Derechos Humanos / Anuario 2017

56 DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 seguridad pública por parte de militares, situación en la cual las autoridades civiles democráticamente electas quedarían relegadas a un segundo plano en el cual resultaría imposible que la ciudadanía pueda exigir rendición de cuentas y, por tanto, los abusos que cometan las fuerzas militares podrían ser cada vez más difíciles de esclarecer. Ningún Estado que busque constituirse como un régimen democrático y plural puede supeditar la seguridad pública a sus Fuerzas Armadas, eso es propio de un Estado de excepción y, por tanto, de un Estado Autoritario. Alternativas ¿Han sucedido otros casos como los de Tlatlaya y Tanhuato caracterizados por los excesos en el uso de la fuerza y el empleo de armamento propio de un con- flicto armado? La respuesta tiene altas posibilidades de resultar afirmativa, toda vez que se ha probado que fuerzas del Estado, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, han ocultado la ci- fra real de personas tanto señaladas de pertenecer a grupos delictivos, como civiles ajenos a los hechos, que perdieron la vida en incidentes violentos que involucran la participación de sus elementos desde el año 2012. Anulando el acceso a la información en casos que podrían poner en entredicho los supuestos avances en materia de Derechos Humanos que presume la institución, cuando realmente los esfuerzos de dicha institución se han orientado a perpetuar la impunidad de sus elementos (Sandoval F., 2016), sin embargo, estas acciones tan inefables conforman una muestra de prácticas comunes que debieran ser investigadas y sancionadas ante instancias judiciales civiles. Sobre las y los actores de la sociedad, quienes desde las Comisio- nes de Derechos Humanos, las OSC y las diferentes fuerzas políticas promueven y defienden los Derechos Humanos, recaen los retos que implican prácticas como el exceso en el uso de la fuerza por par- te de las fuerzas del Estado y su legalización con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior. Los retos que representa este escenario adverso, sin duda deben estar acompañados de una serie de alternativas que busquen en primera instancia reducir el índice de violaciones a los Derechos Humanos de las que constantemente se señalan a las Fuerzas Federales desplegadas en operaciones de seguridad pública, dichas alternativas podrían comenzar por: a) Verificar que el uso del armamento de las Fuerzas Armadas y Policía Federal sea de acuerdo con el propósito de preservar la vida y mi- nimizar los daños (Hikal, 2010), es decir, evitar el uso indiscriminado de armamento de alto impacto como las mencionadas ametralladoras Dillon Aero, cuando se cuenta con armamento más ligero y capaz de neutralizar a los grupos del crimen organizado sin cancelar las posi- bilidades de capturar a los señalados con vida, conforme a los protocolos de actuación policial que establecen la proporcionalidad ¿Qué implicaciones tiene la Ley de Seguridad Interior si agregamos que esta normalizaría el uso del armamento antes mencionado en tareas de seguridad pública? Sin duda la gradual toma del control de la seguridad pública por parte de militares.