Derechos Humanos / Anuario 2017

DERECHOS HUMANOS ANUARIO 2017 79 A partir de la estrategia federal de lucha contra el crimen organizado, se estima que 2% de la pobla- ción nacional, es decir, 1.7 millones de personas habrían sido obligadas a desplazarse durante el periodo 2006-2011, debido a la amenaza o riesgo de violencia. Esto representa a 330 000 personas por año (IDMC, 2016: 46). Quienes, a su vez, en- frentaban una situación de desigualdad ante la demás población no desplazada en cuestiones de acceso al mercado laboral, educación y vivienda digna (IMDC, 2016: 49). En el norte del país, en los estados fronterizos de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, se estima que fueron 420 000 las personas que abandonaron su hogar debido a la violencia en la región de 2005 a 2010 (Durin, 2013: 173). Además, Sinaloa, Coahuila, Durango, Veracruz, Oaxaca, Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero eran regiones abatidas por esta violencia (Gómez-Johnson, 2015: 202). Algunos de los factores que desencadenaron la violencia a partir de la estrategia de Calderón fueron: el uso de operativos conjuntos en los que parti- cipó el ejército, marina, policía federal y locales. En segundo lugar, el recrudecimiento de la lucha por el control de las rutas de distribución entre los cárteles, lo que desencadenó la fragmentación de las organizaciones criminales y derivó en grupos delictivos pequeños con divisiones internas, quie- nes continúan el combate por mantener/expandir sus influencias. Las actividades de estas peque- ñas células criminales se ampliaron a la extorsión, cobro de cuotas ilegales de piso, secuestros y distribución de drogas en el mercado local, lo que provocó una mayor cantidad de desplazamientos en la región norte del país (CMDPDH, 2014: 4). A raíz de esta situación, fue en 2010 cuando se comenzó a reconocer el desplazamiento interno como con- secuencia de la acción del narcotráfico en los estados del norte del país (Durin, 2012: 32), no a manos del Estado, sino de otros actores como académicos, organizaciones civiles nacionales e internacionales. “Los desplazados por la llamada ‘narcoviolencia’ en México son decenas de miles, sin embargo, aún no disponemos de cifras exactas al respecto” (Durin, 2013: 155), sino de estimaciones (poco o muy cercanas a la realidad). Desde la antropología, se han hecho algunos acercamientos numéricos al fenómeno mediante el monitoreo de las tasas de homicidio, las tasas de criminalidad estatales y del crecimiento de las tasas de viviendas desha- bitadas, además de un minucioso seguimiento de la prensa local, especialmente en zonas de alto impacto del narcotráfico como Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León (Durin, 2013: 155). Pero más allá de las cifras, ¿qué papel juega realmente el Estado en estos despla- zamientos forzados? ¿Cómo entenderlo desde la antropología y la antropología aplicada? Desde una perspectiva estructural, es necesa- rio entender el desplazamiento, ¿qué lo está origi- nando? A partir de la estrategia de la “guerra”, es posible establecer un breve análisis del discurso de seguridad por parte del Estado y el miedo de la población que devino en los desplazamientos. Desde la posición del gobierno de “seguridad”, “protección” y “defensa”, durante el enfrenta- miento contra el narcotráfico, se creó un “discurso público global del miedo” (Linke y Taana, 2009: 3), el cual legitimaba la acción militar y la violencia del Estado como medida de control sobre el territorio y la población. Durante el terror era válido el uso de violencia ante un “otro fantasmagórico” (Linke y Taana, 2009: 3): el narcotraficante y las poblaciones relacionadas conceptualmente a él, especialmente las poblaciones en el noroeste del país. Pues hasta antes de la “Guerra contra el narcotráfico”, en la zona había una paz relativa de la que for- maba parte el ejército. Sin embargo, a partir del conflicto el orden se rompió generando grandes episodios de violencia (Durin, 2013: 176). Por otra parte, explicando la relación de las redes transnacionales de narcotráfico que atraviesan por el norte del país y la violencia y desplazamientos generados a partir de éstas: In the contemporary world order […] the spaces and places where terror is enacted and where cultures of fear take form are nor disparate, self-contained politi- cal geographies. Transnational flows of capital, media, migration, soldiers, sex, and weapons connect local situations to global networks and global centers of power (Linke y Taana, 2009: 6). Tal como lo explican Linke y Taana, el flujo de capital “justificaba” la existencia de una guerra por el territorio, incluyendo sentimientos negativos como el miedo y el terror para gobernar a las poblaciones allí asentadas, militarizando los espacios (2009: 4-5) y “obligando” a los pobladores a cooperar con