Derechos Humanos / Anuario 2017

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 57 en el uso de la fuerza (Barrón, 2012). Por ejem- plo, emplear más sistemas como los FN Defender, que consisten en una ametralladora ligera calibre 5.56 sobre una torreta que se opera a control remoto desde el interior de vehículos blindados, dicho sistema es capaz de neutralizar amenazas con el mínimo uso de munición, garantiza la segu- ridad del operador y se ajusta a los principios de proporcionalidad. b) Exigir que se promueva dentro de las Fuerzas de Seguridad el uso de cámaras corporales con mecanismos de seguridad electrónicos que im- pidan la alteración del material recabado. c) Inspeccionar periódica e imprevistamente el armamento con el que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal realizan labores de seguridad pública con ayuda de especialistas en el área, de esta manera se podría evitar la pérdida ma- siva de vidas humanas por excesos como suce- dió en Tanhuato. d) Exigir a los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal dar cumplimiento a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (Sarre, 1992) y establecer una observación permanente cuyo objetivo sea verificar se cumpla con esa tarea. e) Promover el uso de medios no violentos para disuadir a los infractores de la ley de entregarse a las autoridades deponiendo las armas, ya que dichos mecanismos han sido desplazados por el uso excesivo de la fuerza, es necesario recuperar y capacitar a los elementos policiacos y militares en técnicas de disuasión verbal y dotarlos de herramientas suficientes como megáfonos y granadas aturdidoras no letales a las unidades que cumplen con tareas de seguridad pública. En países también azotados por la violencia, como Colombia, dichos métodos alternativos a la fuerza letal han empezado a funcionar. 6 f) Exigir al Estado mexicano una política frontal de combate al tráfico de armas, medios comi- sivos que favorecen el recrudecimiento de la violencia entre grupos del crimen organizado e 6 En Colombia se realizan perifoneos aéreos en helicópteros para motivar la desmovilización de integrantes de grupos guerrilleros y han mostrado resultados favorables, en México dicho mecanismo podría ser utilizado para disuadir a integrantes de grupos criminales de entregarse cuando se susciten enfrentamientos como el de Tanhuato, Michoacán; con dicho procedimiento de persuasión, se podrían salvaguardar vidas como alternativa al uso de la fuerza letal y, al mismo tiem- po, hacer valer el Estado de Derecho. impulsan de manera indirecta una agenda de seguridad con una apariencia cada vez más militar. Proposiciones finales Una tarea de incontables desafíos y semejantes di- mensiones demanda una corresponsabilidad entre las instituciones, en todos los niveles de Gobierno y, especialmente, con aquellas instituciones seña- ladas de normalizar las violaciones a los Derechos Humanos, principalmente cuando parece inminen- te la aprobación de una Ley que representa un grave retroceso en esa materia. Asimismo, existen ame- nazas que requieren de un frente común para ser superadas, como el tráfico de armas que ha pro- vocado la carrera armamentística entre el Estado y los grupos del crimen organizado, cuya solución no debe pensarse en función de quien o quienes poseen la mayor capacidad de fuego, en esa lógica unilateral sólo los fabricantes y traficantes de armas en el extranjero resultan beneficiados, mientras en México el conteo de víctimas se perpe- túa, es indispensable frenar o por lo menos disminuir el flujo de armas ilegales que incentiva de manera indirecta los excesos por parte del Estado. Debilitar las estructuras financieras de los gran- des cárteles del narcotráfico dentro y fuera del país golpearía directamente a las grandes y onerosas compras de armamento que estas organizacio- nes realizan en el extranjero. Al disminuir la cantidad de armamento que son capaces de adquirir, se verían obligados a replegarse, su poder de fuego mermaría y podrían ser contenidos por fuerzas policiacas sin necesidad de usar armamento pesa- do, así como prescindir del permanente apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales deberían regresar a sus cuarteles cuanto antes. Atacar el cáncer de la impunidad protegería tantas vidas como impediría que entren ingentes cantidades de armamento ilícito al país. Restituir a las víctimas de la violencia y juzgar a quienes al amparo de la opacidad institucional asesinan, desaparecen, torturan y negocian con los líderes del crimen organizado han sido en otras naciones, azotadas por la violencia, algunos de los primeros pasos a seguir para restaurar la confianza en las instituciones y en la impartición de justicia, es imprescindible transitar por esa senda para restaurar el tejido social.