos pronunciamos por:

  1. Que se proceda penalmente contra la o las personas que agredieron al menor, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, y se deslinden responsabilidades de la cadena de mando.
  2. Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicien una investigación por la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.
  3. Exigimos un informe público de la Policía Estatal sobre la investigación de lo ocurrido en San Bernardino Chalchihuapan, las sanciones que de ella derivaron, así como las medidas de no repetición para evitar que vuelva a presentarse el abuso en uso de la fuerza policial.
  4. Respeto total a los derechos a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de expresión y manifestación en espacios públicos.
  5. El uso de la fuerza pública debe ser el último recurso del Estado para restablecer el orden contra una persona que sea sorprendida en flagrancia cometiendo algún delito violento que ponga en riesgo a terceros, no contra la manifestación; y conforme a principios de excepcionalidad, legalidad y proporcionalidad.
  6. Es urgente suprimir de todo acto, protocolo e instrumento legal de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, el uso de lanza granadas, proyectiles, municiones de gas, balas de goma o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, toda vez que atentan contra la integridad y además está probada su ineficacia.
  7. Es urgente que se implementen protocolos de actuación policial para evitar que la contención de grupos de manifestantes, se conviertan en batallas campales que en nada contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos.
  8. La abrogación de la "Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado", por una que se constituya de un modo tangencialmente distinto, es decir, cuya motivación sea el control y límite del uso de la fuerza por parte del Estado, no la generación de un ambiente intimidatorio que disuada la realización de manifestaciones. Una legislación en la que se refleje una discusión pública y social incluyente, en la que se eviten lo más posible las lagunas y los vacíos legales y en la que se respeten los derechos humanos y que se apegue a las convenciones internacionales de las que México es parte.
  9. La instauración de un mecanismo externo de supervisión que coadyuve con la institución policial a que ésta guarde un equilibrio entre sus responsabilidades y el uso efectivo de sus poderes, garantizando así el acotamiento de sus acciones discrecionales y una mejora en su desempeño.
  10. Es impostergable la profesionalización de la policía, mediante el establecimiento de estándares de actuación y el fortalecimiento de mecanismos de supervisión interna y civil. Además de capacitación sobre el uso racional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

LEER COMUNICADO COMPLETO 

Personas firmantes:

Abigail Gisela Martínez Miguel, Abiram Hernández Fernández, Aranzazú Ayala Martínez, Alejandra Corona Flores, Aldo Jiménez Calleja, Rafael G. Hernández García Cano, Carlos Mejía Reyes, Simón Hernández León, Christopher Eduardo Herrera Guerrero, Daniel Gershenson, Daniel Alejandro Valdés Amaro, Diego Enrique Hernández Gonzales, Guillermo Márquez Lezama, Lilia Vélez Iglesias, Oscar Desiderio Soto Badillo, Noé Agustín Castillo Alarcón, Marcela Ibarra Mateos, Maria Aurora Berlanga Álvarez, María Guadalupe Chavez Ortiz, Marcos Eduardo Villa Corrales, Mariana Sánchez López,  María Covadonga Cuétara Pride, Mely Arellano  Ayala, Mónica Mercedes del Valle Medina, Miriam Carrilo Ruiz, Misraim Hernández Fernández, Olga Matilde Palacios García, Ernesto Aroche Aguilar, Roberto Alonso, Iliana Galilea Cariño Cepeda, Juan Luis Hernández Avendaño, Jesús Alejandro Ortiz Cotte, Jesús Robles Maloof, Jaime Netzáhuatl Jiménez, Rebeca Maltos, Jorge Machuca Luna, José Manuel Rodoreda Artasanchez, Tamara Abigail Cervantes Villegas, Carlos Francisco Valverde Diaz de León, Cuauhtémoc Cruz, Hiram Reyes Cordero, Monica Tapia A., Roy Campos, Sergio Aguayo Quezada, Iván Bello García, Eduardo Martínez Rivera, Samantha Páez Guzmán, María Elena Morera, Rafael G. Hernández Gracía Cano, Vianeth Rojas Arenas, José Ayala Rodríguez, Kathia Elena Salinas Ponce, Dora Luz Sánchez Valencia, María Rosa Márquez Cabrera, Juan Luis García Hernández, Jorge Méndez Spinola, David Méndez Márquez, Dr. Carlos Figueroa Ibarra, Dra. Gloria Marroni, Dr. Octavio Moreno Velador, Leonardo Herrera, Rosalba Zambrano Velasco, Lorena Martínez Zavala, José Cervantes, Dr. Juan Carlos Gómez Leyton, Director Doctorado en Estudios Políticos y Sociales en América Latina, EPSAL, Universidad Central de Chile.

Organizaciones

Alternativas y Capacidades, A.C., Arena Ciudadana, A.C., ARTICLE 19, Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Bordados por la Paz, Puebla., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todas y Todos", A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Causa en Común, AC., The Hunger Project, México., Puebla Vigila, A.C., Proeducación, IAP, Red de Mujeres por la Libertad Reproductiva, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C ( INSYDE), Contingente Mx, Contingente Puebla, Mexico Unido Contra  la Delincuencia, México Infórmate, Mujeres y Punto, A.C., Nodo de Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales, A.C., AMPEE A.C. Fundación y Quién Habla Por Mí, A.C., Cohesión Comunitaria e Innovación Social, A.C. Gente Diversa De Baja California, A.C., Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), Universidad de la Tierra en Puebla, Colectivo Utopía Puebla, El Taller, A.C., Red Puebla de Periodistas.